El drama de la pandemia por COVID-19 es implacable y afecta social, política, económicamente, y por supuesto en el ámbito de la salud. Lleva unas 160000 muertes en todo el mundo.
Con diferentes “recetas” cada Estado ha enfrentado la situación. Algunos reaccionaron tarde, otros, muy temprano y con un enfoque más preventivo, como es el caso de Argentina.
Otros Jefes de Estado decidieron ignorar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y hoy cuentan de a miles los muertos por día.
También en el plano económico hubo diferentes enfoques. Algunos países hubo medidas «más» garantistas y en otros muy liberales. Sin embargo hay un punto en común que no difirió demasiado, en cuarentena y antes de la misma: la represión y el control social a la orden del día, y la situación sobre todo en las cárceles.
Que aún hoy, a pesar de todas las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, las cárceles siguen repletas de personas privadas de su libertad.
En Argentina ayer se conoció el primer caso de Covid-19 en una cárcel en Florencio Varela. La administración del penal informó que se aisló preventivamente a quienes compartían sala y a lxs agentes penitenciario que realizaron el traslado de la persona al hospital, donde se dializaba tres veces por semana, pero el hombre que resultó positivo era un paciente de riesgo tanto por su precondición como por la periodicidad de visitas al hospital y no estaba aislado. Su situación era difícil de evitar pero la prevención de quienes compartían sala debió existir. Según la información que brinda el Servicio Penitenciario, la persona no estaba aislada antes de dar positivo.
La escases de productos de higiene, la negativa a liberar presos, la discriminación a lxs presxs políticxs que no están siendo alcanzadxs por ninguna ley de excepción frente al coronavirus, las muertes, los reclamos, y un virus que se propaga aún más en contextos de encierro, y sin embargo la única medida que se tomó a rajatabla, sin discusión, fue incomunicar a lxs presxs de sus familiares y de sus abogadxs, esa medida se adoptó rápidamente cumpliendo con el protocolo de distanciamientos social en los casos relevados de las cárceles de varios países.
Colombia
Desde el 7 de abril, lxs presxs de todas las cárceles de Colombia, fueron iniciando una huelga de hambre indefinida, exigiendo que el gobierno tome medidas inmediatas ante el tratamiento inhumano que han recibido por la pandemia del COVID-19 que, ese día se cobró la primera vida por infección de coronavirus, pero que ya el pasado 21 de marzo había dejado un saldo de 23 muertos y más de 100 heridos en la Cárcel La Modelo de Colombia, en medio de una brutal represión desatada contra lxs presxs que pedían mejores condiciones sanitarias y libertad a las personas de riesgo. El hecho fue tapado por el estado colombiano como una operación exitosa contra un “intento de fuga”.
Dos días después desde la cárcel de mujeres del Buen Pastor de Bogotá emitieron un comunicado denunciando que no hubo allí tampoco intento de fuga y detallando que “el pasado 21 de marzo de 2020 en horas de la noche y luego de escuchar las noticias y de ver que no se toman medidas de prevención para la población carcelaria hicimos manifestar nuestras disconformidades para que nos escucharán mediante un cacerolazo. Todo venía de manera tranquila cuando de un momento a otro ingresaron guardias con agresiones verbales humillaciones y abusando del poder que tienen al punto de utilizar armas neumáticas contra algunas internas. (..) en sus cuerpos se podía observar los perdigones y balines, ellas no han sido llevadas. (..) al día siguiente de ser agredida (una de las internas) presentó fiebre pero no la atendieron, ni le dieron permiso de ir a sanidad, al contrario cuando bajó a recibir el desayuno. (..) El único interés que nos motivaba el 21 de marzo es el de velar por la integridad física y psicológica ya que nuestros derechos están siendo vulnerados en su totalidad. En ningún momento se han planeado fugaz, son medidas que hemos tomado ante la indiferencia del INPEC y del mismo gobierno nacional. Somos seres humanos no un número más que custodiar”.
El 15 de abril desde la Cárcel ERON de Picota se envió una carta dirigida al estado colombiano donde indican que se inicia una huelga de hambre indefinida en virtud de la “amenaza mortal de pandemia por esto planteamos las siguientes peticiones al gobierno nacional (..) solicitamos como medidas de prevención, protocolos de ingresos para vehículo, personal, insumos, transporte de alimentos y materiales, además la entrega de jabón desinfectante, gel, guantes, tapabocas a los internos, igualmente no ingresar internos nuevos a los patios ni hacer cambios de patio y traslados, atención médica adecuada para los internos que actualmente se encuentran enfermos con distintas afecciones de su salud, fueron algunas de las medidas solicitadas.
Otra denuncia que se efectuó fue el traslado compulsivo de presxs políticxs de los cuales no se avisó el traslado y en algunos casos aún se desconoce el destino carcelario al que fueron trasladadxs.
Colombia actualmente lleva 153 muertes y 2600 casos activos de COVID-19. No se conocen las cifras en las cárceles pero las denuncias de las organizaciones anticarcelarias hablan de un rápido esparcimiento del virus.
Irán
La República Islámica de Irán fue uno de los países más afectados en el mundo al comienzo de la pandemia, negó casos, y no tomó medidas adecuadas, cuando comenzaron a morir políticos de renombre, recién el tema tomó cierta relevancia.
