El abogado dijo que el Estado tiene la obligación de investigar qué paso con Facundo. La causa se encuentra en el TSJ. Anticipó que de ser necesario recurrirá a la justicia supranacional. Viviana Alegre, con el apoyo de Sonia Torres, presentará, el jueves 25, un pedido de audiencia con el gobernador Juan Schiaretti. El joven desaparecido cuatro años atrás fue recordado en una Radio Abierta.
Por Katy García – PrensaRed
El viernes 19 de febrero se cumplieron cuatro años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Familiares, amigos, colectivos políticos y de derechos humanos montaron una Radio Abierta en la Plaza del Fundador. Los periodistas Tito Guzmán (FM Sur) y José Fernández (Zumba la Turba) estuvieron a cargo de la conducción. Pasaron por la mesa: Viviana Alegre, la madre del Rubio y Claudio Orosz, abogado de la familia y querellante de Familiares e H.I.J.O.S en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizan en Córdoba. También lo hicieron familiares de Sergio Ávalos y Yamila Cuello.

El abogado explica aspectos de la causa
El abogado le dijo a este medio que luego del juicio oral y público la causa se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya que la defensa de los acusados -los hermanos Pablo Rearte (condenado) y Kevin Luci (libre por ser menor de edad en el momento del crimen)-, interpuso un recurso de casación que incluso sostiene los argumentos de la querella. (N de la R: La parte citada pidió la absolución de los imputados por considerar que son “perejiles”).
“Luego de tramitar este juicio, tuvimos la certeza de que el crimen no había sido cometido tal como se venía diciendo en la acusación y claramente quedó demostrado. Por ejemplo: había una mención de que el cadáver habría sido trasladado por un móvil policial de la seccional quinta y no se investigó”, destacó.
Nuevo juicio
Y agregó que “una serie de cuestiones nos llevan a tener la necesidad de (pedir) que esta causa sea nuevamente tramitada. Nos parece que así como se absolvió a un perejil (Aldo Monje, acusado de encubrimiento) que prácticamente no sabía ni hablar, ni marcar un número de teléfono, y, sin embargo, se sigue diciendo que el cadáver fue cremado, el accionar de la justicia demuestra que no tiene esa confianza porque cuando aparecieron los restos óseos en el cementerio San Vicente rápidamente se intentó ver si pertenecían o no a Facundo. Lo cual demuestra que esa hipótesis de ninguna manera está probada”, razonó.
En esa línea cuestionó el testimonio clave de la fiscalía, esto es, de la llamada “testigo estrella” luego señalada como informante de la policía. También citó la diferencia horaria entre la ocurrencia del asesinato en barrio Maldonado y el GPS del colectivo donde viajó la víctima hasta el lugar donde supuestamente mantuvo una discusión con los imputados y que la testigo casualmente vio y escuchó cómo se desencadenaron los hechos.
En otro orden manifestó que “si fuera cierto que el cadáver del joven hubiera sido cremado quienes manejaban la llave de los hornos eran policías”. Nada de eso quedó claro para la querella tal como lo consignó durante el alegato.
En resumen resaltó que las contradicciones eran enormes y comparó el caso con otro que le tocó defender cuando Sonia Torres fue víctima de un delito supuestamente común y rápidamente apresaron a tres perejiles que terminaron absueltos.
“Estoy convencido que los condenados son perejiles”, afirmó.
La hipótesis policial
Más adelante aclaró que si bien no había que descartar la línea de investigación planteada “es obvio que la mano de la policía está presente por lo menos en el tramo del encubrimiento. No e s posible tener un cadáver en un placar durante muchos meses”, dilucidó, y argumentó que es mucho más difícil entrar a un lugar, cremar un cadáver, cuando los hornos no funcionaban en ese momento.
El letrado señaló que es obligación del estado averiguar qué pasó. Recordó que” la sociedad le paga fortunas a los funcionarios judiciales y policiales para que hagan lo que tienen que hacer. Hoy por hoy Facundo no está. Ellos tienen que decirnos donde está”, reclamó.
Desde lo legal recordó que “el juicio no está terminado” y que actualmente la sentencia se encuentra en manos de la justicia de Córdoba. No obstante dejó entrever que no cree que el TSJ tenga la voluntad de investigar porque “es funcional a los poderes” establecidos. Advirtió que si tienen que recurrir a instancias internacionales no dudarán en hacerlo.
“Tenemos un gran signo de pregunta y fundamentalmente no tenemos el cuerpo. Es necesario que el Estado, por los compromisos internacionales, por lo que dicen la constitución nacional y provincial, ponga todo el esfuerzo para esclarecer este hecho”, sostuvo.
Control social
El abogado de derechos humanos cuestionó el sistema de control social vigente. Opinó que “Claramente estamos ante una situación de retroceso”, valoró, en relación al llamado protocolo que criminaliza la protesta social.
En esa dirección subrayó que “el caso de Facundo no fue aislado”. Y que el remedio para estas arbitrariedades estaba en el ejercicio de los derechos. “La sociedad se debe poner de pie”, instó, porque sobran leyes que garantizan derechos. “Somos fáciles para adherir a un montón de derechos pero al momento de ejercerlos, cada día está más claro que hay ciudadanos de primera y de segunda”, consideró.
Y acotó que “Los sectores populares, progresistas y comprometidos deberían darse cuenta que la situación se agrava cada vez más” y que había que “Fortalecer las redes de protección social, de denuncias, para proteger a nuestra sociedad”.
Petición de la madre

