El arma reglamentaria: la ventaja del policía femicida

En un Estado capitalista, patriarcal y represivo, sin dudas, la institución policial tiene un lugar no menor, en la reproducción del sistema patriarcal.

Cuando se problematiza un vínculo violento, no es un dato aislado, que el hombre forme parte de alguna fuerza del Estado. El arma comienza a jugar tanto en las formas de opresión, manipulación y maltrato hacia las mujeres, como también en el miedo de lo que implica realizar una denuncia a una persona que forma parte de las fuerzas por las mismas vinculaciones y por las posibles represalias.

Lamentablemente cada año hay más casos de femicidios en manos de uniformados. El pasado lunes 10 de septiembre por la tarde en Barrio Chateau, Ricardo Nicolás Campos, asesinó de un disparo con su arma reglamentaria a su esposa, Cristina Rodríguez. Cristina tenía 3 hijos, y murió tras recibir un balazo de 9 milímetros por la espalda. El oficial Campos intentó explicarlo como un accidente, esa tarde en el domicilio donde ocurrió el femicidio se realizó un despliegue policial propio de un allanamiento a una banda narco, que generó un hermetismo y un cerco de información con lxs vecinxs y los medios de comunicación.

Fuente: Facebook persnal del femicida

Menos de una semana pasó y el domingo 16 de septiembre, Carlos Monjes, cabo de la Policía de Córdoba, asesinaba a dos mujeres de 20 y 54 años. Luego Monjes se suicidó con su arma, la última que le quedaba, el resto las había vaciado contra los cuerpos de su ex pareja Magalí Ariadna Pérez, embarazada y madre de un pequeño de 5 años, y de Nancy Beatriz Pérez, madre de Magalí. Un doble femicidio sucedía nuevamente a manos de un oficial de policía, con su arma reglamentaria, en menos de una semana.

En un informe realizado por Cosecha Roja el día lunes 17 de Septiembre, detallaron la situación que rodeaba este doble femicidio, y arrojaban datos de la situación en la provincia de Córdoba al respecto de policías femicidas.

Córdoba: un policía mató a su ex novia embarazada y a su ex suegra
Magalí Peréz tenía 21 años, estudiaba psicología y tenía una hija de cinco años. El domingo a la madrugada ella y su mamá fueron asesinadas por Carlos Eduardo Monje, quien después se suicidó con el arma reglamentaria.
Carlos Eduardo Monje sacó su arma reglamentaria, una Bersa 9 milímetros, y amenazó a su ex novia, Magalí Pérez. La ex suegra, Nancy Beatriz Pérez, se abalanzó para defender a su hija. Carlos no lo dudó: comenzó a gatillar contra ambas, una, dos, diez veces. Siete contra su ex y tres contra la madre de ella.
Magalí tenía 21 años, una hija de 5 y estaba embarazada. Cursaba segundo año de psicología y este año se había inscripto en la Escuela de Suboficiales. Ella y Carlos eran policías.
La discusión del domingo a la madrugada era la misma de siempre. Él le pedía que volvieran. Ella lo había dejado después de vivir dos semanas juntos y descubrir que era violento y controlador. Desde ese momento, Monjes pasaba horas frente a la casa de la madre de Magalí, a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en La Calera, a donde ella se había mudado.
Al igual que en la masacre de Traslasierra, donde en junio de este año Federico Chulo Cortéz asesinó a su suegra, a su cuñado e intentó matar a su ex pareja, la madre de Magalí también intentó defender a su hija poniendo su propio cuerpo entre ella y el femicida. Magalí y Nancy murieron en el acto. Con la última bala, Carlos se suicidó.
Carlos tenía dos denuncias por violencia de género de su anterior pareja y acababa de salir de una carpeta psiquiátrica en la Policía de Córdoba, donde después de distintas pericias psicológicas, le devolvieron el arma reglamentaria. Hace una semana, también en Córdoba, el policía Ricardo Nicolás Campos le disparó a su esposa, Cristina Rodríguez. Dijo que todo pasó cuando se estaban preparando para ir al cine. Que él estaba limpiando el arma y se le escapó un tiro. La fiscal Betina Croppi, la misma que interviene en el doble femicidio de La Calera, lo detuvo y lo imputó por “homicidio calificado por el vínculo”.
Según el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal de Superior de Justicia de Córdoba, en el 26 por ciento de los femicidios el imputado se suicida. Relevamientos hechos por Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) van más allá y aseguran que de 10 femicidas, 4 terminan con su vida después de matar.
De haber quedado vivo, Carlos hubiese sido imputado también por “femicidio vinculado”, figura que aplica cuando el asesino mata a personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, con el fin de castigar o destruir psíquicamente a la víctima directa sobre la cual ejerce la dominación, o cuando asesina a quien intenta impedir el femicidio.
El último informe presentado por La Casa del Encuentro, entre 2009 y 2015, dice que al menos 116 femicidios fueron cometidos por uniformados, activos o retirados. El relevamiento agrega que actualmente hay 222 efectivos de fuerzas nacionales que deben dejar a sus superiores su arma reglamentaria al finalizar su horario de servicio por estar denunciados por violencia contra sus parejas o ex. En el caso de Magalí y su mamá, el arma quedó en manos del femicida.
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No se puede perder de vista que el hombre cuando forma parte de alguna fuerza del Estado y ejerce violencias hacia la mujer tiene que ser evaluado como un indicador de alto riesgo para la aplicación de medidas de resguardo de las mujeres.
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