El fusilamiento de Lautaro Saucedo

Por Bautista Veaute para el Periódico Digital Pausa

El gatillo fácil cobró la vida de un joven de 17 años en barrio Guadalupe. Qué dicen desde la fiscalía, cuáles son los antedecentes del homicida. Miedo y discriminación, factores clave.

Lautaro Saucedo, 17 años, se encontraba por calle Risso al 2200, el martes 29 de octubre a las 10.30 de la mañana. En el video que registró su muerte, se ve claro que intentó sacarle una bolsa a una mujer de 73 años, que ella le dice que no y lo reta con el dedo como una abuela enojada. En ese momento, el chico se da vuelta y se va sin concretar ningún tipo de sustracción. Entonces la señora lo llama y le da un poco de plata: 135 pesos. El la recibe y se va corriendo. Es ahí cuando vemos a un hombre que sin ningún tipo de aviso (Lautaro nunca se enteró de que iba a ser fusilado), le disparó por la espalda a una distancia de 50 metros. En el transcurso de un segundo, la bala impactó en la zona lumbar del joven de 17 años.

Francisco Aldo Olivares es policía y mató a Lautaro Saucedo. El joven no tenía ningún tipo de arma, ni sus actos eran peligrosos para la señora o un transeúnte. Los dos videos de una cámara de seguridad, que circularon por los medios de comunicación, parecieran dejar sin escapatorias al policía: en ellos se puede ver como Lautaro no llega a concretar el robo (así lo sostienen los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Ezequiel Hernández y Martín Torres, que investigan el caso) que no tenía ningún tipo de arma y que no era peligroso por su conducta. También se puede observar que Olivares en ningún momento da la voz de alto, ni se identifica como policía. Además, cuando efectuó el disparo el joven estaba de espaldas, sin enterarse de la presencia de un oficial.

Hernández le afirmó a Pausa: “La fiscalía lo que sostiene hasta acá es que el imputado cometió un homicidio doloso, calificado por la utilización de un arma de fuego, por la alevosía (es actuar sobre seguro, en este caso el chico estaba de espaldas y nunca se enteró que se iba a comer un balazo, no tuvo posibilidad de defenderse o convencer a su agresor de que no dispare) y por el abuso en las funciones de un funcionario de una fuerza de seguridad. Son dos agravantes que tiene el artículo 80 del Código Penal, que están penadas con prisión perpetua. Eso le atribuimos en la audiencia imputativa”.

José, un vecino de la calle Risso le comentó a Pausa cómo se enteró del hecho: “Yo estaba en mi casa y sentí un ruido como un tiro. Luego empecé a sentir gritos, gritos desgarradores. Entonces pensé ‘algo pasó’ y salí corriendo afuera. Cuando llegué estaba el tipo este, encima del chico para que no se escape. Primero llegué y no entendí mucho que estaba pasando porque estaba de civil. Llevaba puesto un uniforme de Coca Cola. Cuando le pregunté si era policía, me dijo que sí, pero nunca se identificó”.

Logística del Paraná SRL es una empresa tercerizada de Coca Cola, que transporta los productos de esa marca. Olivares estaba vestido con ropa de Coca Cola porque estaba prestando servicio a esta empresa de manera irregular. Para contratar un servicio de custodia de la policía se debe hacer en la jefatura correspondiente, pidiendo el servicio de adicional. Cuando se contrata un adicional, el oficial debe estar debidamente identificado, con su uniforme y nunca hay una mediación de dinero entre el empleador y el oficial de las fuerzas de seguridad. Un privado no puede contratar, sin jefatura de por medio, a un policía para realizar este tipo de tareas. Debido a esto, la empresa podría enfrentar un juicio civil por la responsabilidad en el hecho.

Tronqui

El Tronqui Olivares, como lo apodaban sus compañeros, se inició como policía en el año 1997. Hasta el día que mató a Lautaro (ahora se encuentra bajo arresto preventivo), se desempeñaba como administrativo en el Centro de Comunicaciones Policiales de Santa Fe. Pertenecía a la Unidad Regional V del Departamento de Castellanos, asentado en la ciudad de Rafaela.

En sus más de 22 años en la fuerza de seguridad registra un prontuario cargado de antecedentes, y también de traslados a consecuencia de ellos. Como funcionario policial, cometió 17 hechos, entre los cuales resaltan dos por sus reiteradas repeticiones: apremios ilegales y vejaciones. Además, estuvo bajo arresto policial en dos oportunidades y lo suspendieron en sus tareas la misma cantidad de veces, por más de quince días en cada una de ellas.

Los antecedentes de Olivares inducen a la pregunta ¿cómo es posible que haya policías con semejante prontuario trabajando por la seguridad de las personas?

El dolor

Walter, el papá de Lautaro, fue el miembro de la familia que salió a hablar en los medios. Walter Saucedo también era policía y cada vez que habló, no dudó en descalificar la conducta asesina de Olivares. En diálogo con Aire de Santa Fe, el periodista le preguntó: “¿Cómo tomás el hecho, como policía, que un colega haya sido el que mató a tu hijo?” Saucedo respondió: “He aprendido tantas cosas desde ese momento. A mi hijo le segó la vida un integrante de la fuerza policial, como lo soy yo. Siempre me fue un poco reticente la palabra gatillo fácil. La culpa la tiene siempre el policía, pensaba, mientras que el delincuente siempre sale airoso. También pensaba que los Derechos Humanos siempre son para los delincuentes. Las dos ironías de la vida es que este es un caso de gatillo fácil y la segunda es que me están ayudando los Derechos Humanos en este momento tan lamentable”.

