En la mañana del día de hoy el presidente Mauricio Macri anunció cambios en las FFAA. Como se venía rumoreando en varios medios de comunicación, y como lo venía expresando en otras declaraciones el propio gobierno, le atribuye a las mismas la potestad de poder participar en la seguridad interior, medida actualmente ilegal en Argentina, según la ley de Defensa Nacional (Ley 23.554 de 1988).

“Queremos saldar la deuda que tenemos con las fuerzas armadas de la democracia”, fue la frase con la que el presidente comenzó a explicar la serie de reformas en relación al papel de las Fuerzas Armadas, y es difícil no preguntarse cuál es la deuda, a sólo 42 años de la última dictadura cívico-militar que dejó más de 30000 desaparecidxs, con las FFAA de Argentina.

Puntos a destacar en el anuncio:

“Es importante que puedan cooperar en la seguridad interior, brindando apoyo de carácter estratégico y logístico en la zona de frontera, e interviniendo frente a la prevención de eventos de carácter estratégico”. Sin embargo, en Argentina existen producto de un extenso proceso pos dictadura las leyes de Defensa Nacional (Ley 23.554 de 1988), de Seguridad Interior (Ley 24.059 de 1992), del Servicio Militar Voluntario (Ley 24.439 de 1994), de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (Ley 24.948 de 1998) y de Inteligencia Nacional (Ley 25.520 de 2002). La Ley de Defensa Nacional apunta a garantizar el ejercicio de la autoridad civil, la no intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos políticos internos, la regulación desde una perspectiva restrictiva de la participación militar en seguridad interior; y el apuntalamiento de una organización militar de base conjunta. De forma complementaria, la Ley de Seguridad Interior regula la participación de las FFAA en actividades de seguridad interior, garantizando que ésta sea excepcional y ajustada a casos concretos.

“Las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial “. En este punto se derogaría el Decreto 727/2006, que establece que los militares únicamente podían actuar ante un ataque de un Estado externo.

“Es clave que puedan apoyar nuestra política exterior, contribuyendo nuestra integración al mundo, con mayor presencia en operaciones de paz de la ONU” y la “Intervención en asuntos de ciberespacio”; dos temas que también son delicados y han motivado reclamos y debates en los últimos años.

Anunció también nuevos reglamentos de tareas, mejoras salariales, más interacción y fortalecimiento de la industria armamentista, y una currícula de formación orientada a las nuevas tecnologías.

En la declaración, que duró alrededor de 7 minutos no dejó claro ni cómo efectuará los cambios, ni explicó el carácter de la medida tomada sobre seguridad interior que justifique modificar una ley que lleva años vigente y que fue producto de una profunda reflexión sobre el rol de las FFAA de cara a la última dictadura, en la que sus integrantes también provenían de una democracia.

Sin embargo el anuncio no sorprende, ya durante el año 2016 realizaron modificaciones al respecto de la autonomía de las FFAA, y expresaron abiertamente su deseo de incorporar a las FFAA en materia de seguridad interior. Deseo que fue repudiado por espacios de DDHH en todo el país, y que hoy se decide llevar adelante con un decreto que se visualizarán mañana en el Boletín Oficial.

En repudió a la medida anunciada por el Presidente Mauricio Macri, el espacio Memoria, Verdad y Justicia emitió un comunicado en repudio, declarando que: “…Para que quede claro, Macri afirmó que la Argentina necesita ‘fuerzas armadas que sean capaces de enfrentar’ los ‘desafíos y amenazas’ del siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo internacional. El gobierno que dijo que Santiago Maldonado estaba en Chile; el gobierno que respaldó a la Prefectura ante el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel; el gobierno que reprimió a trabajadores, legisladores y vecinos con cacerolas, que se oponían a la Reforma Previsional; el gobierno que reivindica la teoría Chocobar y el gatillo fácil; el gobierno que desde su asunción niega el genocidio, impulsa el 2×1 para crímenes de lesa humanidad y respalda la prisión domiciliaria de los genocidas; nos dice que su manera de “modernizarse” para los tiempos que vienen es volver a habilitar a las FFAA para la represión interna.”