Hace algunos días presentamos desde Mucho Palo Noticias la primer parte de este informe sobre la situación carcelaria en el mundo, en un contexto de la pandemia por Covid-19. Los reclamos para que se tomen medidas para prevenir el coronavirus, y la represión siempre como respuesta a estos legítimos pedidos de las personas privadas de su libertad en Argentina: sólo esta semana, se produjeron dos muertes a manos de las fuerzas de seguridad del estado.
En total 7 personas han muerto víctimas de la represión ejercida para “controlar” los reclamos de lxs presxs por mejores condiciones sanitarias frente al coronavirus. Pedidos que se enmarcan en las recomendaciones de la OMS a nivel mundial. Nada mas ni nada menos que el respeto por la vida humana. Mata más la respuesta represiva del estado que el propio virus.
A continuación un mapeo de la situación en varios países del mundo:
Grecia
Grecia es la puerta de acceso a Europa desde regiones como Siria -que está en constante conflicto armamentista y donde la gente que vive en esos territorios, invadidos principalmente por Turquía, y anteriormente bajo el terror del ISIS, huye cotidianamente-. Algunxs se convierten en desplazados internos, pero varios millones se van a otros países. En Grecia hay campamentos superpoblados, con escaso acceso a servicios básicos. Son los lugares de residencia de lxs que piden asilo. Human Watch Right realizó un informe hace una semana, donde reclamó a las autoridades griegas por una particular situación: lxs niñxs migrantes sin adultos a cargo.
Human Rights Watch solicitó en el informe al primer ministro Kyriakos Mitsotakis que libere a cientos de niños migrantes no acompañados, detenidos en celdas policiales antihigiénicas, y centros de detención en Grecia.
«Mantener a los niños encerrados en celdas policiales sucias siempre estuvo mal, pero ahora también los expone al riesgo de infección por COVID-19», indicó Eva Cosse, investigadora de Human Rights Watch en Grecia, y agregó que «El gobierno griego tiene el deber de poner fin a esta práctica abusiva y asegurarse de que estos niños vulnerables reciban la atención y protección que necesitan».
Según el Centro Nacional de Solidaridad Social, un organismo gubernamental, al 31 de marzo, 331 niñxs estaban bajo custodia policial en espera de ser trasladados a un refugio: El número sufrió un fuerte aumento desde enero, el número hace 90 días ascendía a 180 niñxs no acompañados tras las rejas. El crecimiento se debe -entre otras causas- a una maniobra macabra del gobierno de Turquía que, enojado con sus socios de la OTAN porque no lo “defendieron” de un ataque en Idlib, al norte de Siria, decidió usar de moneda de cambio a los refugiados, una vez más. Amenazó a Europa con “mandarles refugiados y abrir las fronteras”. Y así lo hizo, el propio gobierno -en plena comienzo de pandemia- depositó a miles de refugiados en la entrada de la frontera griega.
La investigación de Human Rights Watch ha documentado que lxs niñxs enfrentan una detención arbitraria y prolongada, y un trato abusivo en condiciones insalubres y degradantes, incluida la detención con adultos y abuso policial.
No es la primera vez que Grecia es señalado por este asunto: en 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló dos veces en contra de la práctica abusiva de Grecia de detener a niñxs no acompañadxs, al considerar que su detención violaba su derecho a la libertad y que las condiciones los exponían a un trato degradante. Ahora esxs niñxs están sujestxs a una doble exposición, la pandemia, y la continuidad de prácticas represivas y opresivas hacia sus cuerpos.
Grecia entre otras medidas de “prevención” contra el Covind-19, bloqueo los campamentos de refugiados y lugares de detención de migrantes, profundizando el hacinamiento y el no acceso a medidas de higiene y salud necesarias para que enfrentar el coronavirus.
Grecia tiene actualmente 2408 infectadxs y alrededor de 121 fallecidxs.
Estados Unidos
Debido a la irresponsabilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump frente al Covid-19, hoy es el país en el mundo con mayor número de personas infectadas, y con el mayor número de muertos. La situación de las personas privadas de su libertad no es la excepción en EEUU.
Así como no se tomaron medidas de prevención en las calles, tampoco se hizo en las cárceles, donde la superpoblación y las condiciones básicas de cuidado no son las mejores, ni aún siendo «del primer mundo».
El 28 de marzo se conoció la primer muerte por Covid-19 en una cárcel estadounidense. Se trató de un joven de 27 años, quien llevaba media condena cumplida por un delito menor no violento, y que debería haber sido liberado preventivamente, pero eso no sucedió. El crecimiento de contagios fue exponencial, en dos semanas pasaron de un caso a 174, la tasa de crecimiento era mayor a la de la población fuera de la cárcel.
A pesar de que ha hubo dictámenes sobre la liberación de presxs, fiscales generales -potestados para tal fin-, no lo están haciendo.
James Johnson -quien se encuentra actualmente detenido en la prisión Isla de Rikers, en Nueva York-, tiene 41 años y está enfermo con Covid-19. Debido a que Johnson está detenido en espera de un juicio, no fue “elegible” para ninguna de las liberaciones otorgadas por el gobernador Andrew Cuomo. Johnson tiene 8 hijxs, sufre de asma crónica y relató a un medio las duras condiciones que se están viviendo. relató además cómo la administración de la cárcel intentó cubrir los primeros casos, hasta que fue demasiado tarde: “fue como un efecto dominó. En este momento tenemos al menos 13 hombres con los mismos síntomas o síntomas similares, incluido yo mismo”. También denunció que no les están brindando cuidados médicos esenciales, ni los están aislando.
