Violencia del Estado y el Estado como institucionalización de la violencia

Por: Cecilia Rodriguez /

En muy pocos meses, el gobierno de Mauricio Macri consiguió hacer realidad viejas pretensiones de las clases dominantes en materia represiva: promulgó un pretencioso “protocolo antipiquetes” con el cual se pretende regular la protesta social; logró hacer aprobar la creación de figuras como el “agente infiltrado” para completar el espionaje a organizaciones sociales y políticas; emprende una reforma en la reglamentación de la ley migratoria desde una perspectiva restrictiva, persecutoria y xenófoba.

Digo viejas pretensiones porque las tres medidas aludidas ya fueron propuestas sin éxito por todos los proyectos políticos que gobernaron el pais desde los años 90, no son una novedad del neoconservadurismo que asumió la presidencia en diciembre de 2015.

En este marco de explícita ofensiva en contra de los sectores populares, es primordial rescatar conceptos fundantes de la lucha por los Derechos Humanos que en nuestro país tiene una larga tradición, siempre vinculada a los avatares de la lucha popular.

Una cuestión básica es entender en qué lugar se ubica el Estado en la lucha por los derechos Humanos, sobre todo en lo que hace al cumplimiento y garantías de derechos políticos y derechos básicos como la vida y la libertad.

La lucha por los DD HH se plantea desde su origen como una lucha por poner límites al poder omnímodo del Estado, que plantea como su eje fundante el monopolio de la violencia y de la aplicación de las leyes. Por eso la tarea de los luchadores por los derechos humanos es entender la vulnerabilidad del ciudadano de a pie frente al aparato de Estado, advertir sobre la posibilidad (y facticidad) del abuso del derecho y de la fuerza. En este sentido se entiende que el poder del Estado es una amenaza real para los ciudadanos.

Diversas doctrinas advirtieron sobre la necesidad de esa limitación de poder. Sin embargo, en este contexto mundial marcado por la decadencia capitalista que aumenta su carácter voraz, depredador, de saqueo, de guerra, los ciudadanos se enfrentan a un Estado cada vez mas prepotente que pretende que no haya limitaciones a sus expresiones de fuerza. La vulnerabilidad de los particulares frente al Estado aumenta, con la justificación de la “necesidad” del orden público de combatir a los más diversas expresiones “enemigas”.

Hay que poner de relieve que el Estado es un aparato político que expresa las relaciones sociales en una sociedad de clases, y que nunca la hegemonía del Estado puede construirse sin la generación de un consenso social que si bien nunca será completo, es necesario que sea explícita y organizadamente desmontado para resistir a los planes de dominación.

Para construir un consenso social que legitime la aplicación de la represión es central la generación de discursos acerca de la existencia de enemigos internos, ya sean organizaciones, colectivos, tipos sociales que constituyen una amenaza para el resto de la sociedad, de la cual el Estado asume la defensa. El estado de amenaza y la generación de miedo es lo que hace posible que sectores sociales desamparados consientan la salida represiva de la cual serán paradójicamente sus primeras víctimas.

Hoy en día vivimos bombardeados desde los medios de comunicación, las redes sociales, el discurso político que hacen carne en la población ese estado de amenaza permanente en el cual nos llevan a desconfiar de nuestros pares, de los pobres, de los morochos, de los vecinos, de los migrantes, de los del otro barrio.

El Estado, las instituciones y los sectores políticos más conservadores fogonean la campaña del miedo y ofrecen como solución la intervención salvadora de la represión estatal, el mayor control, mayor punibilidad, aumento de las penas, más cárceles, servicio militar obligatorio y etc.

En todos los casos el Estado omite su papel principal en la instalación de la violencia en el cuerpo social y legitima a instituciones históricamente violentas y abusivas como el sistema carcelario, la policía y la Justicia que se alimentan de la sangre de los pobres.

De ahi la necesidad de los sectores populares de rescatar otro de los conceptos fundantes de la lucha por los Derechos Humanos: la autonomía frente al Estado. Este principio histórico ha sido cuestionado en la última década inclusive por organismos de larga tradición de independencia hacia lo estatal. El campo popular paga muy caro esa defección y la cooptación de algunos organismos no ha resultado en más derechos o menos represión. Si tuvo el efecto de borrar la responsabilidad del Estado ante la represión y dejar en el desamparo a amplios sectores ante la represión actual.

En este marco es muy importante saludar a los 10 años de realización continua de Marcha de la Gorra, como expresión de un espacio que se atrevió a reivindicar a los sectores más estigmatizados de la sociedad actual, a cuestionar las políticas represivas a las que sirve la estigmatización de esos sectores, a llamar a muchos más a organizarse y a movilizar.

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