Reflexiones sobre del estado de los juicios a los genocidas a diciembre de 2018

Por HIJOS La Plata

“El tortuoso camino de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, que supera en longevidad los 35 años de gobiernos constitucionales a los que cuesta cada vez más llamar ‘democracia’, sigue de pie pese a todo. Venimos señalando el otorgamiento masivo de domiciliarias, la decisión de hacer cesar las prisiones preventivas por efecto de la tardanza de la misma justicia. Va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios”. 

POSTRIMERÍAS DE LA JUSTICIA 

“Seguramente están esperando que la muerte, en su quehacer implacable, resuelva el problema. Pero se equivocan quienes así piensan, pues la vida –también en su quehacer implacable– trae nuevas generaciones activamente movilizadas, que continuarán la lucha contra la impunidad”. Nilo Patiño, integrante de Familiares de desaparecidos de Uruguay.  

El tortuoso camino de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, que supera en longevidad los 35 años de gobiernos constitucionales a los que cuesta cada vez más llamar “democracia”, sigue de pie pese a todo. El Estado militar argentino quiso salir del poder auto-amnistiándose. El radicalismo pretendió un juicio ejemplar a las cúpulas militares y policiales con código militar de referencia, permanencia en sus cargos de los verdugos y con impunidad negociada por ley. El desparpajo menemista ensayó borrar con el codo los pocos acuerdos conseguidos, devolviendo desde el peronismo el cínico “ni vencedores, ni vencidos”. El aliancismo estiró impunidades y puso a un dinosaurio genocida a conducir al Ejército. El kirchnerismo lo imitó pese a su fama de impulsar como ninguno la investigación de los crímenes del Terrorismo de Estado, claro está, además de ejercer como ninguno la represión en democracia. Ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano.

A tono con el clima de época de avance de la derecha neoliberal más rancia, que abandonó su anterior discurso temerario por la apelación abstracta a la unidad y la “posverdad”, y al que sin embargo subyacen los embates de un aparato represivo cada vez más aceitado contra las mayorías populares. En ese contexto, el estado actual de los juicios a los genocidas, que hace 6 años viene languideciendo por falta de impulso y consolidación, se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella que significa el proceso judicial y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2×1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva. Mauricio Macri, el mejor alumno de la dictadura cívico-militar, está enterrando la posibilidad de revisar el pasado reciente de manera completa y extendida. En este texto analizamos con datos certeros la situación de los juicios a los genocidas a 3 años de asumida la gestión a la que la cuestión de los Derechos Humanos sólo le ha servido como revancha política contra la anterior gestión, elemento importante para reflotar en un año electoral como el 2019.

EL BALANCE 

En este contexto, el balance anual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar el estancamiento general del proceso que se venía evidenciando, a lo cual se le suman las problemáticas típicas del estiramiento indefinido de las causas. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 10 de diciembre de 2018 el Estado argentino efectivizó 213 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 214 juicios hubo 1.416 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.233 condenas sobre 897 represores y hubo 162 absoluciones por un universo de 7.231 víctimas. (Los guarismos pueden verificarse en la BASE DE DATOS de HIJOS La Plata en www.hijosprensa.blogspot.com.ar)

Esto quiere decir que en 12 años de juicios alrededor del 47% del total de los 3.081 imputados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 29% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 10 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los más de 530 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

Además, si seguimos tomando como referencia el real actuante en la represión de 200.000 efectivos y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 3.081 imputados siguen representando una investigación sobre el 1,5% del total de los responsables y los 897 condenados menos de 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, más del 50% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, es decir más de 641 genocidas. Se suma a ello el dato de que unos 1.300 represores imputados en estas causas están en total y completa libertad. Estos datos son confirmados por más reciente informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (1). Ese informe agrega el preocupante análisis de que aún en la optimista hipótesis de que en los próximos meses los fiscales requirieran la elevación a juicio de 200 causas en instrucción, la finalización de esos procesos se produciría recién en 2025, y que la confirmación de las sentencias por parte de la Cámara de Casación Penal es la instancia donde se produce la mayor demora (dos años en promedio).

