Disconformidad con el proceder de las fiscalías y juzgados en causas de gatillo fácil

Desde hace un tiempo en nuestra provincia y de la mano de Unión Por Córdoba, viene gestándose un Estado Policial. Es notable como José Manuel de La Sota, y tantos otros han sabido esquivar políticamente sus responsabilidades frente al descontrol total que hoy caracteriza a la institución policial. Una fuerza que vive en un estado de crisis, que controla los territorios cordobeses- por acción u omisión- , que es cómplice y parte fundamental en el narcotráfico, que tiene internamente una alta tasa de delitos por parte de sus miembros, inclusive uno de los ex Jefes: Julio César Suárez está imputado de coacción, tras la acusación formulada por Dante Leguizamón, de los SRT. Suárez está esperando fecha para ser sometido a un juicio oral y público por amenazar a al periodista en el marco del caso de gatillo fácil de “Güere” Pellico. Aún así, y a pesar de la cantidad de distintos tipos de fuerzas policiales que ha desarrollado este gobierno y los anteriores, la tasa de delitos no ha disminuido, contrariamente ha ido en aumento en los últimos años.

En este marco de un Estado Policial abrumante, en Córdoba desde hace 10 años viene desarrollándose la Marcha de la Gorra. Esta marcha, aglutina diversos espacios del campo popular, organizaciones políticas, partidarias, sociales, ongs, etc.; que denuncian los abusos policiales, los asesinatos policiales, y como la impunidad del accionar policial en Córdoba tenía su fuente en el ex “Código de Faltas”. Luego de 9 años de lucha constante, se logró que más de 60 organizaciones pudieran denunciar las inconstitucionalidades del Código, y las prácticas delictivas de las fuerzas policiales en la Legislatura.

De este proceso social de lucha, nace el Código de Convivencia, un Código ciertamente más avanzado desde lo legal en una perspectiva de los Derechos Humanos. Las últimas estadísticas demuestran que las detenciones en virtud de contravenciones han disminuido en un 80 por ciento.

A pesar de esta victoria del campo popular, hay una realidad innegable: La policía de Córdoba está asesinando jóvenes de la provincia de un sector social determinado -barrios pobres- impunemente. Existe una red de responsabilidades, una red que conecta al poder político, poder judicial, y poder policial haciendo que las ejecuciones de jóvenes pobres-en o sin estar en situación conflictiva con la ley- sean posibles, sean en números realmente alarmantes, y sin ningún tipo de sanción desde el Estado a los miembros de las fuerzas que cometen estos homicidios.

La impunidad se expresa en que aquellos pocos casos que se “investigan” y llegan a los Tribunales, están siendo cerrados, o van en ese camino, gracias a los pedidos de “sobreseimientos” emanados desde las Fiscalías, Juzgados de Control y la Cámara de Acusación de la Provincia.

Frente a esta situación, es que abogadas y abogados de Derechos Humanos, con familiares de víctimas de gatillo fácil y abuso policial, han venido trabajando conjuntamente para hacer una denuncia formal de lo que está sucediendo al Sr. Fiscal General de la Provincia: Dr. Alejandro Oscar MOYANO.

Esta denuncia toma la forma de un documento: “Planteo de Disconformidad”. El documento, si bien habla de algunos casos particulares, en líneas generales denuncia la violencia policial que está siendo avalada desde el Poder Judicial. El Planteo de Disconformidad será presentado el día 31 de Mayo a las 10 horas en Tribunales I, en el marco de una convocatoria para movilizar. (Evento en Facebook)

Abogados y abogadas de Derechos Humanos de la ciudad de Córdoba, junto a familiares de víctimas de gatillo fácil y organizaciones sociales vemos la necesidad de dirigirnos al Sr. Fiscal General para expresar nuestra disconformidad con el proceder de las fiscalías y juzgados en causas de gatillo fácil. Sabemos a ciencia cierta que en ellas se incumplen sistemáticamente diversas normas y que, además, no hay una investigación completa y seria (que cumpla con las garantías del proceso penal) de estos homicidios cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

En las causas judiciales a las que llamamos  “gatillo fácil” se interpretan de manera muy liviana los presupuestos exigidos por la ley para considerar que un funcionario policial actuó en “legítima defensa”: se considera el hecho como homicidio simple, en inicio, y luego se califica agravado por el uso de armas, sin tener en cuenta que quien porta el arma no es un simple ciudadano, sino, un miembro de las fuerzas de seguridad, un agente del Estado.

Durante las investigaciones que tienen como objeto estos casos – gatillo fácil, o de abuso policial- las fiscalías basan sus conclusiones sólo en las declaraciones que hacen los mismos miembros de las Fuerzas de Seguridad. La investigación nace de las declaraciones de los mismos miembros de la fuerza a partir de las cuales se construye la hipótesis de lo sucedido, y se investiga en esa línea, no buscando la verdad de los hechos. Todo esto sucede sin detenciones preventivas para el personal policial, despreciando totalmente la influencia y el poder real que tiene un agente policial pudiendo entorpecer la investigación de diferentes maneras: plantar pruebas, deformar declaraciones, amenazar testigos, etc.