Las cárceles en Irán y la violación de derechos humanos dentro y fuera de ésta, la pena de muerte, la pobreza y la represión son materia común en el país. En el contexto de la pandemia del Covid-19 no fue la excepción. La primera semana de abril miles de presxs en al menos ocho cárceles de todo el país organizaron protestas por temor a contraer coronavirus. Frente a los reclamos hubo brutales represiones, donde se usaron balas de plomo, dejando un saldo de al menos 35 personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad iraníes, según manifestó Amnistía Internacional.
Los familiares de un preso asesinado en la cárcel de Sepidar informaron a Amnistía Internacional, bajo condición de anonimato, que varios días después de las protestas, fueron llamados por un miembro de la fuerza policial e instados a recoger el cadáver de su ser querido. La policía afirmó que había muerto por una sobredosis de drogas, a pesar de que la familia insiste en que nunca había usado drogas. Las autoridades se han negado a proporcionar a la familia un certificado de defunción o cualquier otra confirmación por escrito de la causa de la muerte. Como el prisionero fallecido no tenía condiciones médicas preexistentes, su familia sospecha que murió como resultado de la inhalación de gases lacrimógenos durante la protesta.
Danial Zeinolabedini, que estaba en el corredor de la muerte por un hecho cometido cuando tenía menos de 18 años, murió bajo circunstancias sospechosas la semana de las protestas. Había participado en las protestas en la prisión de Mahabad, cuando fue enviado a la prisión de Mianboad en la misma provincia, el 30 de marzo. El joven llamó a su familia pidiendo ayuda pues los guardias de la prisión lo habían golpeado fuertemente. El 3 de abril, su familia recibió una llamada de las autoridades indicando que se había suicidad. Sin embargo, su familia afirma que su cuerpo estaba cubierto de hematomas y cortes. Amnistía Internacional ha revisado una fotografía del cuerpo de Danial Zeinolabedini y cree que muestra signos que son consistentes con la tortura.
Irán ya lleva 5000 muertos por Covid-19 y más de 20000 infectados.
Turquía
En medio de la pandemia de COVID-19 y una crisis sanitaria esperada en los centros de detención turcos, los co-relatores de PACE (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) para el monitoreo de Turquía, Thomas Hammarberg (Suecia, SOC) y John Howell (Reino Unido, CE/DA), han instado repetidamente a las autoridades turcas a garantizar que la liberación anticipada o condicional de prisioneros, sin discriminación. Y es que el parlameto turco sancionó una ley de Amnistía por Covid-19, que incluye posponer o flexibilizar las condenas, para permitir la liberación de unos 90 mil prisioneros, para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles, pero excluye a todxs lxs presxs políticxs y a quienes están en espera de juicio, que son más del 50% de las personas privadas de su libertad en las cárceles turcas.
Miles de personas encarceladas por razones políticas, como periodistas y personas encarceladas por su forma de pensar, co-alcaldxs elegidxs democráticamente, abogadxs, personas que postearon informes o notas en redes sociales, etc, están excluidos de la ley propuesta.
En una reciente conferencia de prensa la miembro ejecutiva del HDP Meral Danış Beştaş criticó la discriminatoria ley: «Mientras la muerte ya se está extendiendo, estamos discutiendo a quién se le debe dar la amnistía. El texto habla de una amnistía especial para los presos seleccionados. Los asesinos de Soma, Çorlu y Ermenek serán liberados, los funcionarios electos permanecerán en prisión. Los asesinos de las mujeres y los violadores también serán liberados sin condiciones previas. Los opositores como nosotros serán llamados terroristas y se los dejará morir».
Lxs prisionerxs de muchas cárceles, sobre todo de las regiones del Kurdistán turco en la parte oriental de Turquía, han transmitido una y otra vez en la pocas conversaciones telefónicas que se les ha permitido sobre la falta de insumos sanitarios, el hacinamiento de más de 20 personas por sala, la no liberación ni aislamiento de personas enfermas, no solo con enfermedades preexistentes sino con signos de coronavirus hoy: «No se proporcionan materiales de limpieza personal. No tenemos agua caliente o fría de forma regular. No se realiza ninguna desinfección en nuestros pabellones para prevenir el brote de coronavirus. No se proporcionan suficientes guantes y máscaras. El personal de los comedores no usa guantes ni máscaras. La comida no es saludable y se da en pequeñas cantidades”.
Además lxs presxs que protestaron por la situación en la Cárcel de Amed y que fueron brutalmente reprimidxs, los enviaron compulsivamente a otras unidades carcelarias, y hubo denuncias de tortura y golpizas salvajes durante los traslados.
La única medida que el gobierno de Turquía tomó rápidamente fue la de prohibir las visitas de familiares y abogadxs, incluso antes de implementar medidas fuera de los penales, la aislación con el exterior fue la primera y única medida real tomada.
Turquía tiene al menos 70000 casos positivos de Covid-19 y unos 1700 muertos pero muchas organizaciones de derechos humanos y parlamentarios denuncian que se están escondiendo las cifras reales de muertos, sobre todo en las regiones kurdas donde la ayuda se entrega a discreción de afinidad con el partido gobernante y donde se encuentran las cárceles más superpobladas del país.
***
Estos son algunxs escenarios en el mundo de lo que sucede dentro de las cárceles, países diferentes cultural, política y económicamente, sin embargo el desprecio por la vida de las personas privadas de su libertad en este contexto de pandemia mundial se repite, como se irá analizando en las siguientes entregas de este informe.
Segunda Parte del informe:
Mucho Palo Noticias 