Se presentaron alrededor de 400 pedidos de domiciliaria en Córdoba por riesgo de Covid-19 y, pese a que en otras provincias se ha dado cauce a miles de pedidos, aquí fueron rechazados. Uno de los argumentos es que “no hay información oficial sobre circulación de COVID-19 en el ámbito carcelario”. La premisa de la prevención que es el único –por ahora-, método eficaz contra la pandemia no fue tenida en cuenta por la justicia.
Hace algunas semanas abogadxs de derechos humanos de Córdoba presentaron un Habeas Corpus por la situación carcelaria en el contexto de pandemia. Si bien el recurso no fue rechazado, enumeró las medidas que se habían tomado hasta la fecha y sólo se limitó a dar una serie de recomendaciones.
La situación en las cárceles de Córdoba y el país es conocida, y lejos está de cumplir estándares humanitarios sanitarios, etc, razón por la cual cientxs de presxs están reclamando y muchxs de ellxs en huelga de hambre, una situación que se repite hace varios años. Con el advenimiento del Covid-19, y siendo la población carcelaria una de las más vulnerables, los reclamos se profundizaron. La respuesta en general fue la represión, que incluso ya dejó alrededor de 9 muertes.
En contados casos la prisión domiciliaria fue autorizada. Sin embargo muchos genocidas, condenados por delitos de lesa humanidad, recibieron al inicio de la cuarentena la autorización de prisión domiciliaria. Pero para el resto, recién ahora –a 40 días de cuarentena obligatoria- después de reclamos, huelgas de hambre, motines, etc., se empezaron a cursar la liberación de personas que estaban por cumplir su condena, que están en prisión preventiva a la espera de juicio por delitos menores no violentos, personas con factores de riesgo, mujeres embarazadas o con hijxs encarceladas. Sin embargo en Córdoba esto no está sucediendo.
El fiscal cordobés Marcelo Hidalgo, indicó que de los cerca de 400 pedidos “sólo se aprobaron dos o tres”.
“En conclusión, sin perjuicio de que la contingencia de la pandemia actual es dinámica y cambiante a diario, al momento no se han aportado al caso elementos de convicción que permitan deducir un riesgo inminente o grave para la salud del interno en cuestión, por lo que la pretensión deducida debe ser rechazada”, se lee en la resolución que negó los pedidos. La justicia de Córdoba parece que prefiere esperar que empiecen los contagios de Covid-19, y las muertes dentro de las cárceles como “prueba” suficiente del contexto mundial que se está viviendo.
“No queremos morir en la cárcel”
En la cárcel de Cruz del Eje las personas privadas se su libertad comenzaron ayer una huelga de brazos caídos. Esto implica no ir a los lugares de trabajo, de manera pacífica según ellxs mismxs indicaron en un comunicado, hasta tanto las autoridades no den respuesta de porqué la justicia de Córdoba no está tomando la medida que el propio presidente Alberto Fernández manifestó.
El pedido realizado consta de los siguientes puntos:
1-Se le de la libertad domiciliaria a personas con patologías crónicas preexistentes, a los mayores de 60 años, y a las personas detenidas con menores de tres años.
2-Se cumplan los tiempos de forma legal de la fecha libertad condicional y asistida, que hoy no se están cumpliendo.
3-Pedir la conmutación de penas de más de 10 años, con el 25% como se realizó en Devoto.
“No estamos haciendo un motín, estamos pidiendo esto en paz porque no queremos que maten a nadie, que nadie muera”, declararon en el pedido y agregaron que quieren igualdad ante la ley, ya que en otras provincias se han liberado “alrededor de 2835 personas y en Córdoba unas 2000 personas enfermas no están siendo enviadas a prisión domiciliaria”.
«La justicia para ser justicia debe ser igual para todos”, pidieron lxs presxs de la Cárcel de Cruz del Eje y agregaron: «Estamos aquí porque hemos cometido errores, pero esto es una situación extrema. Ni nosotros ni los penitenciarios nos merecemos morir en la cárcel, y sabemos que si entra el virus a la cárcel va a ser una matanza».