Ratifican sentencia a guardiacárcel por salvaje golpiza a un interno días despues de un duro informe internacional sobre las cárceles

A pocos días de la visita de un observador internacional y su durísimo informe sobre las cárceles del país, y de Córdoba en particular, la justicia confirma la condena a un guardiacárcel por golpear salvaje y cobardemente a un interno maniatado.

Carlos Eduardo López es el nombre del miembro del Servicio Penitenciario que fue juzgado por el hecho que sucedió en 2005 y condenado 2 años y 6 meses de prisón (no cumplidos entonto el fallo no estaba forme) y 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La condena emitida por el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba fue por el crimen de apremios ilegales agravados por el uso de violencia, y fue apelada para llegar finalmente a la Cámara Federal que es la que ratifica -13 años después- el fallo en su totalidad.

Carlos López es el único condenado. En el expediente consta que golpeó salvajemente durante 12 horas a Walter Rubén Ordóñez, quien previamente había sido atado con las manos colgando desde el arriba, en el pabellón de aislamiento. El certificado médico del Servicio Penitenciario sólo señalaba “lesiones leves”, sin embargo, entre la constatación real de las lesiones mediante peritos y los testimonios de otros reclusos que escuchaban los gritos, el Tribunal decidió ratificar el fallo, destacando en él la declaración de otro preso: “Era común que a los internos (en el pabellón de los aislados) los llevaran a un patio, los hacían cagar y después lo guardaban de nuevo”.

Walter Ordóñez, la víctima, en la presentación de su novela escrita en la cárcel, en 2013

Duro informe internacional sobre las cárceles

La sentencia se produce días después de que se hiciera público un durísimo informe preliminar de Nils Melzer, observador internacional de la ONU, sobre la situación de las cárceles en nuestro país, y particularmente en Córdoba.

En el informe, Nils resalta que Argentina “es responsable de una generalizada, persistente y seria violación” de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que “no existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole respecto de cualquier acción u omisión de los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables”.

Por otra parte, hace mención a la continuidad de ciertas modalidades heredadas de la dictadura: “Tengo la impresión de que parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad, y disimulado en el marco de la política de seguridad pública, corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso, con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso”.

Sobre Córdoba en particular, es lapidario: “una numerosa cantidad de personas alojadas en la cárcel de Cruz del Eje informó que habían sido golpeadas duramente mientras se encontraban encadenadas a las camas de metal durante varios días o que habían sido colocadas en posiciones de estrés dentro de celdas de aislamiento por períodos prolongados”. También agrega que “de manera similar, en la cárcel de Bouwer, los internos declararon haber sido encadenados o esposados de pies o manos por períodos que oscilaban entre varias horas y tres días”. También agregó: “En la penitenciaría de Cruz del Eje, en Córdoba, la falta sistemática de acceso a la atención de la salud aparentemente causó varias muertes de personas detenidas en 2017 y en los primeros meses de 2018”.

Específicamente sobre el Complejo Esperanza, dijo: “Me alarma en especial el castigo disciplinario que supuestamente se utiliza, donde varios reclusos informaron haber sido sujetados de pies y manos a sus camas, en una situación de aislamiento total, y a veces durante varios días consecutivos. También recibí denuncias de abuso sexual entre internos, sin intervención adecuada por parte del personal”.

Sobre el neuropsiquiátrico carcelario de Cruz del Eje, el informe dice que “el personal penitenciario no parece estar suficientemente capacitado para cuidar de pacientes con necesidades específicas y, según los relatos, tiende a recurrir a medios de sujeción física como, por ejemplo, atar a los pacientes a sus camas, o amenazar y golpear a los pacientes con el fin de controlarlos”.

La Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba no se queda atrás: “En cada celda hay 10 reclusos que permanecen encerrados durante 16 horas por día, sin instalaciones sanitarias, sin luz artificial, sin actividad de ningún tipo y sin espacio para moverse. No tienen ni mesas ni sillas, y comen en la cama. Orinan y defecan en recipientes plásticos, excepto durante dos períodos de cuatro horas diarias cuando se abren las celdas y pueden acceder al baño y a un pasillo estrecho iluminado con luz de neón”.

Podés leer el informe completo aquí.

Por supuesto, el Servicio Penitenciario de Córdoba emitió un comunicado desmintiendo que las cárceles no cuenten con las condiciones necesarias y legales para el tratamiento penitenciario de los internos y remarcando que las celdas de aislamiento ya no existen.

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