La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó la reapertura de la causa y revocó el sobreseimiento del gendarme Echazú. Muchos medios hicieron foco en que la medida es para investigar si hubo abandono de persona, pero la abogada de la familia Maldonado aclara que no es lo que ordena el fallo, y que la reapertura puede echar luz sobre las circunstancias de la muerte del Santiago.

“Si sale corriendo en vez de entregarse, se tira, se va o intenta cruzar un río escapando de la Gendarmería, no es responsabilidad de quien está tratando de hacer cumplir la ley”, afirmaba la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich el 2 de agosto en una nota radial otorgada a Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos. En este mensaje temerario, en especial por el cargo que ocupa quien lo emite, el Gobierno admite públicamente que si Santiago se hubiera entregado, estaría vivo.

En el mismo diálogo la ministra también agregaría que «la Gendarmería respondió a la orden de un juez que pidió despejar una ruta que estaba totalmente cortada por 15 personas, e impedía todo el paso por la zona. Si despejar la ruta significa que las personas salgan corriendo en vez de entregarse a la Justicia, o en vez de decir ‘nos vamos…’”, intentando justificar de este modo el accionar ilegal de las fuerzas represivas que derivó en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Poco más de un mes después de estas impunes declaraciones, el pasado viernes, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el cierre de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y en el fallo argumentan que se encuentran “ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos».

Cabe recordar que la Gendarmería Nacional contaba con una orden del juez Otranto a los fines de liberar la ruta, lo cual es llevado a cabo a las 6.30 del 1 de agosto de 2017, pero luego llevan adelante la persecución en la que se produce el ingreso ilegal al Pu Lof ya que a tal fin no contaban con ninguna orden que los autorice.

Esta ilegalidad nunca fue investigada en la causa y al respecto la abogada Verónica Heredia afirma: “Esta es otra de las cuestiones que vamos a recurrir del fallo, la Cámara lava las responsabilidades, los hechos, los quiere limpiar, y no se puede limpiar el accionar del Estado si no hay de raíz justicia y si no hay una investigación. La Cámara quiere tapar el accionar de Gendarmería y no lo vamos a permitir”.

En una entrevista para al programa Nada del otro mundo de Radio 102.3 más que música, la abogada de la familia Maldonado aclaraba además que la difusión de la reapertura de la causa para investigar exclusivamente si hubo abandono de persona es una imprecisión: “Esta es una síntesis que se ha instalado, pero en realidad el fallo dice que no se sabe ni siquiera la fecha en que falleció Santiago, entonces si no sabemos cuándo, tampoco sabemos cómo. Es cierto que la Cámara descarta la desaparición forzada y en eso el fallo es contradictorio, porque si no saben cuándo ni cómo, tampoco pueden descartar ninguna hipótesis, que en este caso es la mayor”.

Respecto a la hipótesis del abandono de persona, la abogada agregó: “Nosotros no descartamos la posibilidad de que esto sea así, lo que estamos diciendo y vamos a seguir insistiendo, es que hasta que no exista una investigación independiente, exhaustiva, imparcial, no podemos descartar ninguna hipótesis”.

La importancia de la reapertura del expediente radica en que, por un lado, deja en claro que no se han agotado las vías de investigación de todas las hipótesis. De hecho, en el fallo, los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez expresan que «de allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna otra hipótesis delictiva (…) atendiendo también (…) a la existencia de un cauce de investigación que no se encuentra agotado, corresponde profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon al suceso«.

Pero además tiene relevancia porque deja expuesto que hubo arbitrariedad en el cierre abrupto de la causa. De hecho, el juez Lleral había manifestado que el caso ya estaba cerrado mientras la Cámara que lo decidía aún se encontraba estudiando el expediente.

Respecto a la situación del juez Lleral, quien con declaraciones como esta, o como los dichos expresados por la madre de Santiago, quien declaró que en un llamado telefónico el juez le afirmó que iba a cerrar la causa debido a las presiones recibidas para luego desmentirlo, la familia tiene decidido realizar el pedido de recusación ni bien se haga efectiva la apertura de la misma. “La figura de la recusación es un recurso que tenemos las partes para que un juez que se considera que no va a cumplir con el requisito constitucional de la imparcialidad sea removido de la causa”, expresó en la entrevista mencionada la abogada Heredia.

Sin embargo, antes de la recusación hay un paso previo que es explicado por la abogada: “Pero para que eso suceda todavía falta en primer lugar aclarar que este fallo no puede desechar la mayor de las hipótesis, que es la desaparición forzada seguida de muerte, por lo tanto vamos a recurrir en este sentido (…) hasta que no tengamos un grupo de expertos independientes que investigue esta causa vamos a llegar al mismo resultado. Si las mismas personas que intervinieron hasta ahora son las mismas que van a investigar, el resultado va a ser el mismo: la impunidad”.

Por otra parte, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, además de sus declaraciones previas emitió su opinión y sus chicanas sobre el fallo de la Cámara, diciendo entre otras cosas que la figura del abandono de persona sería más aplicable a los compañeros de Santiago que, según ella, lo abandonaron durante la feroz e ilegal persecución de la fuerza represiva.

Al respecto, Verónica Heredia agregaba que “En una entrevista que le hicieron en Bariloche afirmó lo que nosotros habíamos dicho desde un principio: que Echazú había sido incorporado al proceso por pedido del Ministerio de Seguridad para tener control de la causa”.  Pero además la abogada agregó: “Una vez más la ministra niega las responsabilidades del Estado, cuando lo primero que tiene que hacer un funcionario de su jerarquía es ponerse a disposición de la justicia y poner en duda todo lo que se hace, no por una cuestión de sospecha, sino para aclarar todo el accionar que hace a las fuerzas de seguridad y a cualquier funcionario del estado, que tiene que pasar por el control de la justicia, para que sea claro y lleve tranquilidad a las personas”.

La reapertura de la causa de Santiago Maldonado implica retomar -una vez resueltas las trabas planteadas, como la necesidad de recurrir los aspectos contradictorios del fallo y la recusación del juez Lleral- la investigación de todas las hipótesis que quedaron abiertas, como así también los obstáculos interpuestos y las irregularidades cometidas por el Gobierno, como la puesta en marcha de investigaciones llevadas adelante por los mismos integrantes de las fuerzas represivas señaladas como implicadas en los hechos investigados, o el espionaje a la familia de la víctima, por sólo mencionar algunas.

Al respecto, el Gobierno y en particular la ministra quedarían en una posición claramente comprometida en caso de que, por ejemplo, la hipótesis mayor, es decir la de desaparición forzada seguida de muerte, finalmente avance.

En este sentido, respondiendo sobre si el Gobierno podría quedar “mal parado” en un escenario así, la abogada fue tajante: “No solamente mal parados, sino que estarían imputados en una causa penal”.

 

Foto de portada: AnRed