Ayer un grupo de abogadxs de DDHH con familiares de víctimas de gatillo fácil acompañadxs por organizaciones sociales territoriales y espacios comprometidos con políticas antirrepresivas como el Movimiento la Dignidad, la Esquina popular, La Minga, la Garganta Poderosa y FOCCoF (Frente Organizado contra el Código de Faltas) llevaron nuevamente al Fiscal Gral. de la provincia Alejandro Moyano otro documento complementario al “Planteo de Disconformidad” presentado el pasado 31 de Mayo.

El planteo denunciaba “…el proceder de las fiscalías y juzgados en causas de gatillo fácil y abuso policial…” y enunciaba casos y situaciones concretas donde se lesionaban garantías que hacen al justo proceso penal de los imputados. Aquel primer documento logró colarse por los pasillos de Tribunales entre vallas y atropellos con el personal judicial y policial de Tribunales – ver aquí.  Luego gracias a la insistencia de lxs abogadxs y a la presencia de medios alternativos el fiscal Moyano tuvo que atenderlxs y lo recibió en sus manos.

Lamentablemente dos meses después y ante la inacción y falta de respuestas concretas, ayer se movilizaron y presentaron otro documento en la que no solo se deja manifiesto los atropellos, maltratos e intimidaciones de aquella vez, sino también se acompaña un análisis ampliado – se esperaba que fuese el fiscal quien lo hiciere –donde se reafirma e incluso amplia el listado de casos en donde se pone en evidencia, con nombre y apellido, la actuación reprochable de la policía, fiscales y jueces que llevan esas causas.

Esta vez al despacho ingresaron lxs abogadxs Carlos Vasco Orzaocoa, Victoria Siloff y familiares de Exequiel Barraza (20) asesinado por la policía el 24 de Marzo de 2014 y de Lucas Rudzicz (13) el 23 de diciembre de 2016. Le fue vedado cualquier tipo de registro audiovisual a la prensa. Luego de unos 20 minutos de reunión, salieron con el compromiso expreso del Fiscal Gral. Alejandro Moyano que lxs citaba en 2 semanas para darles una respuesta de las causas listadas.

¿Cuál es la disconformidad?
Por su experiencia en causas de gatillo fácil los abogados recalcan que en los Tribunales penales cordobeses existe una lógica instalada para proceder en las causas de abuso policial.

Por ejemplo, en las etapas preparatorias se construye el hecho priorizando el testimonio y versión de la policía y se ningunea la de los familiares o vecinos del barrio incluso constituidos como querellantes. Ante la muerte del infractor el caso se enmarca como “exceso en la legítima defensa” y en “cumplimiento de un deber” dando por supuesto un “enfrentamiento” que luego es descartado por las pericias. Asimismo los familiares o testigos no son protegidos ante posibles amenazas de los policías que además al no ser detenidos preventivamente, complican la investigación en las que muchas veces resulta que se plantan pruebas falsas.

El policía no es un ciudadano común
Niegan el rol del policía como un ciudadano común, y lo reafirman como un agente del Estado, cuyo marco de acción está enmarcado en leyes específicas. Expresan que lo capacitan en material legal, conoce derecho penal y constitucional, sabe los derechos de las personas y además se le da un arma porque se lo ha preparado psicológicamente para actuar en situaciones apremiantes. Si dispara por la espalda frente a la huida o apunta a la cabeza para ejecutar, o cuando usa su arma habiendo una evidente desproporción entre las fuerzas, es lógico que si sale libre es gracias a la complicidad del poder judicial. En ese sentido los abogados plantean que hay una gimnasia de “elastizar” el delito, porque son imputados por “homicidio simple agravado por el uso de armas” y no por el art. 80 inc. 9 que califica el homicidio a perpetua por el solo hecho de ser un integrante de fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.

En ese sentido ambas marchas tuvieron como destino el despacho del Fiscal General, porque dispone de todos los recursos para cambiar el rumbo de la política criminal en Córdoba. Todas las irregularidades de las fiscalías y juzgados, son de su competencia, y dado el carácter político de su puesto es el principal responsable. Afuera las columnas de Tribunales lucían perchas con gráficas de escraches no solo a policías sino también a los mismísimos fiscales y jueces involucrados.

En dos semanas el fiscal deberá explicar por ejemplo porque en el caso del asesinato de Santino Cabanilla (1 año y 9 meses) la jueza de control Hampartzounian Anahí liberó al policía Guillermo Sebastián Torres luego que la pericia científica determinara que la bala coincide con el arma del policía. O también explicar porque Gastón Ledesma sigue detenido por un homicidio cuya base acusatoria se funda en testimonios construidos solo por la versión policial y no en lxs de los vecinxs que afirman que no se encontraba en el lugar ese día. Deberá explicar porque si las pericias indican que los disparos ingresaron por la espalda, se piden sobreseimientos express y son reticentes a elevar la causa a juicio habiendo probabilidad – como la ley manda – como en el caso Brian Guaiman, o Raúl Ledesma entre otros.

En dos semanas y a modo de antesala a lo que sera la 3er Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil del 28 de Agosto se espera que agrupaciones acompañen masivamente la cita con el fiscal.

Presentaciones
– 31-5-2017 Planteo de Disconformidad
– 31-7-2017  2do informe al Fiscal Gral.