A diez años del motín: La herida abierta

Foto: Irma Montiel
Foto: Irina Montiel

Una década después de la revuelta que dejó ocho muertos y graves secuelas, la política penitenciaria de Córdoba sigue echando leña al fuego de la violencia institucional. Mientras tanto, el Gobernador anuncia que convertirá la prisión en un espacio verde y ofrece al país seguridad.

Por Alexis Oliva – Febrero 2015

Salir era todo mi deseo, salir sin matar a nadie ni entregar mi vida, solo salir para ver el sol al día siguiente. Adentro, en la cárcel, el filo de las armas resplandecía en los ojos aterrados, entonces la cárcel era un sitio incierto, una ráfaga caliente, tanto miedo dando vueltas… caos, temor, euforia, delirio… Delirio de libertad. Rogaba que alguien abriese las puertas con la ilusión de escapar.

Benito Riesco (sobreviviente del intento de fuga durante el motín de febrero de 2005) Del otro lado del espejo (en coautoría con Liliana Quinteros Contursi), Narvaja Editor, 2007.

     “La seguridad es la asignatura pendiente en la Argentina que viene. Por eso, para crear un clima de seguridad, ante todo, hay que prevenir”, proclama un cartel de los que publicitan la precandidatura presidencial del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. La campaña coincide con el décimo aniversario de una tragedia causada por la desidia política y la imprevisión institucional: el motín en la cárcel de barrio San Martín, el más cruento de la historia de Córdoba.

Aquel 10 de febrero de 2005, alrededor de las 15 horas y en pleno horario de visita, se desencadenó una gresca entre presos de dos pabellones del segundo centro de la penitenciaría. Un grupo aprovechó la pelea para despojar de sus armas a los guardias y adueñarse de gran parte del penal, habitado por 1.700 personas y custodiado por poco más de cincuenta. Armados con fusiles, ametralladoras y pistolas sacadas de la sala de armas, tomaron veinticinco rehenes (entre ellos, el director y el vice) y ganaron el techo de la cárcel, desde donde amenazaban con arrojar a sus cautivos.

Mientras tanto, cincuenta familiares –la mayoría mujeres y niños- quedaron encerrados en el primer centro, donde permanecieron hasta el desenlace de la revuelta. Los que alcanzaron a salir se quedaron en los alrededores de la cárcel para tratar de evitar que la policía irrumpa en el penal.

Cuando comenzaba a caer la noche y en medio del forcejeo entre familiares y policías, veintinueve presos intentaron fugarse en un camión del Servicio Penitenciario. Embistieron el portón que da a la calle Paso de Uspallata, llevando en la cabina a un oficial penitenciario como escudo humano y con el apoyo de otros amotinados que disparaban desde el techo.

La lluvia de balas con que fueron reprimidos segó la vida del guardia Andrés Abregú y los internos Cristian Alberto Rogido, Víctor Alejandro Bazán, Daniel Roberto Álvarez y Walter Ramón Romero. A la lista de víctimas fatales se sumarían el policía Roberto Cogote, el empleado penitenciario Pablo Ferreira y el preso Juan Gabriel Rivarola, muerto en el techo de la prisión durante un tiroteo nocturno.

A la mañana siguiente, el capellán Hugo Olivo se sumó a la negociación y logró convencer a los amotinados de liberar a los rehenes y entregar la cárcel. 24 horas después de iniciada la revuelta, el saldo era de ocho muertos (dos empleados penitenciarios, un policía y cinco internos), 70 heridos y gran parte de las instalaciones de la prisión destruidas. De los empleados penitenciarios tomados como rehenes, casi ninguno volvió a trabajar y todavía padecen las secuelas psicológicas de aquel trauma.

En una entrevista con Cadena 3, el 12 de febrero de 2005 el gobernador De la Sota dijo que los condenados a cadena perpetua solo podían salir del penal “con los pies para adelante, cuando Dios se los lleve de este mundo”, y por eso ordenó evitar “de cualquier modo” la fuga. Luego afirmó que los derechos humanos eran “sólo para la gente honesta”.