Estados Unidos ya lleva al menos 850000 personas infectadas de coronavirus y alrededor de 47.349 muertes.
Chile
La situación en las cárceles de Chile es sumamente compleja en este contexto de Covid-19. El número de infectados y muertos en todo el país está en un nivel aún dentro de las proyecciones, pero la situación carcelaria no está corriendo igual suerte y hace más de un mes que se viene denunciando la situación. Falta de higiene, falta de cuidados de salud, imposibilidad de distanciamiento social y la no otorgación de prisión domiciliaria a personas de riesgo son los reclamos de lxs presxs.
En los últimos días la situación colapsó cuando el domingo un grupo de presxs del Complejo Penitenciario de Puente Alto realizaron un motín para denunciar las condiciones en las que se encontraban en medio de la pandemia. A los gritos desde las ventanas del edificio pedían que se tomaran medidas y que el foco de contagio estaba allí, aseguraban.
A raíz de la intermediación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), que se presentó en la cárcel de Santiago el mismo domingo y dialogó durante horas con las personas privadas de su libertad, se realizaron testeos masivos. El lunes la peor noticia se conoció: al menos 149 infectados por COVID-19, 68 presxs y 81 gendarmes.
El propio el director del INDH, Sergio Micco, denunció que las condiciones en la cárcel para atender a enfermxs por coronavirus eran insuficientes y que en la inspección encontraron que el penal sólo tiene una enfermera y tres paramédicos para atender tanto a presxs como al personal de seguridad infectado.
Beatriz Contreras, jefa metropolitana del INDH indicó que es preocupante que no haya unx medicx para tratar a lxs enfermxs en el penal, y que sólo haya una enfermera que se encarga de todo, si se toma en cuenta la cantidad de personas alojadas allí.
Cabe destacar que a raíz de los reclamos de lxs presxs, gendarmería dio inicio a un testeo masivo de sus guardias pues el número más alto de infectadxs sucedió entre lxs propixs guardias. Hubo reclamxs de que tampoco están recibiendo ningún tipo de respuesta frente al Covid-19.
En las últimas horas las personas privadas de su libertad en la cárcel de Santiago Complejo Penitenciario de Puente Alto, Torre 1, tomaron la torre reclamando que, a pesar de lo sucedido, no habían recibido aún ninguna respuesta oficial.
Chile tiene alrededor de 10000 infectados y unas 150 muertes por coronavirus.
Estado Español
El Estado Español es uno de los países que también está más afectado en el mundo por el Covid-19 y la situación en los contextos de encierro no ha sido la excepción. Debido a esto el 8 de abril distintas organizaciones sociales denunciaron que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) “aún no esté actuando dentro de las prisiones conforme a los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa” y agregaron que “la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte de la SGIP, como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo”.
Por otra parte, detalla la declaración, el Defensor del Pueblo Español (DPE) emitió un comunicado en el que recomendaba al Ministerio del Interior “llevar a cabo una evaluación permanente de las medidas adoptadas hasta el momento y su modulación” en relación con las recomendaciones emitidas por los organismo internacionales. Sin embargo, aunque estas organizaciones celebran que después de haber presentado varias quejas “por fin se haya pronunciado el DPE sobre la situación en las prisiones”, consideran que las recomendaciones emitidas son “muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud pública y respecto a los derechos humanos recomendados por la OMS y el Consejo de Europa”.
El Estado Español casi no ha utilizado los mecanismos de excarcelación previstos en el Reglamento Penitenciario -en sus artículos 100.2 y 86.4-, indicaron las organizaciones en el comunicado: “apenas se han habilitado canales alternativos de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Solo se han repartido 205 celulares entre todas las personas presas: “En estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable”, detalló el comunicado.
Finalmente las organizaciones indicaron que es necesario “adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad” y solicitaron al Defensor del Pueblo -el pasado 23 de marzo- “reforzar las plantillas médicas que existen dentro de prisión al mismo tiempo que activar los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación penitenciaria”.
A dos semanas de dicha presentación no hubo grandes cambios, y por ejemplo en la ciudad de Navarra, Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritarra han hecho público el 22 de abril, un manifiesto en el que apelan “al conjunto de la ciudadanía de Navarra, a todas las instituciones, agentes sociales, sindicales y políticos para que se unan en la exigencia al Gobierno de España a que con urgencia diseñe y ejecute un plan de medidas en política penitenciaria que dé cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la OMS y el CPT del Consejo de Europa”.
El comunicado también denuncia que “si bien en muchos Estados se han articulado medidas para liberar a decenas de miles de personas encarceladas” esta no es la medida adoptada por el Estado Español: “Aquí, la única medida que se ha adoptado en política penitenciaria ha sido el aislamiento de las cárceles lo que en la práctica se ha traducido en la restricción de la comunicación de las personas presas con su entorno familiar y afectivo y la eliminación de cualquier tipo de actividad en el interior, incluso de las actividades tratamentales.”
“Es cuestión de voluntad política”, señala finalmente el pronunciamiento y agrega: “vivimos un tiempo en el cual más si cabe que nunca la voluntad política tiene que estar al servicio de la salud y la vida del conjunto de la ciudadanía. También de las personas presas.”
El Estado Español lleva ya unos 210000 casos de personas con Covid-19 y el número de muertxs asciende a 21800.
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Actualmente, presxs de distintas cárceles del país, están llevando adelante huelgas de hambre y protestas para ser escuchadxs. Para las personas privadas de su libertad decidir hacer cuarentena, o aplicar distanciamiento social no es privilegio, ni opción, es más bien un imposible.
Primer parte del informe:
Mucho Palo Noticias 