En medio de la crisis económica, el desempleo, el hambre, la pobreza y la inflación, el gobierno de Macri destina fondos para perseguir e investigar a un joven que posteo una canción en Twitter, una vez más.

A meses de asumir la gestión de Cambiemos, dos jóvenes que tuitearon sobre poner una bomba en Casa Rosada fueron detenidos, sus casas allanadas, y se les inició una causa penal. Un año después se conocía el caso de Nicolás Lucero, quien durante un año fue investigado por la policía especializada por tuitear una canción de cancha que habla de que la hinchada de Boca mata a alguien, y que “ni la Federal te va a salvar”. El joven de José León Suárez declaraba luego de conseguir la libertad decía: «Yo no soy ni k ni nada no me interesa la política, no puedo creer que por tuitear una canción de cancha me lleven preso». La situación no quedó ahí, y luego de perder su trabajo tuvo que buscar un abogado para poder enfrentar los cargos en su contra.

Igual situación vivieron varixs jóvenes en Argentina en el último año. Recientemente se conoció el caso de Gastón Ramos, de 28 años, que varios meses atrás perdió su trabajo producto de la crisis y tuiteó una canción de Las Manos de Filippi, en medio de una situación de enojo comprensible frente a la pérdida de su trabajo por la situación general del país. El joven oriundo de Senillosa, Neuquén, contó que la policía irrumpió de manera violenta, con una camioneta de la que bajaron cinco oficiales que portaban armas, para entregarle un oficio de una denuncia por “incitación a la violencia” contra el presidente Mauricio Macri.

Luego trascendió que cuatro días más tarde Ramos se presentó en el juzgado Federal número 2, a cargo del juez Gustavo Villanueva, y allí le notificaron que la denuncia era por “un tuit contra Macri, no sólo eso, sino que en dicho juzgado todo el tiempo me quisieron instigar a que debía designar como defensa al defensor público, a lo que me negué», según denunció el joven.

El gobierno abre causas penales contra este tipo de expresiones en las redes sociales, sin embargo, y al margen de que las expresiones en ellas son parte de la libertad de expresión y que en sí mismas tienen sus políticas de seguridad y bloqueo de posteos que puedan proferir amenazas, discriminación, etc, no actúa de igual manera cuando hay amenazas de muerte a la lucha de las mujeres por el aborto legal, cuando hay comentarios de incitación a la violencia frente a femicidios, cuando la misma policía hace amenazas en sus perfiles personales indicando que hay que matar a lxs pobres, negrxs, feministas etc.

¿Con qué vara mide la libertad de expresión el gobierno? Ese gobierno que dice que es legítima defensa toda vez que un policía saca un arma y mata a unx pibx. ¿Quién defiende a lxs pibxs de los barrios ante la amenaza de Patricia Bullrich que le da vía libre a la policía para matar, a la gendarmería para requisar carteras y bolsillos en la cotidianidad diaria, armados hasta los dientes, ejerciendo un control en ámbitos que no están en su esfera de preparación? ¿Cuál es la vara entonces, a quién le denuncia el pueblo la amenazante situación que la pobreza y el desempleo generan en la gente cada vez que el gobierno nacional sale a ajustar, a subastar dólares o a endeudar al pueblo a 30 o 40 años con el FMI?