El jueves 31 de agosto se labraron actas para allanar 11 locales políticos, sociales, culturales, incluida la casa de un familiar de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. El fiscal del Distrito 1 Turno 5  Gustavo Dalma, libró las órdenes de allanamientos y por la tarde brindó una conferencia de prensa en Tribunales II, para explicar el «éxito» del operativo. Lo que no imaginó fue la indignación que generó en todo el país, ya que no había precedentes similares de atropellos sufridos en la historia Córdoba.

Con una particular indiferencia el fiscal, no dejó ninguna claridad de porque solicitó una medida de tal característica, y mencionó – ante las insistentes preguntas de lxs periodistas presentes sobre la justificación de tales allanamientos-  que era una acción legal, normal en el marco de una investigación, y que no tenía ningún tinte político. Tampoco explicó bajo qué criterios manejó tremenda caza de brujas. Menos aún respondió porque habían detenido al fletero que llevó las banderas y el sonido a la movilización, ni al carpintero que trabajaba en la casa colindante a uno de los espacios culturales allanados, ni al sobrino de otro familiar de víctima de gatillo fácil que aun continúa bajo arresto domiciliario.

Todos estas violaciones constitucionales se desencadenaron frente a una serie de hechos sucedidos en la 3er Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y que el Ministerio Público juro hacer pagar, en cuanto medio de comunicación hegemónico tuvo para declarar. Los cargos eran por pintadas, pegatinas y roturas, algo que es parte del derecho legítimo a reclamar que tienen las personas.

Como consecuencia de los sucesos del jueves, las organizaciones sociales, culturales, y partidos políticos, sufrieron destrozos en sus locales, y la incautación de banderas, instrumentos musicales, leche de los merenderos, máquinas de coser de las cooperativas, libros de las bibliotecas, y aparatos de uso personal, como computadoras, pendrives, etc… y no se labró acta alguna. Tampoco constaba en la orden de allanamiento el motivo del procedimiento, y en algunos casos ni siquiera existió. Frente a tales irregularidades y a la falta de respuesta del fiscal Dalma, las organizaciones que sufrieron los allanamientos adelantaron que llevaran adelante una serie de denuncias hacia los responsables judiciales de lo sucedido.

En este sentido el lunes hoy por la mañana el Partido Obrero denunció penalmente al fiscal Gustavo Dalma y otros funcionarios públicos. En declaraciones para el portal Prensa Obrera, Jorge Navarro del Partido Obrero declaró:“El fiscal Dalma cometió varios delitos cuando ordenó allanar en forma ilegal y sin justificativo alguno nuestro local y los de otras organizaciones. Existe una violación del domicilio garantizado constitucionalmente y una difamación pública de nuestra organización, a la que le fueron imputados delitos en forma totalmente arbitraria. También se configura el delito de abuso de autoridad y al juez de control que autorizó el allanamiento le cabe la responsabilidad por prevaricato. Esos delitos cometidos por el fiscal Dalma se realizan como parte de una persecución política”. A su vez, Eduardo Salas, también dirigente del mismo partido, declaró:“Cuando fuimos a pedirle explicaciones a Dalma sobre su accionar, nos respondió que la organización y sus militantes no estaban investigados y que tampoco él tenía un fundamento para justificar el allanamiento”.

Mañana 5 de septiembre a las 10 hs, en la Legislatura de Córdoba, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentará a través de sus dirigentes, el Legislador Eduardo Salas y el Dr. Jorge Navarro, un jury de enjuiciamiento al Fiscal Gustavo Dalma, a los fines de su destitución y en los próximos días se conocerán otras medidas judiciales colectivas contra el fiscal Dalma.

Las casualidades no existen, por eso fue Dalma el fiscal

Recorriendo algunos antecedentes del fiscal Dalma, se puede esbozar una cierta idea de porque fue Dalma y no otro el fiscal tras los allanamientos: A principios de junio se archivó la causa de sobreprecios de la construcción del Hotel Ansenuza. A pesar de que especialistas en gestión hotelera apuntaron los altos costos de su construcción, el fiscal consideró que no hubo delito. Este cierre le vino bárbaro al ex gobernador, presidencialista y hoy empresario textil José Manuel de la Sota ya que desde hace tiempo viene tratando de cortar todos los caminos que lo conduzcan a cualquier caso de corrupción. Avanzar con el caso Ansenuza, significa el avance del caso Hotesur cordobés. (fuente: https://www.facebook.com/lea.nacho.ross/posts/10213638854875236)

Pero su currículum viene mucho más de la mano de los casos de gatillo fácil en Córdoba. El fiscal Dalma fue quien dejó libre al policía y miembro del ÉTER, Ariel Vega, que fusiló a Jorge Romero en barrio Parque Liceo, el 15 de agosto de 2016. Un año después el policía que el fiscal Dalma dejó libre por considerar que actuó en legítima defensa, terminó preso en Bouwer por llevar adelante un operativo trucho, que terminó con la detención por 14 días de una persona que no habia cometido ningún tipo de ilícito.

El fiscal Dalma estuvo a cargo en las primeras horas del caso de gatillo fácil del bebé de 1 año y 9 meses, Santino Cabanilla, donde declaró :“ todo se había tratado de un tiroteo entre dos policías y dos adolescentes que intentaban escapar tras un robo”. Luego la causa pasó al fiscal Carlos Matheu y ordenó las pruebas necesarias para constatar que la bala era de la policía, y no de los jóvenes que venían siendo perseguidos, como quiso deslizar rápidamente Dalma en un primer momento.

En febrero, Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre, desaparecido el 12 de febrero de 2012, se reunió con el fiscal Dalma para solicitarle que se siga investigando que pasó con Facundo, a lo que el fiscal afirmó que estaba «bajo secreto de sumario». La misma respuesta que años atrás dilató la investigación sobre la desaparición de Facundo.

Dalma también está a cargo de la investigación de Sergio Acosta quen denunció en abril que la policía lo hacía robar para ellos, denuncia que primero se viralizó por Facebook, donde Acosta subió fotos desde la Jefatura de Policía. No hubo más información sobre este bochornoso episodio que protagonizó la policía de Córdoba.