La militarización de los territorios perpetúa la violencia de género

La decisión política de multiplicar el despliegue de distintas fuerzas represivas en detrimento de otras garantías, en el marco de la emergencia sanitaria y la implementación de la cuarentena obligatoria como medida de prevención frente a la pandemia, repercute una vez más en la atención especial que amerita la violencia de género o quizás la comprensión necesaria a tal problemática, la cual coloca a las fuerzas en un lugar no menor en el ejercicio de la violencia machista.

En base al registro antirrepresivo publicado por Correpi, hasta fines del 2019, de cada 5 mujeres asesinadas en contexto de violencia de género 1 mujer es asesinada por un violento que forma parte de las fuerzas represivas del Estado. Asimismo de los 100 días transcurridos del corriente año se contabilizan 82 femicidios: 72 femicidios directos, 5 femicidios vinculados de niñas/mujeres, 3 femicidios vinculados de niños/varones, 2 trans/travesticidios. Desde que comenzó la restricción de circulación y aislamiento obligatorio 21 mujeres fueron asesinadas, del registro de dichos casos, el 2% de los femicidas pertenecen a alguna fuerza de seguridad.

La distinción sobre la pertenencia del violento a las fuerzas de seguridad es realmente relevante para crear políticas públicas que aborden la problemática y para adoptar medidas que resguarden y protejan a las mujeres. La relevancia se plantea por un lado, por los mecanismos particulares que el violento, que prestando servicio a alguna fuerza, ejerce sobre las mujeres para sostener la sumisión, la subordinación y el excesivo control y en donde el arma reglamentaria comienza a tener un lugar importante en los ciclos de la violencia. Por otro lado, es sabido los niveles de corrupción que existen en las instituciones de las fuerzas de seguridad del Estado, en donde las alianzas machistas y patriarcales son las lógicas que emergen ante cualquier señalamiento de algún personal masculino, ni pensar cuando se trata de alguien que tiene una jerarquía mayor.

Más allá del origen de las fuerzas represivas en la configuración de un Estado/Nación, es indiscutible que gracias al movimiento de Mujeres y disidentes, las denuncias por violencia de género se hacen cada vez más públicas y así los niveles de impunidad quedan al descubierto como el caso recientemente publicado en Chubut.

El aislamiento obligatorio y el #QuedateEnCasa, como supuesta medida de cuidado para las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia terminó exponiéndolas a permanecer en el lugar más inseguro, colocándolas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en la Resolución 15/2020 previó posibles situaciones permitiendo la circulación para “todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas LGTTBI solas o junto a sus hijos e hijas salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales respecto de hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia que se encuentren transitando.” pero se siguen presentando diversas dificultades, algunas están vinculadas la imposibilidad de que las mujeres efectúen las denuncias ante la falta de unidades judiciales especializadas, las mujeres aun reclaman el derecho a realizar una denuncia en comisarías sin hostigamientos y prejuicios a la hora de expresar su historia. Dicho reclamo ya es histórico desde el movimiento de mujeres, sin embargo no hay presupuesto para generar unidades judiciales ni formar para que hayan personal idóneo a la temática. En este sentido es difícil creer que estén pensando desde una integralidad la violencia de género tras la decisión de los gobiernos de reforzar la militarización de los territorios. El caso de Florencia Magalí Morales de Conlara es la máxima expresión del ejercicio de violencia machista y patriarcal en manos de las fuerzas. Son diversas las irregularidades que se presentan, desde la detención arbitraria de Florencia hasta el modo de ocultar los hechos de tortura y homicidio simulando el “suicidio” en la celda.

En el contexto de pandemia según lo informado por el gobierno nacional, las denuncias a la línea 144 aumentaron cerca del 30%, las mujeres siguen siendo asesinadas por hijos sanos del patriarcado y las políticas del Estado siguen siendo insuficientes. La militarización de los territorios no garantizan el cumplimiento de ningún derecho de las mujeres y de las disidencias, al contrario atenta contra las redes barriales, contra las solidaridades de lxs vecinxs que se activan en primera instancia ante las situaciones de violencia de género. 

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