Este conjunto de elementos marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes y que es reflejado en el Registro Nacional de Casos de Tortura, que detectó sólo en 2017 a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de los agentes penitenciarios. (2) Ante esta realidad se nos invita a discutir formalmente la “razón humanitaria” para el otorgamiento de beneficios a los peores asesinos de nuestra historia. 

Con un pico de actividad en 2012 los juicios a los genocidas vienen decreciendo desde entonces tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. No se ha podido incrementar aquel tope de dos decenas y media de juicios cada año, ya que de 25 juicios en 2012, pasamos a 24 en 2013, 20 en 2014, 21  en 201519 en 2016, 25 en 2017 y 17 en 2018Pero además, este año hubo 17 represores absueltos en 7 juicios distintos, lo que es cada vez menos defendible como vigencia de la presunción de inocencia o garantía del debido proceso, y hace necesario profundizar las investigaciones llevadas a debate oral y afilar los criterios de fiscales y magistrados. 

El panorama es complejo y lejos se está de modificar el estancamiento general de estos procesos. Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 5 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores. No se ha avanzado suficiente respecto a los miles de policías y penitenciarios que participaron del Genocidio. Tampoco se ha profundizado en la ya innegable responsabilidad del tercer gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973-1976, y su caracterización como parte del Genocidio. Mucho menos se tocaron masivamente las complicidades civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical.  

JUICIOS CONCLUIDOS 

En 2018 se llegó a sentencia en 17 juicios orales en todo el país. El año comenzó en febrero con el fallo en la causa Escuelita 5″, donde el Tribunal Federal de Neuquén condenó a penas mínimas a 7 represores ya juzgados por los crímenes en ese CCD. El debate fue la consecuencia de separar los casos de 2 víctimas de los otros juicios ya realizados. Consecuencia de la tardanza murió impune mientras duraba el debate el genocida José Ricardo Luera.En marzo se conoció en Jujuy el fallo en la causa por los CCD de las Comisarías de San Pedro y 9na de la capital provincial. Allí 6 represores, entre ellos el oficial Arturo Morales, recibieron penas de 13 a 1 año por los secuestros y torturas de 6 víctimas.

En abril llegó en Córdoba el fallo de las causas “Vergés” y González Navarro” que con 19 represores imputados fue uno de los dos debates más grandes realizados este año. Sólo el genocida Jorge González Navarro, de la Brigada de Infantería Aerotransportada, recibió perpetua por 61 casos de personas confinadas en los CCD  “Campo La Ribera” y “D2”. El resto acusó penas de 17 a 3 años y hubo 6 absueltos. El debate incluía al genocida Luciano Benjamín Menéndez, pero la acción penal a su respecto se extinguió por su fallecimiento en febrero de este año. Por sus variadas responsabilidades como Comandante del 3er Cuerpo de Ejército recibió 14 perpetuas y 2 condenas menores desde 2008. También respecto a Córdoba, en abril pasado la Cámara de Casación hizo razón al fallo de la Corte Suprema que había revocado la absolución de los represores Pino Cano, Monez Ruiz y Lopez en juicio realizado en 2017 por crímenes cometidos en la Unidad Penal 1 de aquella provincia. Una buena.

En mayo se dictó en Santa Fe la sentencia contra los gendarmes Juan Ángel Domínguez y Adolfo Kushidonchi, por crímenes cometidos contra 40 víctimas en la Unidad Penal de Coronda. Tras el fallo Kushidonchi recibió el debido escrache al arresto domiciliario que cumple en la localidad bonaerense de Moreno.En junio llegó en Resistencia el fallo “Caballero 2”, con condenas a 11 represores por 10 casos de secuestros, tormentos y una violación ocurridos en la Brigada de Investigaciones de la policía de Chaco. Fue absuelto el represor del Ejército Miguel Pellozo.

