A la fecha, más de 70 personas pasaron por el banquillo de la sala de la cámara 1ra del crimen de Tribunales II  y declararon en el juicio por el asesinato de David Moreno en el año 2001. Además de los tres querellantes esto es, Rosa y Eduardo Moreno y el vecino Marcelo Fregenal, también lo hicieron las otras víctimas, Fosarelli Rubén Darío y Luciana Parra. Los imputados Hugo Ignacio Cánovas y Daniela Alejandra Adám leyeron solo un escrito y no respondieron preguntas, Laura Estela Freyre optó por no declarar.

Córdoba era gobernada por José Manuel De la Sota, la Nación por Fernando de la Rúa y el ministerio del interior por Ramón Bautista Mestre , de ellos se despredían el resto de las responsabilidades. Por Tribunales pasaron el ex Jefe de Policía de la Provincia de Córdoba, Crio. Jorge Mario Rodríguez, que en su momento y según notas periodísticas trasladó la responsabilidad al jefe del operativo el Crio. Luis Omar Farías. Este último fue imputado por omisión culposa y violación de los medios de prueba – al no colocar el anillo de seguridad perjudicando la escena del crimen –  pero terminó absuelto pagando una multa de $750. Todos los jefes fueron citados en calidad de testigos como el exdirector de seguridad Antonio Iban Altamirano, el Subcomisario Juan Alberto Puchetta, el director de planeamiento contra saqueos Roque Eduardo Arborena, el jefe de guardia de infantería Hector Daniel Pino y sus escuderos.

La justicia se quedó en el concepto decorativo llamado «violencia institucional» que imputa solo a la policía y salvaguarda a los represores políticos intelectuales que dan las órdenes. El asesinato de David no fue un hecho aislado sino consecuencia de una política sistemática represiva del Estado y la prueba es que entre los jefes no coincidieron en la explicación de los protocolos seguidos aquel día. Mientras sus relatos aseguraban que cumplieron cabalmente los procedimientos, varios de los 31 policías que declararon hasta ahora, expresaron lo contrario y a su vez quisieron justificar el uso de plomo por un desabastecimiento de cartuchos antitumultos (AT). Sabían que recibieron plomo y lo usaron, no pudieron equivocarse. Basta recordar lo que declaró el proveedor de armas y municiones de la policía en Córdoba Miguel Romero, que comentó que un cartucho de postas de goma (AT) pesa entre 4 a 6 gr. De lo que se infiere que se necesitarían mínimo 6 cartuchos de AT para equiparar el peso de un cartucho de plomo o con postas de guerra, o propósito general (PG), que pesa entre 35 a 40 gr.

El juicio parece estar en la mitad del camino. Entre los pasillos de tribunales especulan que seguirá hasta agosto, pero es incierto aun porque faltan muchos testigos. Parte de la lentitud del proceso se debe a la estrategia de la defensa al repreguntar cuestiones harto aclaradas. Definitivamente la dilación del proceso es su estrategia, pues por un lado justifica sus constantes «repreguntas» invocando la causal de querer conocer la verdad de los hechos, pero por otro, no escatima en reproches y se opone enfáticamente a incorporar testimonios propuestos por la parte acusadora. El Tribunal por suerte resuelve en consonancia  a esclarecer el hecho y no ha cedido a ninguna pretensión externa como cuando se solicito interrogar a vecinos solo para intentar criminalizar a David.

Han pasado 54 días desde que inició el juicio, se realizaron 20 audiencias, incluida una inspección ocular en el barrio de Villa 9 de julio. Se contabilizaron testimonios de 19 vecinos, 10 peritos y 2 médicos.  Hay más 100 horas de declaraciones, y audiencias de más de 4 horas promedio por día y a veces hasta casi 6, como la de aquel jueves 1 de junio que tuvo a los 10 peritos discutiendo cuestiones técnicas y compartiendo al Tribunal saberes respecto a municiones, autopsias y detalles médicos o trazados perimetrales de tiros. En esta quedó certificada una prueba irrefutable de la represión: La desproporcionalidad de las supuestas fuerzas para repeler un tumulto.

La desproporcionalidad de las fuerzas

La policía alega que los vecinos tiraron piedras, sea cierto o no, nunca reconocen que contestaron con plomo. La desproporcionalidad entre la fuerzas es evidente, si de un lado arrojan piedras y del otro lado postas de guerra porque estos proyectiles parten y atraviesan huesos al viajar a 400 mt x segundo.

Hace una semana atrás abogados vinculados a casos de Gatillo Fácil presentaron un documento denominado «Planteo de Disconformidad» al fiscal general de la provincia Alejandro Moyano, denunciando entre otras cosas la inobservancia de jurisprudencia al respecto.  El documento comparte conceptos tales como que: “el actuar policial debe ubicarse en las disposiciones referentes al cumplimiento de un deber y al ejercicio legítimo de un cargo y, complementariamente, en la legítima defensa​” y sigue: “el ejercicio de las funciones propias de un agente de la autoridad no autoriza el empleo de medios innecesarios que la naturaleza de los hechos rechazan, pues nadie obra en cumplimiento de un deber sino dentro de la ley y ello es incompatible con toda clase de extralimitaciones provenientes del sujeto activo”.

También transcriben el Reglamento N° 8 de Armas y Tiro de la Policía Federal Argentina (ODI N° 25 del 6 de febrero de 2012) que regula lo atinente al empleo de armas de fuego por parte de los miembros de esa fuerza. Estableciendo en su capítulo X, recomendaciones particulares: “Cuando el personal entienda que no puede intervenir con razonable seguridad para su integridad física, la de las víctimas o la de terceros, porte o no armas, o que provocará un riesgo mayor que el del propio ilícito, limitará su desempeño a la obtención de elementos que permitan la posterior identificación de los autores”. El uso de las armas exige siempre una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio para justificar el enfrentamiento con personas armadas, con el mínimo de riesgo posible para la integridad física de terceros inocentes.

Han pasado 15 años, 5 meses, y 17 días, o 5650 días y seguiremos esperando junto a la familia Moreno la justicia por y para David siempre presente