Comunicado del Encuentro de Organizaciones (EO)
Vecinos de Cuesta Blanca denunciaron este fin de semana el intento de desalojo de tres familias que ejercen su condición de posesión de unos lotes ubicados en la Cuesta del Siriri.
Las familias que actualmente viven en los terrenos ubicados en barrio Los Comechingones se encuentran ejerciendo de hecho su situación de poseedores, pero están en conflicto con personas con intereses desarrollistas que también afirman ser poseedores de dichas tierras en disputa.
Desde el Encuentro de Organizaciones, denunciamos que el juez de Control de Villa Carlos Paz, Daniel Strasorier, está incumpliendo con los tiempos legales y pretende ejecutar el desalojo en Cuesta Blanca a pesar que los abogados de las familias presentaron a tiempo las apelaciones correspondientes.
En este punto, criticamos que el juez haya librado una orden de desalojo el viernes pasado pese a que los tiempos para la apelación perduraban hasta este lunes, plazo que fue utilizado por los letrados para presentar el recurso correspondiente en la Cámara de Acusación.
¡BASTA DE DESALOJOS! ¡OCUPAR NO ES USURPAR! ¡TIERRA PARA LA VIDA DIGNA!
El día domingo se había denunciado por las redes sociales que: «La policía de la provincia interrumpió la construcción de la Biblioteca Popular y Comunitaria en B° Comechingones de Cuesta Blanca.
Los efectivos se hicieron presentes ante el llamado de Luis Ortuzar y Aldo Cucanja, desarrolistas inmobiliarios que pretenden esas tierras, poseídas legítimamente por vecinos de ese barrio hace más de 3 años.»
El hostigamiento a lxs vecinxs comenzó el sàbado, de esta forma lo denunciaban desde el Encuentro de Organizaciones: «Personal de la Policía de Córdoba a cargo del oficial Altamirano se hizo presente este sábado en el barrio Comechingones de la localidad de Cuesta Blanca con la intención de desalojar a los poseedores legales de las tierras y a las personas que participaban de una jornada de trabajo en el lugar.
Pese a que la resolución aún no está firme, la fiscal Cinthia Marina Guardia emitió una orden de desalojo. La acción es ilegal porque el plazo procesal incluía que la defensa tenía tiempo para apelar hasta el lunes 14 de marzo.
Además nunca se hizo presente el supuesto titular de las tierras, Enrique Atilio Gatube, nunca se mostraron los papeles correspondientes, e incluso el oficial se negó a comunicarse con la fiscal a cargo.
Vale aclarar que el terreno tiene posesión con la finalidad de ser utilizado con una huerta. La misma es de relevancia ya que provee de alimentos a toda la comunidad y permite el sustento de los compañeros mediante la venta de frutas y verduras».
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