Por: Mary Ordoñez ////

“Faltan lxs pibxs, sobran policías: relatos sobre desaparecidxs en democracia” fue el nombre que tuvo el espacio que se llevó a cabo el día de ayer en la Escuela de Ciencias de la Información. De esta instancia participaron miembros del Colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos; integrantes de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil; Soledad Cuello, hermana de Yamila Cuello y miembro de la Coordinadora por la Aparición con vida de Yamila Cuello; y Juan Pablo Cuello, miembro de la Red por el Reconocimiento del Trabajo sexual y de la dicha coordinadora.

La cita fue convocada por la organización estudiantil Caleuche, que forma parte del Movimiento Nacional Estudiantil Julio Antonio Mella. Como lo indicaron sus organizadores, este espacio busca ser un aporte para visibilizar la lucha de las organizaciones y familiares víctimas de las políticas represivas.

Durante la jornada los participantes realizaron un retrato de lo que sucede en Córdoba en materia de derechos humanos y represión policial. Los casos de gatillo fácil, las detenciones masivas y arbitrarias; los desaparecidos y desaparecidas; la represión a la protesta social; la criminalización de la pobreza, la juventud y las organizaciones son elementos característicos de la política de seguridad que desde la provincia de Córdoba se lleva adelante.

En este encuentro quedaron expresadas algunas voces de familiares que continúan el camino en búsqueda de justicia. Los padres y madres que estuvieron presentes se encuentran organizados en la coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y dieron testimonio de lo que realizan en su lucha diaria.

Sergio Nadal, padres de Nicolás, asesinado por la policía a los 16 años, hizo referencia a que la coordinadora es un espacio de contención que permite llevar adelante distintas actividades para que los casos no sean archivados y se avance ante el pedido de justicia. En relación a ello, Soledad Cuello, hermana de Yamila, quien se encuentra desaparecida hace 6 años comentó respecto de la situación de la causa: “por el estado de la causa es como si mi hermana hubiera desaparecido ayer. No hay avances”. Lamentablemente, esta es la realidad de la mayoría de las causas de gatillo fácil. Sergio afirmó: “El 14 de diciembre vamos a tener otra concentración antes de que comience la feria. Estamos haciendo esto por amor a nuestros hijos, porque necesitamos hacernos respetar como ciudadanos”.

Por otro lado, Gabriela Sanso, madre de Rodrigo Sanchez comentó lo sucedido con su hijo, quien fue asesinado por un efectivo policial el día 19 de septiembre en la zona de Colón y Sagrada Familia. Rodrigo tenía 17 años al momento de su muerte. Gabriela relata que según testigos del hecho el policía de civil que le disparó realizó cinco disparos a pesar que el joven no tenía ningún arma. En base a ello, considera que se trata de un caso de gatillo fácil donde hubo un abuso de autoridad: “A pesar de que Rodrigo ya había caído y no podía hacer nada le siguió disparando”, agrega la mamá de Rodrigo. Aunque la familia posee pruebas y testigos el policía continúa en libertad. Al finalizar, agregó: “Mi hijo se equivocó, lo que hizo está mal, pero ese policía decidió ser juez y matarlo cuando podría haber hecho mil cosas antes para detenerlo”.

Otro de los invitados fue Juan Pablo Cuello, miembro de la Red por el Reconocimiento del Trabajo sexual y de la coordinadora por la Aparición con vida de Yamila Cuello. Juan Pablo se refirió a las desapariciones en democracia y a los derechos humanos de ayer y de hoy.

En primer lugar afirmó “la desaparición es quizás el crimen más grave que puede cometerse en contra de los Derechos Humanos”. Comentó que el caso de Yamila Cuello es el único que se encuentra caratulado en la provincia como “posible trata de personas”. Pero precisamente, desde la Coordinadora, viene denunciándose que no se realiza una búsqueda real de las personas desaparecidas. No existe, comenta Juan Pablo, un protocolo para la denuncia y búsqueda de desaparecidos, así como tampoco hay registros precisos a nivel nacional. Éstos dependen de las voluntades de cada provincia, por ejemplo, comenta: “La provincia de Buenos Aires tiene un registradas 3200 personas desaparecidas, la Ciudad de Buenos Aires alrededor de 300 y la provincia de Córdoba se negó a dar estos datos. Podemos decir que oficialmente no existen personas desaparecidas en Córdoba”.

Otras de las dificultades es la política en torno a los llamados NN, cuerpos que no han sido identificados. Cuello, sostiene: “Nosotros buscamos con vida a Yamila, pero también sabemos que hay posibilidad que sea una de los cientos NN que hay en el país”. Dos de los casos paradigmáticos que mencionó son el de Luciano Arruga y el de Mayra Castro.

Otro elemento que entorpece, afirma, es la confusión de trata y trabajo sexual: “Los organismo estatales hablan de rescate a víctimas de trata. Sin embargo la procuraduría de trata dice que no se ha encontrado ni a una sola mujer desaparecida en Argentina”, comenta Juan Pablo.

A estas demandas se le suma la necesidad de declarar la imprescriptibilidad de los delitos de éstas características. Cuello sostuvo con firmeza: “Esta demanda que conquistaron las madres y las abuelas, con respecto a la dictadura, es fundamental en relación a los desaparecidos en democracia”.

Para finalizar la jornada, Rodrigo, miembro del Colectivo de Jóvenes por nuestros comentó que este año se realizará la novena Marcha de la Gorra el próximo miércoles 18 a las 17 horas. Ésta marcha que año a año convoca a miles de personas a las calles de la ciudad de Córdoba fue impulsada por este colectivo que se conformó en el año 2007 debido a las detenciones y persecuciones que vivían cotidianamente jóvenes de la provincia. Rodrigo comentó que en el año 2007 fueron 30 mil las detenciones por contravenciones y código de faltas. La marcha de la gorra busca poner en cuestión aquellas políticas represivas que limitan los derechos de los jóvenes a circular libremente, criminaliza la pobreza y fomenta la discriminación hacia los sectores populares.

Es necesario comprender la urgencia de un cambio de las políticas de seguridad en su integridad. El paradigma que hoy predomina es el de una seguridad garantizada para pequeños sectores, que va en detrimento del respeto por los derechos humanos. Esta es una de las deudas más grandes desde la vuelva de la democracia.