“Los “intocables” magistrados sentados en los pupitres de los imputados” (V.B)

Carolina Vaca Narvaja, vuelve al momento de detención de su padre; en las escalinatas de Tribunales Federales,  llevaba un amparo para Miguel Angel Mozé (detenido en ese momento en la UP1) “él era abogado defensor de varios presxs politicxs, lo quieren secuestrar. Él grita su nombre ¡Miguel Hugo Vaca Narvaja!, por lo cual se hace la denuncia, lo llevan a la D2 y luego lo “blanquean” en la penitenciaria de San Martín, pero jamás se le arma causa, por lo tanto dependía del poder ejecutivo nacional. El  12 de agosto es “trasladado” y asesinado en las inmediaciones del  Chateau Carreras”

La  justicia  en el banquillo de acusados, la palabra justicia no se deja escribir cerca de los cómplices de la sagrada familia cordobesa. Es la primera vez que en la provincia de Córdoba  se juzga a un sector civil, por la complicidad en la comisión de delitos de lesa humanidad.

*Fotografía-Colectivo Manifiesto*//Juicio a los Magistrados -Otero Álvarez-Cornejo-Puga-Haro

A días de la sentencia, tras años de lucha Luis Miguel “Vitín” Baronetto, querellante en la causa, ex detenido  de la UP1, entiende que: el juicio culminó la larga etapa de búsqueda de justicia de la complicidad civil con el terrorismo de estado. En este caso la que padecimos en carne propia de parte de la justicia federal de Córdoba. Por eso fue un juicio difícil, lleno de complicidades actuales y durante estos cuarenta años. Más difícil que el juicio a los genocidas militares y policías porque en estos casos está enraizada una condena social. Los funcionarios judiciales imputados gozan de relaciones y “prestigio” social en una parte de la sociedad que se considera intocable en sus privilegios. Esto se extiende a gran parte de la sagrada familia judicial de hoy”.  En esta dirección Patricia Chalub (Abogada de la Querella) recuerda a  lxs primeros abogadxs que comenzaron a actuar – María Elba Martínez y Rubén Arroyo- este último  bautizo el procesos como la causa maldita: “a raíz  de apartamiento  y recusaciones de funcionarios judiciales, que no querían intervenir, ya sea por amistad o en algunos casos debido a  vínculos familiares con acusados”. Como reflejo de esto,  los miembros del tribunal actual no pertenecen a la “Docta”, repasemos: Fabián Falcucci, (presidente) y José Camilo Quiroga Uriburu (de La Rioja) y Jorge Gallino (de Concepción del Uruguay).

A Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado Federal N°1), Antonio Cornejo (ex fiscal federal) ,Miguel Ángel Puga (el ex juez federal N°2) , Ricardo Haro (ex defensor oficial)  se les imputa la comisión de 119 hechos: incumplimiento de la obligación de promover acción penal y de los deberes de funcionarios públicos – abuso de autoridad, encubrimiento por infracción del deber de denunciar los delitos: secuestros, torturas y los homicidios de los 30 presxs políticxs de la cárcel de San Martín que estaban bajo su jurisdicción. Los 30  asesinatos en la cárcel UP1 del barrio San Martín, fueron juzgados en 2010 en la causa UP1,  donde  los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez recibieron condenas a prisión perpetua.

Desde la Comisión Homenaje UP1, afirman que se evidenció la complicidad de la Justicia Federal de Córdoba con el Terrorismo de Estado, los magistrados conocían los crímenes, torturas y violaciones, su actitud es parte del engranaje del horror, se agolpan Ios  hábeas corpus, las declaraciones bajo tortura, entre otros documentos.

Carolina vaca Narvaja,  indica que lxs ex presxs políticxs, “manifiestan haber declarado, frente a los Secretarios, frente a los Jueces, frente a sus Defensores públicos y nunca se hizo nada al respecto, anunciando muertes, de las cuales la justicia no se hizo cargo”. Mientras que,  documentos con las firmas de los acusados colman la causa, como los señala Vitín Baronetto: “las pruebas fundamentales han sido las documentales de los expedientes, donde las omisiones funcionales o encubrimientos están refrendados con la firma de los propios imputados. Y estas complicidades fue lo que ratificaron los 27 testigos en las audiencias. Por eso esperamos que las leyes encarnadas en los jueces del Tribunal hagan justicia. A eso apostamos”. El rol que cumplió el poder judicial se cristaliza, junto a la función  de las cárceles: “las víctimas estaban detenidas “legalmente” y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la Unidad Penitenciaria Número 1 (…) Estos asesinatos configuran una forma singular de “masacre planificada” en contra de detenidos por razones políticas alojados en la UP1. Todas estas personas habían sido encarceladas antes del 24 de marzo de 1976*” (Dossier Derecho a la Verdad / Derecho a la Justicia-Recorrido histórico Causas UP 1 o Alsina-Gontero)

En la apertura del periodo Democrático, los funcionarios “tuvieron la oportunidad, de denunciar y sacar de los cajones la cantidad de amparos y denuncias que se realizaron y a las cuales no se le dieron vistas y no lo hicieron, así, describe Carolina como la impunidad  aún persiste y agrega que fue un juicio protegido por los funcionarios judiciales, donde los acusados continúan cosechando “saludos”:  se escucha: “¿cómo le va Doctor?”, esto deja ver el margen de impunidad y de protección de la propia familia judicial, en esta dirección Vitín recuerda  que: “no ignoran las limitaciones políticas de la situación actual, a la que en forma “triunfadora” hicieron alusión algunos defensores de los imputados. Y más aún los condicionamientos que padecimos durante el juicio, donde tanto imputados como defensores se encargaron de hacernos ver que estaban en su propia casa. Incluso, algún defensor, en las dúplicas finales presionó en forma escandalosa anticipando fallo favorable a los funcionarios judiciales juzgados”, y señala que: “Si los jueces logran desembarazarse de estas presiones y actúan con imparcialidad, la sociedad habrá ganado una enorme cuota de credibilidad a uno de los poderes institucionales de la democracia, más desprestigiados. Esa es nuestra esperanza.

* La reconstrucción de las Historias de Vida es un trabajo realizado por HIJOS y el Archivo Provicnial de la Memoria, junto a la Comisión Homenaje UP1 y los familiares de las víctimas

* La reconstrucción de las Historias de Vida es un trabajo realizado por H.I.J.O.S., Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba y el Archivo Provincial de la Memoria, junto a la Comisión Homenaje UP1 y los familiares de las víctimas.

 

 

 

 

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