En agosto se dictó en Corrientes el vergonzoso fallo que absolvió al coronel retirado, intendente de facto de la localidad Gobernador Virasoro y administrador de la estancia yerbatera María Aleida, Héctor Torres Queirel, en la causa que lo tenía como único acusado por el crimen de Marcelo Peralta, trabajador de la empresa yerbatera “Las Marías” y delegado de Fatre. Con tal decisión quedo impune el imperio del empresario Adolfo Navajas Artaza, procesado en 2008, pero apartado en un expediente donde se inhibieron 18 magistrados que se negaron a investigarlo.

En septiembre llegó a sentencia la causa “Hospital Posadas 2”, donde se condenó por segunda vez al represor del grupo de vigilancia “Swat” Luis Muiña a perpetua por el caso de Jorge Mario Roitman, siendo absuelto por el asesinato de Jacobo Chester. En la causa, por crímenes cometidos en el  “El Chalet” que funcionaba en el mismísimo hospital, también estaba imputado el “Swat” Argentino Ríos, que falleció durante el debate. Antes del inicio había muerto impune el genocida Reynaldo Bignone. Muiña fue el caso testigo en el que en mayo de 2017 los magistrados Rosenkrantz, Rosatti y Higthon de Nolasco decidieron aplicar el engendro jurídico del 2×1.

En septiembre se conoció la sentencia en el otro juicio grande realizado este año, como fue la causa “Campo Las Lajas y D2” de Mendoza. Allí, en el sexto juicio realizado en aquella provincia, 18 represores recibieron condenas varias entre la perpetua y los 4 años, y uno fue absuelto. A más de 40 años de los hechos fue la primera vez que se juzgó y condenó a miembros de la Policía mendocina.

En octubre llegó a sentencia en Santa Fe la denominada “Megacausa Rafaela“, que incluyó a 4 represores ya juzgados en otras causas, pero esta vez por delitos cometidos contra 7 víctimas en los CCD “La Casita”, Comisaría 4ta y Guardia de Infantería Reforzada. La sentencia reconoció los crímenes cometidos contra varios sobrevivientes, entre ellos Silvia Suppo, y en su caso 3s genocidas fueron condenados por un embarazo forzado y aborto forzado, considerados como delitos autónomos. El asesinato de Suppo en 2010 aún sigue impune.También en octubre se dictó una nueva condena en San Martín al represor Luis Abelardo Patti, esta vez por 9 casos, entre ellos el secuestro y asesinato del periodista y militante peronista entrerriano Ricardo Giménez.

En el mismo mes se conoció el fallo en San Juan por la llamada “Megacausa 2“, donde 13 represores recibieron condenas por 205 víctimas secuestradas y torturadas en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, la Penitenciaría de Chimbas, la Alcaidía de mujeres, la antigua Legislatura, la Central de Policía y “La Marquesita”. En este proceso 3 represores fueron absueltos, entre ellos Nicolás Dalmacio Manrique, que en democracia había llegado a ser director del Penal de Chimbas jefe de la Policía del gobierno de la Alianza en San Juan.Finalizando octubre llegó el fallo en la causa por los CCD “Puente 12” y Cría 1ra de Monte Grande, donde el TOF6 de Caba condenó a perpetua a Miguel Osvaldo Etchecolatz y al jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci por 125 casos. Sin embargo otorgó penas menores a otros 3 represores y absolvió a otros 4, entre ellos el oficial subinspector de Investigaciones José Félix Madrid, que cumple arresto domiciliario en calle 41 N° 1926 entre 133 y 134 del barrio platense de San Carlos.

En diciembre llegó a sentencia el importante fallo por el asesinato de la trabajadora y militante del PST Ana María Martínez, ocurrido en febrero de 1982. El TOF 1 de San Martín encontró culpables del secuestro y homicidio a Jorge Norberto Apa, Jefe Batallón de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y vocero de los genocidas detenidos, y a su jefe de personal, Raúl Guillermo Pascual Muñoz. La investigación y condena de crímenes cometidos sobre el final de la dictadura, como los casos Martínez o Cambiasso-Pereyra Rossi, siguen siendo de vital valor para determinar con exactitud la extensión del plan genocida.

