Por: MPN / “Esto tiene que ser política de estado”, así se refirió el Ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Carlos Massei, cuando manifestó a un medio local el pasado 24 de mayo al haberse enterado por los medios del patrullaje de gendarmería en la localidad serrana de Villa Allende que Eduardo «El Pato» Romero, intendente de esa comuna y perteneciente al partido del PRO, decidió, acordar con Macri, por su cuenta.

Pero ¿gendarmería puede patrullar los barrios de una ciudad en cualquier caso?¿es esa la tarea de gendarmería? ¿Cuáles son los índices delictivos de los que hablan los intendentes de las sierras chicas?¿Cual es la potestad que tiene gendarmería para este tipo de funciones? Lamentablemente ningún municipio se realizo estas preguntas, lo cierto es que a partir del lunes 30 de mayo gendarmería patrulla las calles de las localidades de Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Saldán, y Río Ceballos, donde está el destacamento inaugurado hace dos meses con 200 gendarmes en función.

Esta medida, que implica que una fuerza de seguridad nacional, militarizada, como gendarmería, intervenga en un territorio sin que lo haya pedido un gobernador, lo haya pedido la justicia federal, o lo hayan decretado, -que son los mecanismos establecidos para la decisión de que una fuerza de seguridad nacional actúe dentro del territorio de una provincia-, es considerada, como mínimo, ilegal.

La ley que regula el funcionamiento de gendarmería, la ley nacional de Seguridad Interior n°24.059, establece como regla que las fuerzas de seguridad nacional sólo podrán actuar en el ámbito de jurisdicción nacional, aunque podemos encontrar tres excepciones: en el «ARTÍCULO 23 de dicha ley. — El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal estará estrictamente sujeto al cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada;
2. Cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal;
3. En situación de desastre según los términos que norman la defensa civil.

El artículo 24 de la misma ley aclara aún más: “Producidos los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dominar la situación. Se dará al Comité de Crisis la intervención que le compete, de acuerdo a lo normado en la presente ley. Sin requerimiento del gobierno provincial, no podrán ser empleados en el territorio provincial los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional sino una vez adoptadas las medidas prescritas en los artículos 6º y 23 de la Constitución Nacional, o bien por orden de la Justicia Federal.»

Sin embargo estos procedimientos y escenarios determinados por la ley no se cumplieron en ninguna de sus partes. Pero aún más preocupante es que por un lado esto sigue reforzando el discurso de que: ‘para más seguridad se necesitan más fuerzas represivas’, y por el otro que sin tener un conocimiento fehaciente de estadísticas, tipo de delitos, etc., se destine para estos motivos, una fuerza de seguridad que está para custodiar las fronteras, pasos fronterizos y rutas nacionales en relación al narcotráfico, y tráfico en general. En este sentido, su función será la de patrullaje por las calles para evitar o disminuir el delito.

Poco duró el enojo de Schiaretti sobre el exabrupto del intendente de Villa Allende de “mandarse” a pedir gendarmería sin previo haberlo charlado con provincia y tomarlo como una “política de estado”, como poco duro el enojo de los demás intendentes de las sierras chicas que se sintieron “excluidos” del privilegio de tener a gendarmes custodiando sus ciudades. Así fue como a escasos días del enojo del 24 de mayo, rápidamente las fichas se acomodaron y durante el acto en la ciudad de Jesús María, Schiaretti agradeció al presidente Mauricio Macri por el envío de gendarmes y miembros de la Policía Federal: “Debo agradecer que hayan traído 500 gendarmes y 500 policías de la Federal para combatir el narcotráfico y la inseguridad”, dijo el gobernador y anunció que acordó con Macri que los efectivos cubrirán toda el área de Sierras Chicas, hasta que egresen los 1.500  nuevos policías que en este momento se encuentran en etapa de capacitación.