Cuando Walter Saucedo fue entrevistado en vivo por el canal TN, la conductora Lorena Maciel lo increpó y le comentó: “Lautaro estaba robando, yo se lo digo para que seamos objetivos”, con aires de justificación para el policía homicida. Saucedo respondió: “No estamos para juzgar sino para prevenir. El bien jurídico que protegemos es la vida”. En el mismo sentido, con Aire de Santa Fe, Walter dijo: “Mi hijo no tiene la posibilidad de decir que estaba haciendo ahí. Lo único que pudo hacer es pedirme perdón. Cuando hablamos del bien jurídico protegido hablamos de la vida, la salud y la libertad. Y cuando hablamos del bien jurídico vulnerado, en este caso hablamos de menos de doscientos pesos, que es lo se estaba llevando mi hijo que la señora por su propia voluntad se lo dio. Mi hijo pagó con su vida su error. Y Olivares también va a tener que hacerse cargo de sus actos, más allá de que quiera justificarse. Y entre él y yo, ambos sabemos que el proceder como policía, no fue el correcto.

La directora de la escuela República Argentina, donde asistía Lautaro, afirmó en una entrevista a LT10: “Para nosotros los chicos son alumnos, no los consideramos delincuentes. Son chicos que vienen a querer progresar, que quieren salir de sus problemas, cada uno con su historia de vida. Es una tragedia lo que nos ha pasado como escuela. Un año tan lindo que habíamos vivido… Tener que terminarlo de esta manera. Lautaro era muy querido, con mucha pertenencia y muy capaz”.

Condensación

Pausa dialogó con Luciana Ghiberto, socióloga y magíster en criminología, participante del programa Delito y Sociedad de la UNL, sobre el crimen que terminó con la vida del joven Lautaro Saucedo.

“El tiro en la espalda de un policía que no estaba identificado como tal, que no da la voz de alto y dispara para intervenir desde lejos en una situación sin violencia y sin robo, además de ser un acto arbitrario y completamente desproporcionado, es ilegal, no hay ninguna sección ni de la ley policial ni de cualquier otra que resguarde ese acto. Y probablemente muchos casos de fusilamientos tengan esta características, la diferencia aquí es que hay evidencias fuertes. Muchos otros asesinatos a jóvenes por parte de los miembros de las fuerza de seguridad suceden sólo bajo ojos policiales y las versiones que se construyen encubren a los policías de los delitos que cometen”.

—¿Qué nos dice este caso sobre la sociedad en la que vivimos?
—Este tipo de caso “obsceno”, desproporcionado, lo que hace es condensar otros problemas sociales, cristalizar otras problemáticas graves. Por un lado, por ejemplo, la falta de profesionalización de la fuerza que se encuentra desenvolviéndose en la calle. La emergencia de seguridad, que se sancionó en 2013 y que aún sigue vigente, permite que tengamos patrullando en nuestras calles a policías armados con menos de seis meses de formación. En el momento de disparar, el policía tiene que tener en claro los efectos de la acción que va a llevar a cabo, tiene que conocer la ley que regula su accionar y respetarla. Pero para que eso ocurra, además, tiene que haber un control político férreo del accionar de los miembros de la fuerza de seguridad, lo que es otra cuestión, independientemente de cómo se formen. Otro problema que queda evidenciado es el franco policial. El Centro de Estudios Legales y Sociales demostró que durante 2019 el 72% de los casos de muertos por acción de fuerzas de seguridad los policías estaban de franco, retirados o en disponibilidad. Esta y otras investigaciones demuestran que la mayor cantidad de asesinatos cometidos por miembros de la fuerza de seguridad, tienen lugar cuando ellos se encuentran fuera de servicio, pero armados. Estas cifras nos permiten hacer una crítica fuerte a lo que se denomina “Estado policial”. Y por último una problemática más general, que es la presencia de sentidos comunes que configuran la visión de que los varones jóvenes, con viseras o con capucha son peligrosos y que sus vidas valen menos que las de otras personas. Eso sumado a la imagen del policía que dispara por la espalda ilegalmente y se vuelve un héroe entronizado por la mayor autoridad del país, como sucedió con Chocobar. Esas imágenes circulan en los medios de comunicación, en la fila de la despensa, y tienen efectos concretos y graves en las manos de los policías, porque ellos toman decisiones sobre la vida de personas.

—Que la prueba clave para responsabilizar al policía venga de una cámara de seguridad de un vecino ¿nos dice algo?
—Como dato curioso, sí: en esta situación una cámara de “seguridad”, sirve para lo contrario de lo que está pensada. Estos dispositivos no están instalados para inculpar a los poderosos, a los funcionarios del Estado corruptos ni al empresario que evade impuestos o lava dinero; las cámaras de seguridad están para señalar y capturar lo que en criminología se llama “delito de los débiles”. Que la cámara haya mostrado la frialdad con la que el policía fusila por la espalda a Lautaro, que se encontraba en absoluta desventaja, parecería un efecto no deseado de ese dispositivo de control que está creciendo mucho impulsado por el miedo al delito callejero y la industria del control.

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