Condena de la ONU a la Argentina por tortura y muerte en la cárcel

La ONU falló a favor de la familia de Roberto Agustín Yrusta, quien tenía 32 años cuando, en febrero de 2013, el Servicio Penitenciario lo asesinó e intentó tapar el hecho aduciendo que se había tratado de suicidio. Fue el castigo que la institución que debía velar por su integridad física le otorgaba por haber denunciado las torturas que recibía puertas adentro del penal. La justicia Argentina no dio respuestas, pero la lucha incansable de sus hermanos llevó el caso a las Naciones Unidas.

A principio de este año ya se había emitido un fallo a favor de la familia de Roberto, pero el Estado Argentino siguió ejerciendo la impunidad que lo caracteriza e hizo caso omiso.

El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT) intimó al Estado argentino a llevar adelante todas las acciones necesarias para investigar, juzgar y reparar el asesinato de Yrusta. Condenado a 8 años de cárcel en 2005, “en represalia por haber revelado hasta en un ‘reportaje televisivo’, golpes, traslados, amenazas, submarino seco (asfixia con una bolsa de nailon), aislamiento en buzones (celdas de castigo) y ‘cama de sujeción encadenado’, apareció asesinado en su celda, bajo un falso suicidio, el 7 de febrero de 2013”, como lo describe el documento publicado en Ginebra, emitido por Naciones Unidas.

La sanción fue emitida y traducida al castellano en enero de 2019, y le dio al gobierno de Mauricio Macri 90 días para tomar cartas en la situación. Lo instó también a conceder el carácter de víctimas a las dos hermanas de Roberto, Estela Deolinda y Alejandra del Valle, que denunciaron el crimen ante la ONU una vez agotadas las instancias legales en Argentina, a las cuales se les debería además conceder “una reparación apropiada, incluidas medidas de indemnización justa, y de acceso a la verdad”. Pese a la expiración del plazo, las autoridades federales en Buenos Aires no han brindado ninguna respuesta, y esto fue manifestado por voceros de la ONU.

Roberto tenía 32 años, vivía en Barrio Yapeyú de la Ciudad de Córdoba y estaba detenido en la cárcel de Bouwer de la misma provincia, padeciendo desde hacía años distintas torturas y tratos inhumanos por parte del Servicio Penitenciario, situación que se agrava luego de una denuncia pública que realiza en un programa televisivo. Como castigo por la denuncia primero es trasladado a la cárcel de Coronda (Santa Fe) sin ninguna explicación, alejándolo de su entorno familiar e impidiendo así las visitas, dada la distancia entre ambas ciudades. Allí es donde aparece “suicidado” el 7 de febrero de 2013.

Una de las hermanas de la víctima relataba lo siguiente: “Roberto padeció por más de tres años todo tipo de torturas, tormentos y maltratos por parte del SPC; desde la permanencia por largos períodos de tiempo en los buzones o celdas de castigo, el submarino seco (asfixia con una bolsa de nylon), golpes, amenazas, traslados y cama de sujeción encadenado, entre otras aberraciones. Además, tenía restringidas las salidas de las celdas y las comunicaciones”. Además agregaba: “Flores, autoridad del Servicio Penitenciario, lo perseguía, lo empezó a insultar a maltratar y lo empezaron a torturar. No le daban vida. Y cuando a mi hermano lo pasan a Villa María ahí también fue Flores y lo torturó. Lo volvieron a pasar a San Martín y pasó lo mismo, lo tenían encadenado de los pies y las manos, le ponían bolsas de nylon. Cada vez que íbamos nosotros tenía las cadenas metidas en los brazos. Después una vuelta lo quebraron y él nunca fue atendido por un médico, cuando fuimos nosotros a verlo tenía una media de él que se había sacado y la tenía en la mano enroscada y la mano quebrada. Nunca fue atendido por un médico ni enyesado. Después, cuando lo pasaron a Bouwer también lo seguían maltratando y torturando.”