Al respecto de las implicancias de tener a gendarmería en la región, Lucas Crisafulli, abogado, docente y miembro del  Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba reflexionaba al respecto en el programa radial «Enredando las Mañanas» de la RNMA: “Una fuerza nacional militarizada para reprimir un robo de cartera, responde a una forma de entender, desde lo político, la cuestión criminal. Por ejemplo en Córdoba tenemos una fuerza policial específica que es la fuerza policial Antinarcóticos, que, lejos de encargarse del narcotráfico en serie, se encarga, por ley provincial del narcomenudeo. Ahí hay una decisión política, poner todos los esfuerzos y recursos en delitos pequeños, de esa forma, por un lado demostrar que hay “toda una campaña de seguridad” que se está haciendo, pero, por el otro lado deja impune las economías delictivas más complejas” y agrega que tener a toda la policía más gendarmería reprimiendo el pequeño delito “que no es el principal problema”, deja de lado una política hacia el problema real, “que son las economías delictivas complejas -narcotráfico en serie, trata de personas, la venta de autopartes-”.

En relación a los delitos complejos remarcó que se complica aún más, “cuando se empieza a investigar un poco, y hay algún Fiscal que quiere rascar un poquito este tipo de delitos complejos, aparece automáticamente la complicidad de las fuerzas de seguridad represivas, caso de narcoescándalo, de los desarmaderos de autos en Córdoba con la complicidad del departamento de incautación de automotores, es decir, las policías (en el sentido general de hablar de policialización de los territorios), lejos de combatir el delito, lo terminan administrando, -y esto no es un problema de la policía de Córdoba, es un problema endémico que tienen todas las policías provinciales y gran parte de las policías en América Latina-”.

Así queda claro la connivencia no solo de las policías, sino de las políticas estatales que al apuntar siempre al pequeño delito dan marcos de impunidad a los delitos complejos. “El principal problema no es el narcomenudeo, es cómo ingresan a la provincia de Córdoba los grandes cargamentos de droga y en los casos en que se descubre un gran cargamento de droga el único detenido suele ser el camionero que la trae. Obviamente si yo no combato el narcotráfico voy a seguir teniendo los pequeños kioscos. Y con gendarmería va a pasar exactamente lo mismo, tenemos una fuerza nacional especializada en custodiar las fronteras, para que venga a Córdoba para cuidarnos por el tema de un robo callejero, entonces me pregunto, quien está custodiando las fronteras para que no ingresen los cargamentos?”, y con esta pregunta de final aún peligrosamente desconocido concluye Lucas.

Es importante destacar algunos aspectos preocupantes en el escenario que se plantea frente al desembarco de gendarmería en la provincia de Córdoba, en principio que los procedimientos usados de amiguismos y reproches entre intendentes y el gobernador Schiaretti, no son los mecanismos para llevar adelante el proceso de desembarco de una fuerza nacional militarizada en un territorio. En segundo lugar, es el grado de irresponsabilidad de todos los intendentes que han solicitado la intervención, no hay estadísticas delictivas, solo una sensación del aumento de delitos menores, ninguno sabe ciertamente ni para qué viene gendarmería, ni cuál es su función y jurisdicción de acción, tampoco saben cual es la real función de esta fuerza, no esta claro el costo que tendrá para los municipios (cuando en por ejemplo la localidad de Unquillo no tienen dinero para pagar los salarios de los empleados municipales del mes de junio).

En distintas entrevistas realizadas a intendentes sobre este tema las respuestas de los mismos han variado entre no sabemos, no hay datos, no nos dijeron, pero todos coinciden en la felicidad que les produce ver a estos uniformados de verde patrullando las calles, y los mencionan casi mesianicamente como la salvación a todos los males, cuando la estructural violencia existente seguramente tiene mayor relación con los ajustes, el desempleo y las consecuencias de un sistema que se sirve y se despoja de un sector social a su gusto, y lo usa para sacar cuantiosas ganancias como administrador y contralor de gran parte de la delincuencia organizada.

No saben bien cual es el mal del que hablan, ni las consecuencias de combatirlo -según su percepción desinformada- con gendarmería. Lo cierto es que la policialización de los territorios avanza entre el desconocimiento, la ignorancia y el slogan de turno, que aunque hasta el cansancio se pueda demostrar que más fuerzas represivas en las calles no implica más seguridad.