Por: MNP / En  la ciudad de Río Cuarto,  activistas de  Derechos Humanos denuncian persecución, amenazas y  amedrentamiento por parte de efectivos policiales hacia la militante social Jorgelina Cocco  y su familia.  El  hostigamiento policial  se ha  intensificado  a partir del fallo del  Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba sobre la impugnación  del procedimiento de detención  sistemática, ilegal y reiterada al joven Valdemar Puebla Cocco.

El joven sufrió  23 detenciones arbitrarias  y es considerado un caso testigo de la criminalización y persecución de la juventud en su ciudad “en el 2011, cuando mi hijo tenía 19 años  comenzó la historia con el maldito código de faltas. La primera vez buscamos por todos lados, nadie sabía de él.  Al día siguiente nos enteramos que estuvo detenido. La tercera vez que lo detuvieron  perdió su trabajo y su vida se fue al diablo”, así relata su madre, Jorgelina Cocco, los inicios de su lucha contra el maltrato policial y por la derogación del código de faltas en nuestra provincia.

Mientras que el  reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia  marca un precedente,  dejando asentada la obligatoriedad que los jueces  llamen a declarar a lxs detenidxs acompañados por sus abogados, lo que puede entenderse como un paso firme de las organizaciones de derechos humanos, al unísono las amenazas y persecuciones hacia la familia de Jorgelina se intensificaron. Su hijo  de 16 años fue detenido y esposado, mientras que  el mayor es víctima de  persecuciones en la vía pública , en las que recibió  mensajes mafiosos destinados a la referente social.

Ante esta situación el  pasado 14 de abril, diversas organizaciones sociales  mantuvieron una reunión con el Comisario Mayor Oscar juan Pedro Zunin , en la que además de dejar sentado el hostigamiento del que son víctimas lxs militantes, se hizo foco en las demandas que se vienen sosteniendo desde las organizaciones, como lo son  la publicación  de los  datos sobre detenciones en comisarías y el monitoreo del estado de lxs detenidos en las mismas. En esta dirección se realizó un acuerdo no formal, en el que el Fiscal se comprometió a entregar la información sobre la cantidad de detenciones, como así también se avanzó sobre el ingreso a las celdas de detención. Sin embargo, no existe un compromiso formal por parte del estado, que garantice la concreción de estos avances.