También en diciembre llegó a sentencia la causa “Ford” por los delitos cometidos con actuación plena de esa empresa multinacional automotriz en su planta de General Pacheco. El TOF 1 de San Martín encontró culpables de secuestros y torturas de 24 delegados de la empresa al jefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros (15 veces condenado en causas de lesa humanidad) al gerente de Manufactura de Ford, Pedro Muller y al militar retirado y jefe de seguridad de la planta, Héctor Sibilla. Es la primera vez que una multinacional responde por crímenes de lesa humanidad, pero la condena de 10 años a Muller y de 12 a Sibilla no se hará en cárcel común hasta que se confirme la sentencia.

El último proceso llegado a sentencia fue la causa contra el comandante de la Fuerza Aérea Rubens Omar Graffigna y los agente de inteligencia de esa arma Jorge y Enrique Monteverde, por 9 casos de personas confinadas y torturadas en el CCD “Virrey Ceballos” del barrio porteño de Montserrat. Graffigna, último sobreviviente de los nueve comandantes del Golpe juzgados en 1985, recibió 15 años de prisión y Jorge Monteverde 13. La nota es que su hermano fue absuelto, pese a que varios testigos sobrevivientes los ubicaron actuando en unidad en el CCD como “Sota” y “Quique”.

Este año las dos causas específicas por el delito de apropiación de hijos de desaparecidos fueron la de la “Maternidad Campo de Mayo“, en la que en septiembre el TOF 3 de Caba condenó al jefe de Institutos militares, Santiago Omar Riveros, e inexplicablemente decidió absolver al médico a cargo del Hospital Militar, Raúl Martín. La causa incluyó la sustracción y retención de los bebés de 9 mujeres (Beatriz Recchia de García, María Teresa Trotta, Rosa Luján Taranto de Altamiranda, Celina Amalia Galeano, Paula Elena Ogando, María Cristina Cournour de Grandi, Ana María Lancilotto de Mena, María Eva Duarte de Aranda y Valeria Beláustegui Herrera), así como por los secuestros y torturas aplicadas a Trotta, Taranto, Galeano y Ogando, todas embarazadas.

Finalmente en octubre llegó en Paraná el fallo en la “Causa Negro-Valenzuela”, donde los médicos del Hospital Militar e Instituto Privado de Pediatría (IPP) Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi fueron sentenciados por la sustracción de los hijos mellizos de  Edgar Tulio Valenzuela y Raquel Carolina Ángela Negro, que nacieron en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná.   

NUEVO ESCENARIO 

La llegada del ex abogado de varias multinacionales, Carlos Rosenkrantz, a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca el nuevo escenario que afronta la justicia toda en nuestro país, con ribetes especiales en las causas de lesa humanidad. En noviembre pasado el ex abogado de Cablevisión, Clarín, La Nación, La Rural S.A. y McDonald´s le dio una nota a Carlos Pagni en La Nación. Cuando el periodista le preguntó qué sintió cuando votó a favor del 2×1 al genocida Muiña y se llenó la Plaza de Mayo con una manifestación en contra respondió: “Cuando uno decide un caso difícil lo tiene que hacer mirando solo los hechos del caso y las normas aplicables” y agregó en desafortunada metáfora futbolera que “Elizondo echó a Zidane en el mundial de 2006 porque le había pegado un cabezazo a un rival. No le importó que fuera el capitán de Francia, ni su último partico, ni la final del Mundial. Lo ismo debe hacer un juez. El 2×1 era un caso fácil en términos de interpretación constitucional y lo decidí sin mirar a la tribuna”. (3)

Vale aclarar que la opinión, lejos de ser el parecer de un panelista deportivo, corresponde al mentor del infame fallo que intentó hacer pasar, la aplicación a los genocidas de una figura como el 2×1 no pensada para tales casos, con una ley sancionada mucho después de que se cometieron los crímenes de la dictadura genocida y derogada antes de que el represor que la invocó fuera privado de su libertad. Sólo el rechazo total a la medida desde sectores judiciales, académicos, políticos, sociales y de los organismos de DDHH, pero esencialmente la multitudinaria movilización que Rosenkrantz define como “la tribuna”, logró echar atrás la decisión con una ley del Congreso que impidió su aplicación. Sin embargo el hecho se propagó como un reguero de impunidad porque decenas de represores pidieron su aplicación en todo el país, y alertó sobre la posibilidad cierta de que más de 270 genocidas quedaran libres si se daba curso al pedido.