Viviana Alegre responde a las preguntas de los periodistas
Viviana dijo ante los micrófonos de la radio abierta que “la desaparición de un miembro de la familia genera un combo psicológico, físico, familiar, laboral. De ser una familia común de un día para el otro cambia todo”. Agradeció la paciencia de su abogado y el apoyo que le brinda desde 2012.
Recordó los años de lucha que la llevaron a relacionarse con otras familias que sufren la misma problemática en distintos lugares del país. Leyó el texto del pedido formal de audiencia que presentará el jueves 25, en la secretaría de la gobernación. En la misiva le cuenta quién fue su hijo y cómo viven su ausencia los familiares.
Reiteró que por acción u omisión la policía provincial está involucrada y mantuvo sus dichos respecto a que hubo “una bajada de línea” del gobierno de José Manuel de la Sota. También trajo a colación la participación de un músico de la banda de Damián Córdoba y de integrantes de la guardia privada del grupo.
“El juicio no fue suficiente”, afirmó y mantiene una luz de esperanza porque la sentencia aún no está firme.
Solidaridades

Mercedes y Soledad explican la dolorosa situación que viven
Estuvieron presentes además miembros de la Coordinadora de Familiares y Víctimas del Gatillo Fácil y de la Coordinadora por la Aparición con Vida de Yamila Cuello desaparecida seis años atrás. Mercedes Avalos, hermana de Sergio Avalos, desaparecido hace 11 años en Neuquén, explicó el derrotero de una causa que nunca llega a juicio por obstrucciones de un poder político -el movimiento Popular Neuqino- que “lleva más de 50 años gobernando”. La causa está caratulada como “desaparición forzada” y pasó al fuero federal. Dijo que la lucha continúa pese a los mensajes de impunidad que reciben a diario.
Por su parte, Soledad Cuello, hermana de Yamila, expresó que “somos víctimas del estado tanto nosotros como el familiar que nos falta”. Luego actualizó la marcha de la investigación de la joven que se retiró de su hogar seis años atrás y nunca más se supo. Apesadumbrada, contó que en diciembre pasado acercaron nuevos datos ante la justicia federal para que sean indagados.
Ambas mujeres manifestaron su solidaridad con Viviana y su voluntad de seguir en la búsqueda de justicia en estos y en todos los casos existentes.

La plaza congregó a muchas persoanas y grupos solidarios
Durante el encuentro se leyeron numerosas adhesiones de organizaciones del campo popular. Asistieron los legisladores Liliana Olivero (FIT) y Andrés Guzmán (Movimiento Evita), militantes del Partido Obrero, MST, y de agrupaciones del Frente para la Victoria como Nuevo Encuentro y la Cámpora, integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC y colectivos estudiantiles secundarios y universitarios.
Fotografía: Indymedia, Nuevo Encuenrtro, la Poderosa