La causa principal del caso fue elevada a juicio el 14 de febrero de 2009 por el fiscal de Instrucción Raúl Garzón, con tres imputados: el principal, el policía Hugo Ignacio Cánovas Badra, señalado como el autor de los disparos con balas de plomo que hirieron y mataron por la espalda a David.

En estos 15 años Cánovas Badra permaneció tres años detenido pero la prisión preventiva ya no se pudo extender más. Está acusado de homicidio simple, lesiones graves y disparo de arma de fuego. Además está acusada la policía Daniela Alejandra Adán por falso testimonio, referido a la entrega de municiones.

El joven de 13 años falleció de un tiro por la espalda, producto de la acción represiva de la policía contra lxs vecinxs que se habían acercado a un supermercado en Villa 9 de julio (Argüello), ante los anuncios que allí entregarían alimentos.

En su momento, quien fuera la abogada de la familia, María Elba Martínez, realizó un pedido de imputación contra el jefe del operativo por el robo de pruebas porque hizo levantar los cartuchos en el lugar del hecho, pero quedó absuelto.

Los responsables políticos también quedaron fuera de la causa. Martínez había apuntado a José Manuel de la Sota como el responsable político máximo.

Entre los responsables señalados como autores intelectuales, además de las más altas autoridades del gobierno nacional, como Fernando De La Rúa (sobreseído) y Ramón Mestre (fallecido), en Córdoba los funcionarios apuntados por aquel entonces como los responsables políticos son: el titular de la policía provincial comisario Jorge Rodríguez, el fiscal Eduardo Soria, el juez de control Carlos Ferrer, los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba de ese año y el gobernador José Manuel De la Sota, todos eximidos de sus responsabilidades.