En el marco de una avanzada represiva por múltiples frentes el Gobierno porteño dispuso para marzo la incorporación de las pistolas eléctricas adquiridas por el Gobierno Nacional. Las mismas habían sido compradas mediante el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich pese a la oposición de la totalidad de los organismos de derechos humanos y de todas las indicaciones y dictámenes internacionales que exhortan a evitar su uso debido a su peligrosidad.
Las pistolas taser, a pesar de ser llamadas insistentemente por los medios hegemónicos «armas no letales» pueden llegar a serlo bajo diferentes situaciones, dependiendo de la condición de salud de la víctima, por dar un ejemplo. En distintos lugares del mundo se han registrado, con mayor o menor rigurosidad, muertes debido a su utilización.
Ello sin considerar que puede llegar a ser empleadas como elementos de tortura, convirtiéndose así en una picana portátil y, una vez más, avalada por el Estado.