Desde organizaciones de DDHH, ONGs y Organizaciones en general, se viene denunciando que el nuevo intento de “bajar la edad de imputabilidad” , anunciado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich es un nuevo capítulo de la criminalización de los niños, niñas y adolescentes en Argentina.

«Advertimos a la sociedad que la propuesta es ineficaz y anticipamos que sólo empeorará y reforzará la violencia que pretende resolver, estigmatizará a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más pobres, reforzando su vulnerabilidad a la persecución policial y profundizará la política de abandono de las políticas sociales, educativas, de salud y de desarrollo social por parte del Estado» así se expresaban desde el espacio organizado de #ArgentinaNoBaja, como parte de una declaración que denunciaba el carácter repudiable de la baja de la edad de punibilidad.

Recientemente la pagina de facebook del espacio Argentina NO Baja, publicó una serie de artículos que el comité sobre los Derechos de los Niños de la ONU emitió donde recomendaba explícitamente a la Argentina no bajar la edad de punibilidad:

«EL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE LA ONU ACABA DE EMITIR LAS RECOMENDACIONES PARA LA ARGENTINA, EN LAS CUALES SE DESTACA NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD.

El texto expresa en sus artículos 43 y 44 lo siguiente:

43. El Comité sigue profundamente preocupado por el hecho de que la mayoría de sus recomendaciones anteriores relativas a la administración de la justicia de menores aún no se hayan aplicado (CRC/C/ARG/CO/5-6, párr. 80). Le preocupa especialmente que:

a) El sistema de justicia de menores sigue estando administrado por la Ley Nº 22278, a pesar de su incompatibilidad con la Convención;

b) Persiste la práctica discrecional de detener a niños, niñas y adolescentes para su `protección’, y no necesariamente por haber cometido un delito;

c) El hacinamiento, la nutrición deficiente, las instalaciones inadecuadas de cama y saneamiento, junto con la falta de oportunidades de educación y capacitación, han dado lugar a condiciones de vida espantosas en muchos centros de detención de menores;

d) Se sigue internando a un gran número de niños en centros correccionales y educativos para menores que están aislados de la comunidad en general y tienen un contacto limitado con la familia;

e) A pesar de que el Estado parte tiene la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 de abstenerse de condenar a los niños a cadena perpetua o a penas equivalentes, las sentencias dictadas posteriormente por los tribunales de algunas provincias han dado lugar a penas de entre 20 y 27 años.

44. Reiterando sus recomendaciones anteriores, y en relación con su Observación general Nº 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de menores, el Comité recomienda que el Estado parte:

A) APRUEBE UNA LEY GENERAL DE JUSTICIA DE MENORES QUE SE AJUSTE A LA CONVENCIÓN Y A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE JUSTICIA DE MENORES, EN PARTICULAR EN RELACIÓN CON LA GARANTÍA DE QUE LA DETENCIÓN SE UTILICE COMO ÚLTIMO RECURSO Y DURANTE EL PERÍODO MÁS BREVE POSIBLE, Y DE QUE NO INCLUYA DISPOSICIONES QUE AUMENTEN LAS PENAS O REDUZCAN LA EDAD DE RESPONSABILIDAD PENAL;

b) Aborde urgentemente los centros de detención de todas las provincias y vele por que cumplan las normas internacionales y por que exista una supervisión independiente;

c) Promover medidas no judiciales, como la remisión de casos, la libertad condicional, la mediación, el asesoramiento o los servicios a la comunidad y, siempre que sea posible, utilizar medidas alternativas al dictar sentencia

d) En los casos en que la detención sea inevitable, velar por que los niños no sean detenidos junto con adultos y por que tengan acceso a su familia o a un tutor;

e) Cumpla plenamente la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se abstenga de condenar a niños y niñas a penas que puedan equivaler a cadena perpetua;

f) Vele por que se preste asistencia letrada gratuita, cualificada e independiente a los niños en conflicto con la ley en una etapa temprana del procedimiento y durante todo el proceso judicial;

g) Solicite cooperación técnica a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y al UNICEF, entre otros organismos.

DESDE ARGENTINA NO BAJA APELAMOS A QUE ESTADO ARGENTINO CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU EN TORNO A LAS POLÍTICAS PARA ADOLESCENTES».

Aquí podes acceder al texto completo.