La pregunta para saber dónde está y que ocurrió con Maldonado, está instalada en todos los planos de la sociedad argentina y en la comunidad internacional. Las maniobras del gobierno macrista y sus medios de comunicación no lograron el cometido de hacer callar el interrogante, ni sacar de foco la responsabilidad del estado en está desaparición.

Las operaciones de prensa de desprestigio de la lucha mapuche y el rol de Santiago no pudieron frenar el reclamo, ni evitar que esto le cause algunos costos políticos al gobierno. El corrimiento de la escena política-mediática de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, expresa la inevitable etapa que se desencadena contra el gobierno nacional, la gendarmería y poder judicial en el rol en la desaparición de Santiago y la no búsqueda de la verdad.

Apartamiento del Juez y denuncia por encubrimiento al gobierno nacional

Luego de dos meses de la sanguinaria represión en la Lof Mapuche de Cushamen, donde Gendarmería desapareciera a Santiago Maldonado, la investigación por el accionar de la fuerza se encuentra en foja cero.

En las primeras semanas la estrategia planteada por el gobierno de Macri, vía la Ministra de Seguridad Patricia Burllich, fue la de desviar la investigación hacia intrincados y pocas probables hipótesis que redundaron en criminalizar a la víctima, su entorno familiar y político y limpiar de cualquier posible responsabilidad al accionar del estado.

Dentro del menú de piezas claves que se valió el gobierno macrista para dilatar la investigación sobre el rol de las fuerzas dirigidas en persona por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, fue el accionar del Juez Guido Otranto, quien como muy bien lo señaló la familia de Santiago al pedir su apartamiento de la causa a mediados de septiembre, por considerar nulo el avance en la investigación y de absoluta imparcialidad el comportamiento del Juez.

Ultimas maniobras

Antes de ser apartado de la causa, Otranto dio dos visibles zarpazos para dañar la investigación y acentuar la criminalización de los pueblos mapuches.

Sus declaraciones en el diario La Nación del 17 de septiembre donde afirmó que: “La hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó”, despertó la desesperación de la familia, ya que en diversos rastrillajes del Río Chubut en sus extensos kilómetros nada se había encontrado, hecho que reafirma lo dicho por testigos presenciales que aseveran que a Santiago se lo llevó Gendarmería luego de una golpiza a la vera del río.

Acto seguido a sus declaraciones exclusivas publicadas en La Nación realizó diversos allanamientos en el territorio de la Pul Lof en Resistencia Cushamen y dos viviendas de la Comunidad de Vuelta del Río, bajo el argumento de dar con la mochila y los teléfonos celulares de Maldonado. El resultado, como era de esperar dio negativo.

La prepotencia de Otrantó lo llevó a hacer detener a Elizabeth Loncopan una integrante de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen al momento de los allanamientos, luego que está le digiera unas palabras que molestó al Juez.

Juez recusado

A casi dos meses de la desaparición de Santiago, y después de reiteradas solicitudes de recusación de Otranto por parte de la familia Maldonado. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia lo apartó; disponiendo la intervención del titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral. La decisión fue con fundamento en el alegado temor de parcialidad de Otranto evidenciado por la familia de Santiago Maldonado.

Para la familia, la remoción del Juez de la causa en la que se investiga la desaparición de Santiago “marca el comienzo de una nueva etapa”, dejando en claro su amargura al afirmar que: “hemos vivido casi dos meses con una esperanza en creciente agonía. Fuimos testigos y víctimas de una justicia lenta e ineficaz”. No obstante expresaron el anhelo que: “…se le conceda al nuevo magistrado la oportunidad de trabajar sin interferencias de ninguna clase” y remarcaron: “Necesitamos saber dónde está Santiago, que le pasó, quienes son los responsables de tanto dolor”.

Denuncian al gobierno nacional por encubrimiento

Al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago; se presentó una denuncia por encubrimiento contra el estado nacional, concretamente contra las personas de: Mauricio Macri, Marcos Peña, Patricia Bullrich, Germán Garavano y Pablo Noceti, y contra la cúpula de Gendarmería Nacional. La acusación fue efectuada por Graciela Rosenblum y José Schulman en representación de la “Liga Argentina por los Derechos del Hombre” y por Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat y Arístides Corti en su carácter de miembros de la asociación civil “Instituto Arturo E. Sampay”.

Si bien en un primer momento el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en una clara maniobra de protección del gobierno nacional, se había declarado incompetente, el fiscal ante la Cámara Federal bonaerense, Germán Moldes dictamino que no debía ser trasladada la denuncia a Chubut y correspondería ser tratada en los tribunales de Comodoro Py.

En declaración a la prensa Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, manifestó: “la responsabilidad máxima pasa por la cadena de mando”, compuesta en primera instancia por el presidente Mauricio Macri, pasando por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su jefe de Gabinete del Ministerio, Pablo Noceti, y por los jefes de Gendarmería que dieron las órdenes directas. “Hay un hecho que produce una fuerza de carácter federal, Gendarmería, que depende del Ministerio de Seguridad, está involucrado también el Ministerio de Justicia y el presidente Macri porque en la desaparición forzada está involucrada directamente esta fuerza nacional. En ese delito, se está cometiendo simultáneamente un delito de encubrimiento”, advirtió.

Entre las preguntas que se realizan los organismos denunciantes por encubrimiento al gobierno nacional se formulan: “¿Puede considerarse una investigación idónea e imparcial la que dejó trascurrir 40 días antes de comenzar a recibir declaración –testimonial, desde luego-, a los Gendarmes que tuvieron intervención como autores materiales de la desaparición forzada de SANTIAGO?

Es el PEN el que se ha negado a que intervenga en la averiguación de la desaparición forzada de SANTIAGO una comisión de expertos internacionales, bajo invocación de que “…interviene la justicia…” Sí, la misma “justicia” que lleva insumidos, hasta aquí, mes y medio, sin haber determinado, siquiera, quiénes fueron los aprehensores del cuerpo de SANTIAGO, ni por orden de quién. Estamos frente a un delito continuado que se prosigue incorporando, cada día que transcurre, un nuevo elemento de encubrimiento, de falsas pistas, de obstaculización a una investigación idónea e imparcial, como lo requieren los pactos internacionales que son Ley Suprema de la nación.-

¿Qué confianza pueden tener familiares, organizaciones de derechos humanos y la sociedad toda, en una investigación en donde no se ha dejado actuar al experto informático mayor que cuenta nuestro país para la determinación de los llamados telefónicos efectuados en esos días concomitantes a la desaparición forzada y al encubrimiento de la misma?”

Para el 10 de octubre la Cámara Federal estableció la audiencia donde se definirá el lugar de tratamiento de la denuncia contra el gobierno nacional.

130 ciudades de Argentina y el mundo marcharan por Santiago.

Este domingo 1 de octubre las calles continuaran pidiendo, reclamando, exigiendo, demandando, esperando saber que ocurrió con Santiago y quienes son los responsables. Aunque lo segundo siempre se supo y por eso se continuara señalando: ¡Fue la Gendarmeria!