No es un policía, es la institución, la justicia, y un estado que los protege

Hace unos meses se supo que el toxicológico de los policías acusados del asesinato de Facundo Ferreira de 12 años, en Tucumán, daba positivo. Hace sólo 20 días se conocía que el señalado de disparar había estado recogiendo evidencias de la escena del crimen que él mismo había cometido horas antes. Ahora, el otro policía imputado fue detenido por robar una cartera durante el fin de semana. Por su participación en el asesinato de Facundo estaba libre y en pleno ejercicio de sus funciones.

Durante el fin de semana se conoció la noticia: Nicolás Montes de Oca (24), uno de los dos policías imputados por el homicidio de Facundo Ferreira, quedó detenido mientras era perseguido por otros efectivos porque acababa de robar una cartera en la ciudad de Banda del Río Salí, a tres kilómetros de San Miguel de Tucumán.
El hecho fue cometido a bordo de una motocicleta y la policía, avisada por testigos del robo, lo persiguió hasta detenerlo y al revisar sus pertenencias se dieron con su carnet policial y la cartera sustraída.

La Policía de Tucumán lo pasó a la condición de “pasivo por proceso” y le abrió un sumario administrativo, lo que implica que no va a prestar funciones como policía y que va a percibir la mitad de su sueldo. Sólo si recibe una condena por el hecho o si pasa dos años imputado sin ser sobreseído puede ser separado de la fuerza y dejar de percibir su salario.

Fusilar a un niño de 12 años: un acto de servicio

El policía Montes de Oca, es uno de los policías que junto Mauro Díaz Cáceres están imputados por “homicidio agravado” por la muerte de Facundo Ferreira. Ninguno de los dos fue cesanteado de las funciones policiales luego de asesinar a un niño de 12 años. Díaz Cáceres (quien se sabe por la investigación que efectuó el disparo) estuvo preso dos días, cuando a ambos policías les dió positivo el examen toxicológico. Declaró y quedó libre; libre y armado.

Según el jefe de Policía de Tucumán, José Díaz, “Los dos (policías) seguían formando parte de la fuerza. Hacían tareas de logística y mantenimiento en las comisarías, sin contacto con el público y sin armas”. El mismo Díaz explicó que Montes de Oca y Cáceres no fueron separados luego de la imputación por el asesinato de Facundo por tratarse de un “acto de servicio”, pero que el robo de la cartera fue “fuera de la órbita de sus funciones como policía”. Una cartera vale más que una vida, ya es una verdad a voces, aunque es más peligroso que asesinar a un niño de 12 años sea considerado por la institución policial un “acto de servicio”.

En Tucumán una cartera, en Córdoba una campera: la propiedad privada como prioridad

El pasado 19 de septiembre se cumplió en Córdoba el tercer aniversario del fusilamiento de Rodrigo Sánchez, de 16 años. En estos años de ardua lucha de su familia se logró que la investigación arroje algunas certezas: Rodrigo no estaba armado, fue asesinado a quemarropa, y el ejecutor del disparo -el policía Lucas Carranza- tenía en sangre marihuana, alcohol y cocaína al momento de fusilar a Rodrigo. Sin embargo ninguna de estas razones, por las cuales está imputado de “homicidio agravado”, habían sido suficientes para ponerlo preso ni alejarlo de sus funciones de policía. Sin embargo el año pasado fue noticia que el uniformado robó una campera en un shopping de la ciudad. Por este hecho sí quedó detenido en la cárcel de Bower.

La tía de Rodrigo, Romina Ludueña, dijo en aquel momento: “La justicia le da más valor a una campera, a un celular, que a una vida; para la justicia tenía mas valor la campera, por eso sí va preso, por matar a un pibe, no”. El dolor se evidencia en esa realidad que se nos pone enfrente: el valor de la propiedad privada sobre el valor de la vida humana. En el pensamiento de un policía asesino, que ejerce su función bajo los efectos de la droga, manipulando un arma, con balas de plomo, está realizando un “acto en servicio”.

Hoy la institución policial se maneja bajo estas premisas, absurdas para cualquiera, absolutas para las fuerzas represivas, que además encuentra el amparo de la justicia, y el aval del estado, complices indiscutibles en cada historia de gatillo fácil en nuestro país, porque no es un policía, no es un juez, no es un fiscal, no es un político, es todo un sistema que está pensado para descartar a lxs pobres, a lxs jóvenes, a lxs que luchan, para resguardar ante todo la propiedad privada.

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