La familia conoce bien que este accionar tenía conexiones con la dirección del penal, como lo había expresando su hermana en 2013: “Porque iban de acá para allá y donde estaba mi hermano ellos estaban, así que nunca lo dejaban en paz. Flores lo seguía a todos lados. Flores y sus secuaces, siempre estuvieron y no le daban vida. Hace como tres años que vienen estas torturas. Él denunció a Flores y a los otros en Tribunales II en noviembre, antes que cerraran Tribunales. Denunció los malos tratos, que no lo dejaban salir a bañarse, le daban unos minutos, no lo dejaban hablar por teléfono, no lo dejaba estar tranquilo, no lo dejaban hacer nada. Y por las torturas que le hacía ahí. Y él siempre decía la verdad”.
Cuando les entregaron el cuerpo sin vida de Roberto, sus hermanas notaron que “presentaba grandes ampollas, tenía las manos y los pies muy hinchados, heridas abiertas, cortes en los brazos, sangre, hematomas múltiples, un fuerte golpe en la cabeza, y otros signos que dan cuenta de impactos de balas de goma, mientras que la zona del cuello no presentaba ninguna evidencia de ahorcamiento”. Las hermanas también encontraron en el expediente judicial la información “la presencia de objetos en el ano y el estómago”, hecho que deja al descubierto lo terrible e inhumano de lo que había sucedido con Roberto.

De lo recabado en la investigación judicial constan algunas de las prácticas habituales en las cárceles de Argentina, como “el secuestro de los libros de guardia de los días anteriores a la muerte de Yrusta en Coronda”, la desaparición de su historia clínica, y “de los libros de ingresos y egreso del personal penitenciario que se encontraba en funciones”, así como de “las placas radiográficas tomadas durante la autopsia, y la realización de otras declaraciones testimoniales y pruebas caligráficas”, con el agravante que la causa judicial fue cerrada “sin imputado conocido”.

Para la ONU, “no hay un derecho a la verdad sin un derecho a una investigación pronta, efectiva e imparcial”, pues “lo que está en juego es el derecho de acceder a la justicia de las víctimas”.
El fallo que no ha sido respondido por el Estado Argentino seguirá el procedimiento, e incluso podría elevar a la Asamblea General de Naciones Unidas la constatación de “no-cooperación” del Presidente Mauricio Macri, un ya conocido violador sistemático de los derechos humanos.

Torturado y asesinado por el Estado, pero también desaparecido

Un “detalle” importante sobre esta causa tiene que ver con que cuando Yrusta fue trasladado de Córdoba al penal de Santa Fe, estuvo 7 días desaparecido, en los que no se supo de su paradero. No hubo registros de su llegada, ni información a sus familiares, sólo hubo registro de un egreso del penal de Bouwer un día y a los 7 días un ingreso en el penal de Coronda. Esta situación fue también desoída por la justicia argentina, y presentada al Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, que en marzo de 2016 declaró que los “actos” que padeció Yrusta “durante más de siete días que siguieron a su traslado a Santa Fe constituyen desaparición forzada”, y exigió que se “procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas”, condenando a la Argentina por impedir el acceso a la justicia de la familia del joven. En aquel entonces el Comité realizó 5 reclamos al estado Argentino y al gobierno de la provincia de Santa Fe, pidiendo que “asegure que la investigación desarrollada en el caso Yrusta no se limite a las causales de la muerte”, sino que la “integre a una investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición con ocasión de su traslado de Córdoba a Santa Fe”; es decir, absolutamente lo contrario a lo que resolvió la Corte de Santa Fe.

En octubre de 2017 el Comité, al no recibir ninguna respuesta de Argentina, volvió a exigir que se investigue la “desaparición de Yrusta” y pidió, “los resultados de las investigaciones de referencia y las decisiones adoptadas con relación a las autoridades y actores judiciales involucrados”, solicitando además  registros de “la manera como la investigación de las irregularidades identificadas ha sido vinculada con la investigación de la desaparición forzada y de la muerte del señor Yrusta”, concediendo como plazo para la respuesta hasta el 29 de enero de 2018.
Para la ONU, “no hay un derecho a la verdad sin un derecho a una investigación pronta, efectiva e imparcial”, pues “lo que está en juego es el derecho de acceder a la justicia de las víctimas”.
Ninguno de los dos fallos por el asesinato y la desaparición, han sido respondidos por el Estado argentino. Por el caso de asesinato y tortura seguirá el procedimiento, e incluso se podría elevar a la Asamblea General de Naciones Unidas la constatación de “no-cooperación” del Presidente Mauricio Macri.

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