Hace dos días se hizo pública la noticia de un joven de 26 años privado de su libertad, quien reclamó sobre la situación de violencia en su pabellón y denunció estar en riesgo de muerte, para lo cual mostró cómo pudo llegar hasta Tribunales e ingresar a la sala de audiencia del juicio con una punta en su media.

El vergonzoso título utilizado fue “Marginal que desnudó a un sistema” y lejos de problematizar la situación denunciada de violencia dentro del contexto de encierro, los análisis de los medios de comunicación hegemónicos y de los voceros judiciales, rondó en las anomalías del Servicio Penitenciario de Córdoba que permitieron que la “punta” entrara hasta Tribunales II.

“Estoy muy mal, con riesgo de vida en la cárcel. Ahí donde estoy, hay peleas con otros (internos) y estoy amenazado de muerte. Adentro del pabellón hay armas”, expresó Juan Carlos Muñoz que tiene 26 años y debía declarar por un juicio de robo simple en su contra.

Finalmente fue condenado y -según trascendió- saldrá en dos meses, pero poco se habla de su reclamo sobre las miserables condiciones en las que él y las personas privadas de su libertad en Argentina viven diariamente. Sin embargo jueces y fiscales repitieron una y otra vez no haber sentido miedo, pero haber quedado sorprendidos de que haya podido sortear tantos controles con esa punta. “No consideramos que haya habido delito alguno” expresó el Fiscal Hugo Almirón a cargo de la causa. Claro, hablaba de Juan, ni se refirió al hecho que éste denunciaba tan dignamente.

No son los marginales que denuncian al sistema, son lxs olvidadxs, lxs excluidxs, auqellxs que sin posibilidad alguna de reclamar usan los más ingeniosos métodos para tratar de ser escuchadxs. Juan tiene 26 años las 3 veces que ingresó a la cárcel fue por robo simple o por hurto, sin embargo está en la superpoblada Bouwer, en el módulo de máxima seguridad. Nadie le dió -al menos eso quedó en claro en las declaraciones en los medios- una respuesta a su denuncia, y su vida seguramente sigue corriendo peligro, aún más hoy. Estas son las (i)responsabilidades y oídos sordos, eso que aquellxs privadxs de su libertad ven como moneda corriente.

Mucho Palo Noticias dialogó con la abogada Inés León Barreto, Docente en la Facultad de Cs Sociales, Ads. en Criminología, de la Facultad de Derecho, e Investigadora en CIFyH, para intentar dar un poco de luz a un tema complejo y muchas veces olvidado: la cárcel:

¿Este reclamo de Juan forma parte de las estrategias de supervivencia de las personas  privadas de la libertad?

Empezaria por este tema: si un interno desafió todas las consecuencias (que seguro estará sufriendo en este momento mientras nosotros leemos estas líneas) para llegar vivo a testificar a Tribunales, no cabe duda que se encuentra en riesgo su integridad física dentro del módulo en el cual está alojado y no encontró otro recurso para defenderse en caso de  suscitarse alguna contienda dentro del móvil del traslado.

¿En qué condiciones se realizan los traslados de Bouwer hasta tribunales?
La noticia recoge una denuncia gravísima y el riesgo físico también puede darse en el transcurso de ese recorrido hasta tribunales. Han sucedido accidentes de tránsito en los traslados desde las cárceles, por ejemplo, de Villa Dolores en el caso de testigos mujeres, y no podían salir del vehículo siniestrado por estar con medidas de sujeción y la puerta cerrada desde adentro. ¿La razonabilidad en la aplicación de las penas no debería trasladarse hasta esta instancia también? ¿En el tiempo en  que se realiza este itinerario, tienen posibilidades de recibir alimentos, agua, suficiente ventilación etc.?

