Por María Fernanda Espejo (*) / Se presentó un mapa de la violencia institucional en Córdoba creado por el Observatorio de Derechos Humanos de la UNC.

El mapa se trata de un relevamiento de las muertes ocurridas entre 2011 hasta el primer cuatrimestre del año 2015, en las que estuvieron involucradas distintas fuerzas de seguridad provincial. En función de la falta de respuesta a los distintos pedidos formales de información realizados a los ministerios de Justicia y Seguridad de la provincia y al Tribunal de Conducta Policial, la decisión metodológica fue realizar un relevamiento de los casos que trascendieron en los medios de comunicación. De esta manera si bien existe una consciencia de que dicho relevamiento no sea completo, no quita las posibilidades de que la herramienta brinde información para comprender las lógicas sobre el uso letal de la fuerza de las fuerzas de seguridad.

“El mapa es una herramienta que está en proceso (…) la idea es actualizarlo cuatrimestralmente, por eso hemos hecho un corte en el mes de abril” comentó Magdalena Brocca, coordinadora del Programa Universidad, Sociedad y Cárcel de la Secretaría de Extensión Universitaria.

Asimismo Jaschele Burijovich coordinadora del Observatorio de DD. HH. expresó que el objetivo general es visibilizar la violencia Estatal en contextos democráticos y que la decisión del relevamiento comienza desde el año 2011 cuando se nombra un jefe policial como ministro de seguridad, decisión política que refleja, según la coordinadora la mayor autonomización de la política de seguridad.”

Cabe aclarar que de lo que va del año no se encuentran los casos ocurridos en el mes de mayo es decir que no se encuentra el registro de Nicolás Peralta, joven de 16 años que se encontró “suicidado” en el Complejo Esperanza; Sonia Tejada mujer que fue encontrada en su vivienda sin vida con un disparo que habría recibido de su pareja comisario retirado y por último Brian Waima, de 16 años que falleció tras ser baleado por un supuesto vecino, policía retirado en barrio Observatorio.

Las distintas formas en que el Estado mata

El mapa distingue distintas categorías por un lado las “Ejecuciones Extrajudiciales” entendiendo a éstas como a la privación arbitraria de la vida cometidas por agentes pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado, estando o no en ejercicio de su cargo y que finalmente ocasionen la muerte de la persona en cuestión. Estos casos son los conocidos como “gatillo fácil” que son los más numerosos.

Por otro lado están las muertes en situación de encierro que son las muertes que se producen tanto en el Complejo Esperanza como en las cárceles pero también en las comisarias de la provincia de Córdoba. “Muerte por Negligencia Funcional” que hace referencia a la falta de cuidado por parte del funcionario de seguridad por ello la persona muere no por un exceso de fuerza sino por el abandono de la misma.

El “Uso de la fuerza en situaciones interpersonales” comprende a aquellas situaciones en las que un agente de las fuerzas de seguridad provoca la muerte de otra persona en marco de situaciones particulares que no guardan relación alguna con la función. En estos casos se han encontrado algunos casos de feminicidio.

 “Muertes en situación de encierro”: aquí se encuentran las muertes de personas detenidas en comisarías y en contextos carcelarios para jóvenes y adultos.

Por último la Desaparición: que son los casos en los cuales una persona ha sido reportada como tal y existen sospechas de la participación de agentes del Estado en el hecho. Si bien el tratamiento judicial de estos casos no suele ser caratulado de esta manera, se ha optado por esta clasificación hasta existan comprobaciones fehacientes de lo sucedido en el hecho. De esta manera las fuerzas de seguridad estarían implicadas por acción u omisión en la desaparición física de una persona.

Teniendo en cuenta estas categorías se deprenden, que entre el 2011 y el 2014 en total hubo 59 casos de las cuales 35 personas murieron por ejecuciones extrajudiciales, 9 en situación de encierro, 11 por el uso de la fuerza en situaciones interpersonales, 3 por negligencia funcional y se encuentra 1 persona por desaparición. De las personas que murieron por ejecución extrajudicial, casi un 80% tenía entre 15 y 30 años de edad.

Acompañado a estos datos, una de las lecturas que se desprende del mapa, según Brocca es que: ”estas muertes empiezan a concentrarse en la ciudad de Córdoba y que aumenta significativamente a partir del año 2013, aumentando también la participación del personal de la policía en la producción de estas muertes… y proporcionalmente aumenta la cantidad de ejecuciones extrajudiciales entre estas muertes, es que a partir de los años 2013-2014 pareciera haber una tendencia a utilizar más la fuerza letal por parte de la policía de la provincia de Córdoba en la vía pública (…) estas tienen muchas lecturas posibles (…) una de las lecturas posibles (…) es pensar que tienen que ver con que a partir del 3 y 4 de diciembre del 2013 la fuerza policial salió fortalecida, legitimada después del conflicto del acuartelamiento y fortalecida no solo políticamente sino también socialmente es decir socialmente pareciera que hubiera una habilitación a matar por parte de la policía para la resolución de conflictos vinculados o no a la situaciones delictivas”.

