Total normalidad – Los medios hegemónicos y el montaje del “antiterrorismo”

Con un tratamiento periodístico ligero, el pasado domingo se publicó en el diario La Voz la nota titulada “Qué hace en Córdoba la División de Inteligencia Antiterrorista”, que da cuenta sobre algunos aspectos de su funcionamiento, entre los que se remarcan el seguimiento de militantes en sus redes sociales y “en el terreno”, y la incorporación de la figura del psiquiatra a los fines de “elaborar perfiles”. Bajo el difuso y reciclado concepto de “antiterrorismo”, desde el Gobierno Provincial -en consonancia con el nacional- y los medios hegemónicos se busca legitimar mediante una mirada positiva las tareas de inteligencia y persecución sobre diversos actores sociales.

En el contexto de una avanzada represiva tanto a nivel nacional como provincial, de persecución a cualquier tipo de oposición, con las heridas abiertas de lo que fueron las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en manos de las fuerzas represivas estatales, con la reciente y sangrienta represión llevada a cabo en las afueras de un Congreso militarizado en donde se debatía -y aprobaba- la reforma previsional-, todo ello orquestado junto a los medios hegemónicos, y ahora con el agravante de la aparición de supuestos atentados o intentos de atentados inverosímiles, la estrategia hace rato viene siendo la poco novedosa pero efectiva construcción de un enemigo interno.

Funcional desde varios puntos de vista, pero principalmente como forma de correr el foco del rumbo político-económico del gobierno nacional, por un lado, y por el otro de seguir justificando las diversas formas que adopta la acción represiva a partir del miedo infundido en la población que es presa de los medios hegemónicos, la construcción de este enemigo interno camina a paso firme.

Variado, difuso, heterogéneo, pero justamente por ello útil a los fines represivos de un amplio arco de sectores, el “terrorismo” del que se habla en los medios hegemónicos de la Argentina abarca desde la RAM hasta el kirchnerismo, pasando por supuestas células anarquistas, partidos de filiación trotskista, organizaciones piqueteras, sindicales, barriales, y un amplio etcétera. El diario La Prensa llegó a hablar de “anarcotroskokirchnerismo”, dejando expuesto lo poco serio y elaborado de la estrategia, que se basa más en la fuerza bruta de sembrar el miedo, que en la coherencia de las teorías expuestas.

En esta misma línea, una operación tan burda que sería hilarante si no fuera por los objetivos que persigue y logra -y por el trasfondo que implica-, fue llevada a cabo en Buenos Aires, en donde apareció una supuesta bomba casera en las inmediaciones de la Central de la Policía Federal, que habría sido detectada “por un bombero de civil que sintió olor a pólvora y detectó humo oscuro” (sic), y que contenía una inscripción que decía “Libertad a los argentinos presos en Congreso o los ataques seguirán”, todo ello -a pesar del léxico empleado- atribuido al Partido Obrero.

La Córdoba antiterrorista

En el seno de la Provincia de Córdoba, hace rato se esperaba la oportunidad para una operación que permitiera la profundización del ya persecutorio, violento, ilegítimo y sistemático accionar represivo, muchas veces documentado y expuesto en este y otros medios alternativos, y por las mismas organizaciones. La Marcha contra el Gatillo Fácil fue el punto de inflexión y la oportunidad aprovechada -no sin ayuda de una grandilocuente operación mediática- para este fin.

A partir de la rotura del vidrio de una financiera durante la marcha, el fiscal Dalma ordenó días después (justamente el día antes de la marcha por el cumplimiento de un mes de la desaparición de Santiago Maldonado) el allanamiento de más de una decena de organizaciones sociales y partidos políticos, lo cual reconfiguró el mapa represivo en la Provincia, mostrando hasta donde están dispuestos a llegar tanto el Estado como sus medios en esta etapa.