El pabellón en el que se alojo a Muñoz es el MX1; alguien decidió que ese fuera su destino dentro de la cárcel. Hay responsables técnicos (Servicio Técnico criminológico, que luego de una entrevista individual debe concluir cuál es el lugar en el que debe alojarse a este joven) porque corre riesgo su vida en ese módulo? ¿Alguien  escucho, supervisó sus reclamos ante la violencia que denuncia? ¿Existen posibilidades de atención de aquellos que tienen consumo problemático de sustancias en esta Institución? ¿es el lugar en donde deberíamos atender a las vulnerabilidades presentes en la biografía de Muñoz?

Pero lo relevante aquí es, cómo históricamente se ha denunciado en sucesivos informes, la contradicción entre el cumplimiento de las garantías de un juicio justo; y las condiciones materiales en las que se resuelve esta situación. El cumplimiento de ser testigo en un juicio es más importante que llegar con vida a esa instancia. ¿Cuántos meses pasaron para que la justicia le dé la posibilidad de expresar su verdad en esta instancia, de cuantos disciplinamientos se vio sometido a lo largo de este tiempo?

Una segunda parte de esta pregunta sería quién es el responsable de estas situaciones de riesgo, hacinamiento, alimentación insuficiente o inapropiada, falta de atención médica, etc,etc. ¿Quien lo envió ahí? La justicia tiene alguna demora en llevar adelante estas cosas.

¿Cuales son las condiciones de la cárceles de córdoba?

Es imposible contestar tal pregunta lo podría hacer en varios tomos, pero sí podemos preguntarnos: ¿Lo que sucede en las cárceles continúa tras los altos  muros y socialmente nadie quiere ver?

Me parece interesante en esta oportunidad reflexionar acerca de que la cárcel es:  la foto final de una película en la cual, en primer lugar fallaron todas las instituciones sociales, educativas, de salud, que intervinieron o no pudieron contener suficientemente a este joven de 26 años.

A la cárcel se le pide que solucione conflictos que previamente han sido seleccionados como delictivos por una sociedad en un tiempo  específico.

No quisiera excederme de lo puntualmente  en cuestión; pero un grave punto institucional  que nadie refirió es la cantidad de personas que no cuentan sentencia y  con la calidad de efectivamente ser culpables por delitos que se les imputa  y sin embargo están alojadas en Bouwer; lo que dificulta las posibilidades de convivencia, de cumplimiento de las condiciones laborales de todos/as el personal que aloja cada una de los establecimientos. Cumplir con las garantías de los Derechos Humanos exige que todos los implicados en este sector de la ejecución realicen sus tareas acorde al desenvolvimiento de un estado de derecho.     

Las personas que llegan a la cárcel están marcadas, estigmatizadas por otras instituciones previamente. Es decir debe trabajar (según la ley exige debe capacitar para que comprenda y respete  la ley en pos de reinsertarse socialmente); sobre unas personas que la justicia, mediante una sentencia, eligió entre tantas denunciadas que habiten allí. Es decir, no elige a las personas sobre las que deberá actuar.

Una vez que las personas han recibido sentencia son derivadas a Bouwer o los distintos establecimientos de la Ciudad de Córdoba; a partir de ese momento el Estado es responsable de las condiciones y de la integridad de esas personas a través del Servicio Penitenciario de Córdoba y, su contralor a partir de la ley 24.660, de los Juzgados de Ejecución. Entonces cuando se plantean sucesos como el que se ha elegido mirar hoy y que no constituye la primera ni la última vez que sucede;  deberíamos poder vislumbrar y develar si como sociedad no debería preocuparnos en alguna medida la existencia o no de políticas penitenciarias claras, información transparente accesible y de calidad acerca de las vidas que habitan las instituciones de encierro, si las condiciones de esas vidas no constituyen parte de la Inseguridad que tanto nos aterra y pone en pánico social.

¿No deberíamos poner más atención en la integralidad de las políticas que conformaron a este joven, hoy «preso de estas vulnerabilidades», o, será  como lo expresa Butler que hay vidas que no merecen ser lloradas?.