La Coordinadora del programa “Universidad, Sociedad y Cárcel” afirma que “…las mayoría de estas muertes son muertes de jóvenes varones, es decir son objeto del uso letal de la fuerza de Estado, que son los mismos de otros tipos de prácticas estatales, discriminatorias, estigmatizantes y los destinatarios de las políticas de seguridad completamente e incluso estos jóvenes varones que murieron a mano de las fuerzas de seguridad del estado ya sea en cárceles, complejo esperanza o comisarias o en la vía pública eran jóvenes que habían sido objeto de numerosas detenciones previas a través de la aplicación del código de falta o de otros tipos de prácticas estatales estigmatizantes y que terminan con la muerte en algunas de las circunstancias…”

La directora del área de Justicia y Seguridad del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Paula Litvachk destacó la importancia del mapa ya que permite observar que estos casos, que parecen aislados, puestos en conjunto pasan a ser vistos como consecuencias de prácticas extendidas entendiendo el carácter no aleatorio de la violencia policial.

Por último, Paula Litvachk reflexiona sobre la dimensión política institucional de los planteos sobre la violencia institucional con el uso de la fuerza considerando que no puede estar escindida sobre la discusión de los gobiernos de seguridad y de la policía, sosteniendo que es fundamental encuadrarla en un debate más amplio sobre el modo de cómo se está llevando adelante el modo del gobierno de seguridad y de la policía generando preocupaciones con los algunos delineamientos en el discurso que hacen endurecimiento del trabajo policial y en el endurecimiento de la respuesta judicial también, es decir se pone centralidad absoluta en trabajo policial en los territorios y en el encarcelamiento como respuesta a la demanda social de seguridad. Esos lineamientos aparecen también con discursos muy fuertes legitimadores de la violencia policial y justificadores de esa violencia como si fueran la única forma de dar respuestas a la demanda de seguridad ciudadana, de esta manera como consecuencia de estos posicionamientos políticos es la pervivencia de patrones de violación de derechos humanos que tienen que ver con el déficit de las instituciones democráticas que no han logrado desarmar esquemas de funcionamiento muy violento y desigual por parte de las fuerzas de seguridad y de los servicios penitenciarios en general. Este esquema ha traído como consecuencia el aumento de la letalidad, los hostigamientos policiales en las detenciones arbitrarias, que en algunos casos tienen consecuencias muy graves como la desaparición forzada como es el caso de Luciano Arruga en Buenos Aires, y en Córdoba el caso de Facundo Alegre.

Por último Paula Litvachk comenta a Mucho Palo Noticias que “es central la presentación de la herramienta para dar discusiones sobre el funcionamiento de la policía (…) me parece que mostrar esto permite entender la sistematicidad, la extensión, las practicas, los patrones y a partir de eso discutir cómo funciona las instituciones policiales y de seguridad y cómo en todo caso se las puede discutir políticamente, cómo se puede promover o discutir las políticas que generan esas practicas …entonces la herramienta en ese sentido es fundamental para el desarrollo de políticas públicas y para el activismo. El activismo también se nutre de esto para poder mostrar justamente que no son casos aislados.

Asimismo pone en tensión la categoría de violencia institucional a partir de que “se vienen dando discusiones interesantes por parte de los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, organizaciones territoriales de base que viven lo que pasa en los barrios todos los días y por las propias dinámicas de la violencia de lo que ha sido en su momento la respuesta estatal en ese sentido aparece la necesidad de pensar la categoría como es que la violencia institucional se expresa ahora por parte de actores estatales obviamente las policías y los servicios penitenciarios particularmente, pero también ver como eso se interrelaciona con estructuras barriales que generan redes de ilegalidad en donde el Estado está involucrado de alguna manera las policías o que a veces por omisión generan situaciones de violencia y de riesgo para quienes viven en los barrios pero sobre todo para las formas de organizaciones popular, las formas de organización barrial ahí hay una contraposición de algunas dinámicas de violencia en los barrio que tienen que ver muchas veces con la toma de tierras, que tienen que ver con algunas características del armado narcomenudeo, de redes que se insertan en los barrios y generan problemas con organizaciones populares que pretenden tener otro tipo de vinculo y que muchas veces la violencia policial, institucional aparece ahí pero que se tiene que explicar justamente con estos otros actores.”

El mapa se suma como herramienta para poner en debate las políticas represivas de la provincia. La creación del mismo puede representar un compromiso para los movimientos sociales para aportar a la herramienta, superando la mera sistematización de los casos para acompañar con la intervención, la respuesta a las víctimas y el seguimiento de los casos, la producción de información consistente y pública que abone al debate e incida a las políticas públicas; la cual impone una agenda de trabajo y de debate para los gobiernos con una mirada integral sobre la agenda de derechos humanos, atravesando las distintas generaciones de derechos.

Nota: Estuvieron presentes en la presentación, la Coordinadora del Programa Universidad, Sociedad y Cárcel de la Secretaría de Extensión Universitaria, Burijovich coordinadora del Observatorio de DD. HH,  Paula Litvachky (Directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales), integrantes de distintas organizaciones sociales como el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, Viviana Alegre, integrantes de Rimando Entreversos, el Rector de la Universidad, entre otros.

(*) Lic. en Trabajo Social Espejo María Fernanda, con experiencia en territorialidad en contextos de encierro e infancias