Más de 10 mil presxs en huelga de hambre en Buenos Aires

El epicentro de la protesta es la Provincia de Buenos Aires. El detonante fue la suspensión de la ración de comida, pero el reclamo se extiende a las condiciones en muchos casos infrahumanas en las que se encuentran. Ya serían más de 10.000 las personas privadas de su libertad que adhieren a la medida. Informes hablan de superpoblación record, hacinamiento y falta de pago a proveedores.

Las prisiones, corazón del incuestionable sistema penal, posiblemente sean una de las deudas más grandes de la sociedad en términos de derechos humanos. Un Gobierno Nacional saliente que hizo oficial un discurso punitivista “duro” y que bordeaba la concepción del encierro como castigo, propició una acentuación del abandono ya existente en las cárceles, llegando a la falta de pago a los proveedores de la deficiente comida que se reparte. Esto sucedió puntualmente en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y fue el origen contagioso de una protesta que arrastra muchos más reclamos.

La protesta tuvo su inicio en las unidades de Batán y Campana, en donde una semana atrás lxs internxs comenzaron a tirar su comida hacia afuera de las celdas, y rápidamente tuvo en efecto contagio en otras unidades como las de Dolores y Sierra Chica. En todas estas la adhesión es casi total, y otras unidades se fueron sumando con distintos niveles de masividad. Se calcula que hay en total alrededor de 10.000 personas privadas de su libertad que adoptaron la medida de lucha.

Si bien la adhesión se fue generando de a poco, tanto los reclamos como la medida se venían debatiendo desde hace un tiempo entre lxs presxs. Esto se ve reflejado en la elaboración de comunicados y petitorios manuscritos con un espíritu bastante similar, en los que los ejes centrales son los mismos: el hacinamiento inhumano, la aplicación excesiva de la figura de la prisión preventiva, y la falta de medidas como arrestos domiciliarios y salidas transitorias. Este último punto es, según el mismo sistema carcelario, la causa de una sobrepoblación que alcanzó sus números más altos en la historia argentina. Otro punto que se repite es en relación a la situación de lxs niñxs que se crían junto a sus madres en las prisiones.

Según resultados de los relevamientos que el propio Estado realiza, más específicamente un informe elaborado por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires denominado “Documento sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires”, las condiciones en que se encuentran alojadas las personas en las cárceles bonaerenses “han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento”.

Por otra parte, el documento cita informes del Ministerio de Justicia y de Seguridad según los cuales hasta mayo de este año había 48.827 personas en situación de encierro en la PBA, alcanzando así una sobrepoblación del 113%. Sumando a las comisarías (que se encuentran con un 160% de sobrepoblación) que alojan a personas con condena firme, con prisiones preventivas y detenciones pasajeras, la PBA arroja un índice alarmante: 308 detenidxs cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la aplicación de la prisión preventiva, el 40% de lxs presxs se encuentran encerradxs bajo esta modalidad, es decir, sin sentencia alguna. En este sentido, la aplicación del 2X1 forma parte de los pedidos de las personas en huelga.

Pero tal vez la cifra más lamentable y alarmante sea la de las muertes en el contexto de encierro: según el informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria son 140 las personas fallecidas por distintos motivos bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La CPM también expresa en su informe otra cara del desprecio del Estado: el aspecto sanitario. El abandono en términos de salud lleva a la propagación de enfermedades evitables como la tuberculosis, el hantavirus y otras, todas provocadas por el hacinamiento, la sobrepoblación y la desidia estatal planificada. Puntualmente en lo que respecta al hacinamiento, se han encontrado casos en los que hay hasta 16 personas en celdas para 4, y que por supuesto duermen en el piso, muchas veces con una ración única y deficiente de comida, a veces en mal estado. Hay informes que además reflejan conflictos violentos derivados de esta situación.

En lo relativo a la alimentación, en un contexto de falta de alimentos y de entrega de alimentos calóricamente deficientes y muchas veces en dudoso o mal estado, obviamente no son respetadas ningún tipo de dieta que lxs internxs necesiten por motivos de salud, como en el caso de diabetes, disfunciones hepáticas, celiaquía, HIV u otras.

Por su parte, la CPM elevó un informe al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, en el que expone la situación.

Lxs presxs llevaron adelante sus propios reclamos, haciendo circular un archivo en formato de habeas corpus colectivo, dirigido a la “Suprema Corte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires y al Excelentísimo Tribunal de Casación Penal”, en el que expresan: “Los internos detenidos en distintos establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, a consecuencia de las insostenibles condiciones de detención que se vive en el contexto de encierro han optado por exhortar al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo a que se busque alternativas para remediar la terrible realidad que se vive en las cárceles bonaerenses, donde ya no quedan plazas para el alojamiento de detenidos y se los está apilando como ganado”.

A todo lo mencionado se suman numerosas denuncias por parte de lxs internxs según las cuales son constantemente agredidxs, requisadxs indebidamente y amenazadxs con traslados por parte del personal penitenciario.

Las banderas elaboradas por lxs internxs son claras, piden ser tratadxs con algún resto de humanidad, reclaman por “nuestros derechos” y se encargan de recalcar que se trata de una huelga de hambre “pacífica”, como previendo una posible arremetida mediática y de cierto sector de la sociedad que sigue sosteniendo un discurso en el que cualquier tipo de tortura y trato inhumano se justifica a partir de la violación de las normas de un Código Penal que jamás buscó ni encontró otra alternativa que el tortuoso encierro de las personas, en su mayoría pertenecientes a los estratos más vulnerables a las violaciones de sus derechos más básicos.

En las últimas horas, la huelga de hambre habría sido levantada en la unidad de batán, a la espera de una mesa de diálogo que tendría lugar entre el jueves y el viernes, según informaron familiares de internxs que habrían mantenido contacto con el Ministerio de Justicia. El resto de las prisiones, por ahora, continúan con la medida.

Esto se da en el contexto de que en el día de ayer la Suprema Corte de Justicia definió medidas en las que afirma “que corresponde dar respuesta prioritaria a la problemática del alojamiento de detenidos en comisarías clausuradas, con cierre o inhabilitadas al efecto”, recalcando a los jueces “la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes”.

La resolución exhorta además a “evaluar la posibilidad de la confección de informes para el ingreso al régimen de progresividad en la etapa de ejecución de pena a través de un equipo interdisciplinario (compuesto por médicos, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales) en las Asesorías Periciales departamentales o en la órbita de los jueces de ejecución penal”.

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