Coronavirus: 17 genocidas presos ya se fueron a sus casas

Por Máximo Paz para ANRed

Así lo denuncia la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos mediante un boletín dado a publicación recientemente, en donde la organización difunde lo que se viene dando respecto a la catarata de pedidos de prisión domiciliaria por parte de represores que se hallan (o hallaron) detenidos en unidades penales y que encontraron, dentro del contexto de la pandemia desatada a partir de la propagación mundial del Covid-19, una potencial excusa para regresar a sus domicilios. En dicha publicación, la agrupación advierte que “hasta el viernes 3 de abril hubo 104 pedidos de estos beneficios” y que “se han otorgado 17 prisiones domiciliarias”. El comunicado sella, a partir de su última oración, una invocación categórica: “El único lugar para un genocida es la cárcel común perpetua y efectiva”. 

En su boletín número 1603, titulado “No a las domiciliarias a los genocidas”, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)  –órgano dedicado, entre otras problemáticas relacionadas, a la querella e investigación sobre las actuaciones criminales y delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico, eclesiástica y militar-, dio a informar que una nutrida caterva de militares condenados a prisión común, ya sea efectiva o preventiva, por delitos de lesa humanidad, dispusieron como estrategia legal las circunstancias dadas por la pandemia desatada y el régimen de cumplimento de aislamiento social ordenado por Ejecutivo Nacional para solicitar a la Justicia el pedido de prisiones domiciliarias.

“Desde que se decretó la cuarentena el 20 de marzo los genocidas que cumplen condenas o prisión preventiva han aprovechado estas circunstancias para solicitar la excarcelación o la prisión domiciliaria argumentando el peligro que significa la pandemia COVID-19”, expresa en principio el comunicado de la asociación.

A su vez, dando continuidad a la denuncia, la publicación de la organización revela que “hasta el viernes 3 de abril hubo 104 pedidos de estos beneficios, los cuales claramente no les corresponden porque siguen cometiendo el delito de ocultar el paradero y el destino de nuestros/as compañeros/as”. En ese sentido, el boletín comenta el total de los beneficiados hasta la fecha: “en este periodo de pandemia se han otorgado 17 prisiones domiciliarias” y aclara: “Mendoza, 8 casos; La Plata, 3 casos; CABA, 1; Santa Fe, 3; San Martín, 1; Corrientes, 1”.

Según se entiende, la información precisa sobre esta temática, quién se tendría que disponer, al menos, desde el Ministerio Público Fiscal, brilla por su ausencia. Lo mismo corresponde para aquellas ONGs de Derechos Humanos –Abuelas, de la señora Carlotto o Madres, de Hebe de Bonafini– , alineadas abiertamente con el actual gobierno y quienes huelgan de emitir información alguna al respecto.

Dentro de esas circunstancias, ciertas puntualidades trascendieron a partir de noticias en medios de comunicación, como las resoluciones negativas a la solicitud de prisión domiciliaria por parte de los defensores hacia los condenados Miguel Etchecolatz; Alfredo Astíz; el ex jefe de la patota de la ESMA, Adolfo Donda o el ex integrante del Batallón 601, Raúl Guglienminetti.

Por contrario, también se manifestaron fallos legales por la positiva, como el del represor Horacio Losito, condenado en la provincia de Chaco a perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en la tristemente célebre “Masacre de Margarita Belén”, quién recibió el beneficio de la domiciliaria y que deberá cumplir (según publicó por redes sociales Hijos-Capital) en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Juramento, número 2066 piso 5 departamento A.

Cabe agregar que de los 104 pedidos, muchos de ellos todavía se encuentran en instancia de resolución y en donde socavan tensiones a partir de intereses específicos. Por caso, se podría recordar los 50 rosarios bendecidos que hizo llegar el Papa Francisco a genocidas presos a principio de año o las recomendaciones de la Cámara de Casación Penal, quienes exigen el pleno acatamiento a los pedidos, ante la pandemia, para que los presos se vayan a sus casas.

El comunicado de la AEDD prosigue su prosa desde ese aspecto, al dar cuenta que “el actual ministro de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, autor del fallido 2 x 1 para los genocidas que provocó una histórica movilización de repudio en Plaza de Mayo sigue presionado a la justicia de Santa Fe para que se le otorgue el beneficio al represor (Juan Daniel) Amelong, conocido por su permanente reivindicación de los crímenes de la dictadura.”

La organización comprometida con los derechos humanos desde el año de su fundación -1984-, también aclara que “las prisiones domiciliarias para los genocidas no son nuevas, más del 70 por ciento cuenta con este beneficio. Siempre hemos repudiado estos privilegios para los que abonan el camino de la impunidad. En las cárceles gozan de condiciones privilegiadas, distantes de las condiciones de hacinamiento que sufren las personas privadas de la libertad por delitos “comunes”. Tienen celdas individuales y sistemas de salud apropiados. De todas maneras por su condición de responsables de los atroces crímenes de la dictadura militar, civil, eclesiástica que sufrió nuestro pueblo no corresponde el acceso a ninguno de los beneficios procesales”.

Por último, el boletín se despide de forma contundente: “El único lugar para un genocida es la cárcel común perpetua y efectiva”.

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