No fue motín, fue un reclamo de las mujeres privadas de su libertad

Ayer por la mañana familiares de personas privadas de su libertad y organizaciones sociales de derechos humanos, se concentraron en la puerta de Tribunales II para reclamar por la situación de las mujeres en la cárcel de Bouwer, a raíz de la muerte de Rosel Janet López, quien apareció ahorcada en su celda el jueves por la noche. Es la segunda muerte en lo que va de 2019.

Janet tenía 30 años, estaba detenida en el “Sector F1-Ingresos” desde el 28 de diciembre de 2018 a disposición de la Fiscalía de 2º turno de Villa María, a la espera de un juicio cuya pena ronda de un mes a dos años. A solo dos meses de su detención y sin indicio alguno, aparece ahorcada en su celda. El día sábado su familia aún no recibía respuesta del Servicio Penitenciario, responsable de la salvaguarda de Janet, según informó el abogado Juan Domingo Gacitua quien estuvo asesorando a la familia de la joven, y detalló que: “Es desgarrador escuchar a los familiares, una muerte tan absurda que deja muchas dudas, un servicio penitenciario que no dá respuesta, una chica que no tenía problemas de depresión, ni de consumo de droga, que, oh casualidad, amanece ahorcada en su celda. Otra de las muertes dudosas que suceden dentro del sistema penitenciario”.

A partir de la conmoción que causa la muerte de Janet las mujeres de su módulo y de otros de Bouwer Mujeres, comenzaron a reclamar por las condiciones en las que están viviendo, por los abusos ejercidos por el sistema carcelario y las violaciones sistemáticas de derechos humanos sean por acción u omisión por parte del Estado, las cuales terminan en su mayor expresión cuando las mujeres se encuentran ya sin vida dentro del establecimiento.Dichos reclamos fueron reprimidos por la fuerza de choque del Servicio Penitenciario de Córdoba esa noche.

La indiferencia mata

Elsa Medina tenía 62 años, estaba presa en el Módulo D1 de Mujeres, en Bouwer, con prisión preventiva, bajo tutela del Tribunal Oral Federal N° 2. El 1 de febrero de este año comenzó con dolores en el abdomen, fue derivada al Hospital Misericordia, en donde la medicaron con morfina y ranitidina para que se calmara, regresando a Bouwer con una “dieta gastroprotectora”. A la madrugada del 2 de febrero ya su cuerpo no soportaba más el malestar físico, otras presas y personal del SPC le brindaron asistencia, pidieron atención médica con urgencia, pero Elsa ya había muerto al momento de pedir el traslado al hospital, a causa de un paro cardiorespiratorio. Su dolor abdominal era el comienzo de un infarto. El abandono y la indiferencia de la atención recibida en el hospital la arrojaron a la muerte.

El hecho desató reclamos, una huelga de hambre que duró hasta el jueves de esa semana, que mediante varias visitas de las autoridades de la cárcel y de la justicia, aplacaron los ánimos de la protesta.

La muerte de Janet, no es un hecho aislado, como no lo es ningún mecanismo del aparato represivo, que dentro de los muros se profundiza y toma formas muchas veces inhumanas, siempre silenciadas. Las mujeres privadas de su libertad en Bouwer están hartas de los tratos vejatorios, de la violación a los Derechos Humanos expresándose en falta de atención médica, el abandono de las personas, la violencia, los traslados compulsivos, los cuales en esta oportunidad fueron denunciados, luego de casi 48 hs de inhibición celular y de llamadas en el penal, cuando las presas lograron filtrar, a través de sus familiares y abogadxs.

Lo dicen las presas, lo dice la ONU y el Estado Provincial no escucha

Entre el 9 y el 29 de abril de 2018 el Sr. Nils Melzer, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, realizó una visita oficial a la Argentina.

La delegación visitó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires además de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa. En la provincia de Córdoba visitaron el Complejo Esperanza para jóvenes, el establecimiento penitenciario Cruz del Eje y su unidad neuropsiquiátrica, el complejo carcelario Bouwer y el pabellón 3 para mujeres embarazadas y mujeres con hijxs, además de una de las unidades penitenciarias para varones del mismo complejo, el Establecimiento Penitenciario Nº 9 y una comunidad que enfrenta el desalojo en Juárez Celman

El informe detalla toda una serie de situaciones y recomendaciones, tanto en lo jurídico, como en relación a las torturas y malos tratos, pero en lo que respecta sobre Córdoba el Relator destacó que “En particular, una numerosa cantidad de personas alojadas en la unidad penitenciaria provincial de Cruz del Eje informó que habían sido golpeadas duramente mientras se encontraban encadenadas a las camas de metal durante varios días o que habían sido colocadas en posiciones de estrés dentro de celdas de aislamiento por períodos prolongados. De manera similar, en la cárcel de Bouwer, los internos declararon haber sido encadenados o esposados de pies y/o manos por períodos que oscilaban entre varias horas y tres días”.