El hecho tuvo un antecedente no tan mencionado: la aplicación del 2×1 al represor Alejandro Duret, condenado en Mar Del Plata a 15 años de prisión por la desaparición de Carlos Alberto Labolita, y beneficiado en 2016 por los jueces Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris. En este sentido, para quienes revisamos cotidianamente la situación de las causas es útil dar a conocer que se está dando un festival de recursos de parte de los represores tanto procesados como condenados en La Plata, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones.

Utilizando a su favor la tardanza del Estado en estos procesos, también avanzan con los pedidos de cese de prisión preventiva. Y lo peor de todo, la excarcelación de varios represores por la baja pena recibida en los juicios orales. Así, este año fueron excarcelados 2 represores condenados a 13 años por delitos cometidos en el CCD La Cacha: Claudio Grande y Rufino Batalla. Así, el fallo “Batalla” de la remozada Corte Suprema prohibiendo la aplicación del 2×1 a casos de lesa humanidad es testigo en varios sentidos. Lo que no consiguió el represor por izquierda, mediante el 2×1, lo consigue por derecha por el extraño criterio de los jueces de que al momento de computar penas no hay agravantes aunque se trate de delitos gravísimos e imprescriptible, aunque sí hay por no haber cometido antes otro genocidio.

Otro fallo de la justcia platense alumbra sobre este análisis: el juez Germán Castelli determinó al analizar la situación del genocida Etchecolatz que “se encuentra cercano a cumplir 21 años en detención y le resta poco más de 4 años para agotar su pena y el presente proceso no añadirá otros tiempos de detención. A esta altura, debemos preguntarnos qué interés puede tener el nombrado en eludir la justicia, frente a dicho favorable panorama penal y, en último caso, constitucional. El suscripto no aprecia ninguno y ello coadyuva a la concesión de la prisión domiciliaria”. ¡21 años de detención! ¡Y a cuatro de agotar su pena! A rigor de verdad, el genocida cumplió 4 años de condena por la sentencia de 23 años del juicio de la Causa 44 de 1986 y fue indultado en 1990.

Luego fue detenido en abril de 2001 por la causa Gallo-Sanz y, tras recibir más procesos y condenas, nunca recuperó la libertad total. Ahora pensar que lo de Castelli es sólo un dislate matemático que ni siquiera cierra tomando la fecha inicial de detención de 2001, ya que los 21 años se cumplirían en 2022, nos impide pensar que aquí lo que se juega es el sentido amplio de los procesos contra los genocidas de la última dictadura.

Desde HIJOS venimos señalando el otorgamiento masivo de domiciliarias, la decisión de hacer cesar las prisiones preventivas por efecto de la tardanza de la misma justicia, el comienzo de los otorgamientos de libertad condicional por las penas bajas dictadas a algunos represores, y en definitiva, como lo muestra el caso Etchecolatz, la relativización general de la pretensión punitiva que tienen estos procesos. Ahora señalamos las graves contradicciones que tienen estos procesos en su etapa final de concreción.

Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios. Nosotros seguiremos exigiendo mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio. 

Seguimos exigiendo:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.NO AL 2X1. NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES. 

Notas:

(1) https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2018/12/LESA_informe-estadistico-anual-2018.pdf

(2)   https://www.ppn.gov.ar/?q=Se_encuentra_disponible_el_Informe_Anual_2017_del_Registro_Nacional_de_Casos_de_Tortura_y/o_Malos_Tratos 

(3)   https://www.lanacion.com.ar/2190572-carlos-rosenkrantz-el-tema-del-impuesto-a-las-ganancias-no-es-la-consagracion

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