La justicia de la mano con las fuerzas represivas

Hoy y mañana miércoles continuará el juicio en la Sala 5ta de los Tribunales Penales de Córdoba contra el policía sargento ayudante Armando Martin Murúa, por el asesinato del niño Lucas Rudzicz (13), acontecido el 22 de Diciembre de 2016, en un descampado ubicado detrás de la Parroquia en barrio Muller, que dirige el mediático cura Mariano Oberlin.

Aquel día Lucas fue con David Luna y en instancias del robo de una bordeadora y un celular al cura, recibió un balazo en la nuca mientras ambos se daban a la fuga. Lucas no tenía arma, y la que apareció en el lugar estaba sin balas.

La imputación inicial contra Murúa, que fuera designado custodio del cura por el Secretario de Seguridad del Gobierno provincial, Diego Hak para proteger al cura por sus denuncias contra narcotraficantes, fue la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía, pero luego el Estado la atenuó por la figura de “exceso en el ejercicio legítimo de su cargo”.


El abogado de la familia Rudzicz, Carlos Orzaocoa, intenta demostrar que el policía Murúa, fue autor de una de la prácticas más nefastas y comunes entre la fuerza: el desprecio por el valor vida. Esto es la desaprehensión en la intervención ofensiva para repeler acciones delictivas que terminan con la muerte de jóvenes y niños.
Los familiares piden que Murúa pague por lo que hizo, piden honestidad y un juicio justo, algo que aquel policía decidió privarle a Lucas. “Martin Murúa se convirtió en juez y dios de mi hermano, lo que hizo fue matarlo a quemarropa”, sostuvo Vanesa, la hermana de Lucas.

En la misma línea del planteo en los medios, el abogado defensor Carlos Hairabedian, utiliza la estrategia de mostrar que Murúa no estaba en función de policía al momento del hecho, y que más que un custodio privado es un amigo y colaborador de la obra de Oberlin, olvidando que los policías son policías siempre, en lo que a sus funciones respecta. Además lo presentó como un ser bondadoso, que disparó en un descampado lleno de malezas y desniveles y que por un hecho fortuito -a pesar de tener una experiencia de 18 años en el uso de armas de fuego- le atinó justo detrás de la cabeza y lo mató, casi por casualidad, en el relato del defensor.

No se explica porqué, si cuando interviene en la escena Murúa Lucas ya se encontraba en plena retirada y el cura fuera de toda línea de fuego, no hizo todos los disparos al aire. Nunca hubiera podido acertar al cuerpo sin necesariamente apuntar a Lucas.

Por otra parte, los testimonios del cura Oberlin sobre la participación de Murua fueron contradictorios.

Lo cierto es que Murúa al momento del hecho era sargento ayudante, y uniformado o no, usó el arma, violó todos los protocolos que regulan su uso y era plenamente consciente de sus actos y al disparar despreció la vida, pudiendo prever y por supuesto evitar un resultado fatídico, que terminó con la vida de un niño de 13 años: Lucas Rudzicz.

El abogado Hairabedian dijo hoy en los medios que en realidad aquel día hubo tres muertos: Lucas, el cura Oberlin y el policía, en relación al trauma que les quedó a estos últimos luego del hecho. El único que falta acá porque le arrebataron la vida temprana, es Lucas.


Como pasa siempre, el informe de la policía fue suficiente “verdad” para no dictarle la prisión preventiva. Lxs vecinxs, que fueron quienes señalaron a Murúa, hoy tienen miedo y no quieren dar su testimonio en el juicio. Los medios hegemónicos de Córdoba, que reciben cuantiosas sumas por pauta estatal y cuyos corresponsales cuentan chistes en la sala frente a lxs familiares, muestran sólo una parte del relato, siendo funcionales a un show que pretende invisibilizar el fracaso en las políticas de inclusión. La posibilidad de “redimirse” para quien se equivoca nunca puede ser coartada por una bala, y aún desde el punto de vista más legalista, cualquier persona del derecho sabe que “lxs niñxs siempre son recuperables”.

*(Resolución A/RES/61/146, de 19 de Diciembre de 2006 (RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO), por la que se alienta a los Estados a promover acciones para lograr la reintegración social de los niños en situaciones difíciles, considerando, entre otras, las opiniones, aptitudes y capacidades que esos niños hayan desarrollado en las condiciones en que les tocó vivir, y cuando proceda, su participación significativa). Lucas tenía apenas 13 años y su asesinato por parte de un policía armado con balas de plomo es lo que se está juzgando, aunque las defensa y el accionar judicial parecen demostrar lo contrario.

El juicio será muy breve y continuará el miércoles donde se puede esperar incluso que dicten alguna resolución. Familiares, amigxs, organizaciones territoriales y sociales, acompañarán pidiendo justicia desde las calles frente a lo que suceda en la sala 5ta de los Tribunales Penales de Córdoba, que se encuentran en la calle Fructuoso Rivera 720.

 

Fotos: gentileza La tinta

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