No solo en las cárceles de adultos, el Relator Especial de la ONU quedó impactado por las situaciones de lxs niñxs y jóvenes alojados en el complejo Esperanza: “Me alarma en especial el castigo disciplinario que supuestamente se utiliza en La Esperanza, donde varios reclusos informaron haber sido sujetados de pies y manos a sus camas, en una situación de aislamiento total, y a veces durante varios días consecutivos. También en La Esperanza, recibí denuncias de abuso sexual entre internos, sin intervención adecuada por parte del personal.”

En relación a otro de los reclamos resonantes de la última semana, con respecto a la sobrepoblación en los establecimientos carcelarios el Relator utilizó específicamente el ejemplo del Establecimiento Penitenciario Nº9 (Provincia de Córdoba): “las celdas de 3 x 4 mts tienen 12 camas cucheta triples. En cada celda hay diez reclusos que permanecen encerrados durante 16 horas por día, sin instalaciones sanitarias, ni luz artificial, sin actividad de ningún tipo y ni espacio para moverse. No tienen mesas, ni sillas, y los reclusos comen en la cama. Orinan y defecan en recipientes plásticos, excepto durante dos períodos de cuatro horas diarias cuando se abren las celdas y pueden acceder al baño y a un pasillo estrecho iluminado con luz de neón de aproximadamente 6-8 m2, que tiene un televisor y conecta cuatro celdas idénticas con un total de 40 reclusos. Los internos permanecen en estas condiciones sin ningún acceso ni a la luz del sol ni a espacios abiertos durante períodos que oscilan entre varias semanas y más de 6 meses, lo cual genera una sensación general de profunda angustia y desesperación”. (Informe completo)

Es preocupante al menos que del resumen del informe y las recomendaciones del relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Sr. Nils Melzer, la provincia de Córdoba sea la que más figura como ejemplo de las problemáticas más crueles, sin embargo nada ha cambiado, y los ejemplos saltan a la vista en cada reclamo llevado adelante por las personas privadas de su libertad en la provincia.

“Son seres humanos y tienen derechos”

En la concentración llevada a cabo ayer lxs familiares de personas privadas de su libertad hablaron con la prensa allí presente y con fiscales de turno a quienes les formularon las denuncias de los sucesos del día viernes por la noche. Uno de los relatos fue el de la hermana de una de las mujeres que denunció haber recibido golpes y torturas el viernes cuando reclamaron por la muerte de Janet: “Cuando se enteran que había fallecido Janet ellas empiezan a gritar, y ahí entra Ale (Directora de Bouwer Mujeres) con Carina Flores y otras guardias más”, según el relato telefónico de su hermana, y agregó que la directora dió la orden de reprimir y comenzaron a golpearlas, “sufrieron heridas y un hombro dislocado. Yo denuncié a Marisa Ale, a Sandra Gómez, Jefa de Seguridad y a Carina Flores”, ya que según el relato de la misma mujer, la Subprefecta Marisa Ale agarró una toalla con algo mojado con lo que asfixia a la mujer, quien se desvanece y se despierta luego ya en la celda. “Cuando yo me entero de lo que estaba sucediendo en Bouwer por las redes sociales, yo llamo a Bouwer y me dicen que no está pasando nada y que nadie murió, me voy a Bouwer y tampoco me dejan ingresar, le pregunto a unos policías para ingresar y me dicen que no pasa nada, que es un puterio barato. Yo iba a hacer la denuncia por mi hermana por todo lo que está pasando adentro por el Servicio Penitenciario. Ya hubo dos muertas, no les dan la medicación que les corresponde a las interna, ustedes saben mejor que yo lo que pasa allá adentro, las torturan, las cagan a palos a ellas ahí adentro y a los hombres también”.

El crudo relato, una historia diaria que se silencia tras los muros finalizó con una reflexión por parte de la mujer que acababa de denunciar en la Fiscalía lo que su hermana había vivido el viernes: “Son seres humanos, yo creo que a todos nos duele, tienen hermanas, tienen madres, tienen sobrinos, todos tenemos a alguien en esta vida, no seremos la familia Ingalls porque todos tenemos algún dolor, pero son seres humanos y tienen derechos, tienen que respetar los derechos de ellos, y si nadie puede hacer algo por ellos lo hagamos nosotros, nosotros los hagamos sentir. Son seres humanos también, no lo podemos permitir que sigan haciendo lo que les están haciendo a ellos”.

Parches pero nunca solución de fondo

En las últimas horas de ayer trascendió que una de las responsables que debería responder por los reclamos, la Subprefecta y Directora de Bouwer Mujeres, Marisa Miriam Ale, fue apartada de sus funciones mientras se realizaba la investigación de lo denunciado.

Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso la creación de un observatorio de prevención de la violencia de género y fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, que comenzaría a funcionar hoy martes, y estaría conformado interdisciplinariamente por profesionalxs del Polo de la Mujer, junto a la Secretaría de Justicia.

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