El policía Chocobar a juicio por el fusilamiento de Juan Pablo Kukoc

Ayer se hizo pública la noticia de que el policía Luis Chocobar, quien en diciembre de 2017 fusiló por la espalda a un joven de 18 años desarmado, va a juicio oral y público.

El juez Nacional de Menores Cristian Axel Von Leers cerró la etapa de instrucción de la causa y elevó la causa a juicio, por lo que en las próximas horas se sorteará el tribunal que lo llevará a cabo.

Chocobar está acusado de “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber” por el fusilamiento de Juan Pablo, y la pena máxima es de tan sólo 5 años. Cabe recordar que en un video de una cámara de seguridad puede verse como el oficial Chocobar dispara al joven y este en el piso ya herido alza sus manos en señal de defensa pero el policía lo remata en el suelo.

Es a raíz de ese video -que se hizo público a partir de la visita de Chocobar a Casa Rosada, donde Macri y Bullrich lo felicitan por asesinar a Kukoc- que en enero de 2018, el juez de menores Luis Velázquez procesó a Chocobar por “homicidio agravado por uso de arma y en exceso de la legítima defensa”, trabándole un embargo de 400.000 pesos. Luego la Cámara del Crimen ratificó la causa, y modificó la carátula a “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”, lo que eleva la pena seriamente, mientras que la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó por “inadmisible” el recurso de la defensa de pedir la anulación de la elevación a juicio. Finalmente, los abogados del policía presentaron el recurso a la Corte Suprema, donde los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda consideraron que el recurso extraordinario no era admisible y que la causa debe ser elevada a juicio.

El abogado del policía le expresó a la agencia Télam que pedirá “su absolución en el juicio oral porque Chocobar cumplió con su deber“, utilizando las mismas palabras que, a pesar de lo indicado por jueces en diferentes instancias, repitieron incansablemente desde Casa Rosada, habilitando así una suerte de legalización del fusilamiento, que fue enmarcado en el protocolo de actuar policía que Bullrich firmó en noviembre pasado.

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