Las crónicas de ese fatídico día fueron espeluznantes: agentes de la policía irrumpían sin placas identificatorias y cargaban en vehículos también carentes de identificación tarros de leche, libros, banderas, bombos, panfletos y afiches en alusión a Santiago Maldonado.

Meses atrás, a fines de marzo, salía a la luz una unidad especial de la Policía de la Provincia dedicada a combatir el “terrorismo”, la División de Inteligencia Antiterrorista, blanqueando así las tareas de espionaje y amedrentamiento que ya se venían realizando sobre militantes y la población en general.

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El pasado domingo, una nueva nota publicada en La Voz brindaba tenebrosos detalles con una mirada positiva, naturalizando las tareas de la división. Titulada “Qué hace la División de Inteligencia Antiterrorista en Córdoba”, y con un discurso remanido que insiste sobre un peligroso pero a la vez difuso enemigo interno, vincula las pintadas y la rotura de un vidrio realizadas durante la marcha contra el Gatillo Fácil a células anarquistas y a -adivinen- los mapuches: “Entrevistado por La Voz, Guillermo Brunas, jefe de la división, afirmó que están al tanto de los ‘riesgos potenciales’ de grupos anarquistas como los que actuaron en la marcha contra el gatillo fácil en agosto y de aquellos simpatizantes de acciones extremistas vinculadas al conflicto mapuche”.

Un detalle de color es que el foco está puesto en la persecución de la población que opina o propone acciones en las distintas redes sociales, cuestión ya conocida pero también ahora blanqueada, violando cualquier principio de privacidad, libertad de expresión y de comunicación. En este sentido, la nota firmada por el periodista Juan Leyes remarca: “Muchas veces se comienza en las redes sociales, sitio que también es identificado como un lugar de ‘captación’ de voluntades de actividades terroristas, según los especialistas de esa división. ‘Perfilación es entender y ver los riesgos que puede representar una persona a través de manifestaciones que haya hecho públicas, en redes sociales, por conductas que los mismos vecinos manifiestan’, describió el subcomisario Brunas”.

Otro detalle para prestar atención es la “profesionalización” de la división. Desde un discutible punto de vista ético, se incorpora la figura del psiquiatra, cuya misión en el marco del espionaje sería la de la “perfilación” de lxs supuestxs terroristas que aparentemente tendrían una vida pública en las redes, lo cual además darían a la especialidad de la ciencia médica dedicada a la salud mental elementos suficientes para elaborar acabados perfiles criminales/terroristas, en una especie de paradigma lombrosiano dos punto cero.

La psiquiatra cuyo nombre no se publica, nombrada como jefa de la llamada “área de perfilación”, es citada en la nota realizando declaraciones sin pelos en la lengua: “’Es un trabajo complementario; las redes sociales ayudan, pero no son determinantes. Con los aportes de los que van investigando (en la calle o en el terreno), voy elaborando un perfil’, dijo la experta del área. También el área de informática aporta datos sobre visitas y contactos. ‘Con esto se cierra un círculo y se saca un patrón de lo que es la persona en sí’”.

Se puede pensar respecto al paradigma desde el cual trabaja un profesional de la salud mental en dicho contexto, y con qué concepción de salud mental se dispone a establecer dichos perfiles. También se podrían pensar posibles paralelismos con otras experiencias a lo largo de la historia: nada puede terminar bien en este matrimonio entre la ciencia médica y el accionar represivo del poder y la persecución a “terroristas”. También es necesario plantearse lo preocupante e intimidatorio que resulta que las tareas de inteligencia se hayan trasladado hace tiempo ya a las redes sociales, y que ahora se oficialicen, naturalicen y celebren desde el Estado y sus medios mediante un cada vez menos disimulado “Algo habrán hecho”. Pero más allá del beneplácito hegemónico que lo avala, es igualmente importante entender estos accionares en una coyuntura que atraviesa la realidad cordobesa en un contexto nacional que lo acompaña y promueve mediante directivas precisas.

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