Por todo esto consideramos que ese accionar se vuelve una de las principales condiciones de posibilidad de la violencia policial, convirtiéndose el Poder Judicial en un pilar fundamental y necesario para garantizar la violencia estatal contra los ciudadanos, otorgando una impunidad sistemática.

Ante un delito de homicidio donde el autor es miembro de las fuerzas de seguridad debe ponerse una especial atención a su cualidad como agente del Estado, característica que lo autoriza entre otras cosas a portar un arma de consecuencias letales. La ley así lo establece: “se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, al que matare abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.”

No hay lugar a dudas: la pena se aplica en su máxima dureza cuando quien mata es un miembro de la policía abusando de esa función. Hay abuso, cuando el actuar del agente se da fuera de la ley.

Estas apreciaciones las hacemos a partir de nuestra profesión, de nuestro trabajo como abogadas, abogados en causas de “abuso policial” y de “gatillo fácil”. Además de la mismísima realidad existente en nuestros barrios y nuestras calles que confirman la profundización de un Estado Policial en nuestra Provincia, un alto grado de poder y crisis en la institución policial, que se ve totalmente descontrolada e impune.

Sólo en 2016, 39 policías fueron echados de la fuerza y en lo que va de 2017 fueron apartados de su cargo varios miembros de la cúpula policial por diversos hechos delictivos.

Nuestra provincia es una de las más policializadas del país excedediendo abismalmente el número de policías recomendados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un piso razonable para medir la relación policías/habitantes es de 280 uniformados cada 100 mil vecinos. Córdoba excede este numero por más del doble. Aún así, el delito no ha disminuido en nuestra Provincia, por el contrario, ha ido en aumento.

Córdoba es la tercera en el orden nacional en casos de violencia institucional (la Policía de Córdoba tiene un promedio de un joven muerto por mes por gatillo fácil).

Según el informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), titulado “Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba” las víctimas por el “uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba” en el transcurso de casi 6 años (desde 2011 hasta Abril de 2016), se eleva a 77.

En 2013 y 2014 es donde se registraron más víctimas (18), y en los 4 primeros meses del 2016 -fecha hasta donde se recopilaron casos para el informe citado-, el número ascendía a 5. El 60% de las muertes se dio en la categoría denominada “ejecución extrajudicial”, es decir: gatillo fácil.   En lo que va de éste 2017, es decir, en sus primeros 5 meses ya tenemos 3 casos de gatillo fácil.

Hay como se advierte, muchísimos casos de “gatillo fácil”, “de abuso policial”, y otros motivos preocupantes que nos convocan como: las amenazas a los familiares de víctimas de gatillo fácil, o abusos policiales. También la persecución a los amigos, y familiares de victimas de violencia policial es algo común, que la Justicia jamás investiga.

En las fiscalías nadie parece comprender que un miembro de las fuerzas de seguridad, no es ante la ley un “ciudadano común”. Es un agente del Estado, tiene leyes que son específicamente aplicables a su cargo y su función. Todo esto, se ignora de manera brutal, con consecuencias gravísimas en nuestra comunidad, que impactan en la “seguridad jurídica” y en la seguridad social.

El corolario de esta problemática tiene su expresión concreta, hoy, en causas que han culminado con pedidos de sobreseimientos que apelan siempre a la “legítima defensa”, o al “cumplimiento de un deber” del personal policial involucrado, cuando la verdad objetiva de los hechos demuestra que se trata de una real ejecución.  Es el caso de por ejemplo, de las causas de Nicolás Nadal, de Brian Guaiman, Gastón Ledesma y Raúl Ledesma.

No hay énfasis suficiente para puntualizar  que vivimos en un contexto de muerte. La preocupación que nos ocupa es una guerra llevada adelante por el Estado para con los de abajo. Y es nuestro objetivo que estas palabras resuenen, y lleguen a ser escuchadas por toda la comunidad cordobesa, sobre todo por quienes las permiten y avalan diariamente.

Nos preocupa y convoca la situación de niños, niñas y jóvenes que despiertan a este mundo como víctimas de éstas políticas de injusticia social.

Creemos que en este momento es urgente denunciar y repudiar el rol político que está teniendo el Poder Judicial a la hora de asegurar impunidad a miembros de la Policía de Córdoba. Porque es la institución policial quien al formar parte del Estado tiene un límite legal establecido y es el Poder Judicial el que debe garantizarlo.

No queremos más muerte, más hambre, más violencia. Nosotros y nosotras luchamos diariamente por la vida,  por la libertad, por nuestra existencia digna.

Tenemos la convicción de que los jóvenes, niños y niñas de nuestro pueblo cordobés más que el futuro, son nuestro presente”.

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