Foto: Irma Montiel
Foto: Irina Montiel

Costo político cero

Para el gobierno provincial, el costo político fue prácticamente nulo. La única obligada a renunciar fue la directora del Servicio Penitenciario, Graciela Lucientes de Funes, paradójicamente la funcionaria que había alertado sobre la peligrosa situación de hacinamiento en las cárceles. El entonces secretario de Seguridad, Carlos Alessandri, estaba de vacaciones en Brasil. No se molestó en interrumpirlas. El exjefe de policía y ministro de Seguridad Alejo Paredes era por esos días jefe del ETER, la fuerza policial de elite que actuó en la represión del motín. Por decreto del Gobernador, en agosto de ese año Paredes fue ascendido de comisario inspector a mayor, junto a otros 36 policías y 35 agentes penitenciarios premiados por su “mérito extraordinario fundado en acto destacado de servicio”.

Los acontecimientos que conformaron la revuelta se juzgaron en tres procesos judiciales que se desarrollaron en la Cámara Séptima del Crimen: en el juicio Motín I el recluso José Eusebio Villarroel fue condenado en noviembre de 2007 a prisión perpetua por el asesinato de Cogote, a quien mató con un disparo de fusil en la cabeza cuando disparaba desde una torreta para cubrir a los que trataban de salir en el camión.

Un mes después, en el Motín II los veintidós reclusos que intentaron evadirse recibieron penas de siete años de prisión, por tentativa de robo calificado y de evasión. A Víctor Javier Luna –único preso sobreviviente de los cinco que iban en la cabina del camión con el rehén Andrés Abregú- se le sumó el cargo de privación ilegítima de la libertad agravada por la muerte de la víctima y fue sentenciado a diecisiete años de prisión.

En febrero de 2008, en el proceso Motín III se juzgó a cincuenta y nueve presos que protagonizaron la rebelión, identificados en grabaciones televisivas y fotos de prensa. Por “privación ilegítima de la libertad calificada y reiterada” y “lesiones graves reiteradas”, seis fueron condenados a penas de 12 a 16 años, otros cuarenta y nueve a 4 años y cuatro resultaron absueltos. Uno de ellos fue Pablo Sebastián Aguirre, a quien defendió Luis Juez. El exintendente reconoció que se hizo justicia, pero planteó que en el banquillo de los acusados debería haber estado sentado De la Sota, por su “desidia y negligencia”.

Durante el juicio por el intento de fuga, varios internos atestiguaron el salvaje castigo sufrido luego de que los bajaran del camión y los llevaran en móviles del ETER y el CAP a la excárcel de Encausados (incluso un preso declaró haber sido víctima de violación). Mucho antes, en abril de 2005 -apenas se rompió el aislamiento de los castigados-, el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Miguel Baronetto, había denunciado, basándose en los relatos manuscritos de los presos y sus familiares, las torturas, golpizas y vejámenes a que fueron sometidos los que intentaron evadirse.

Según los testimonios, al llegar a la ex Encausados los hicieron desnudar y tirarse al piso, les arrojaron lavandina, creolina y orín, les rociaron los ojos con aerosol para que no vieran a sus agresores, los golpearon con bastones y les caminaron por encima de sus cuerpos, mientras los obligaban a gritar: “Viva la policía”. En dos relatos figura que un preso fue obligado a punta de pistola a practicarle sexo oral a un policía.

En octubre de 2009, el fiscal Eugenio Pérez Moreno solicitó la elevación a juicio del comisario Fernando Gregorio Gil, el oficial principal Juan Alberto Mamani y la oficial subinspectora Miriam Adriana Guevara, acusados de “severidades agravadas” por lo ocurrido en la ex Encausados. El pedido no prosperó y la causa naufragó en la prescripción.

La penitenciaría de Cruz del Eje fue ideada como cárcel regional, pero tras el motín de 2005 se la convirtió en un penal provincial de máxima seguridad. Foto: Alexis Oliva
La penitenciaría de Cruz del Eje fue ideada como cárcel regional, pero tras el motín de 2005 se la convirtió en un penal provincial de máxima seguridad. Foto: Alexis Oliva

 

En algún lado…

La cárcel de barrio San Martín tiene capacidad para 870 presos y al momento del motín alojaba a casi 1.700. La sobrepoblación penitenciaria en Córdoba era entonces del 56 por ciento, mayor que en la provincia de Buenos Aires, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El resultado institucional más concreto de la tragedia de febrero de 2005 fue apurar la construcción de la cárcel de Cruz del Eje, menos como necesidad del sistema penal que como respuesta al reclamo de los vecinos de barrio San Martín para trasladar la penitenciaría y a la conflictividad social en la llamada Cuenca del Sol.

La idea de construir una prisión en la ciudad del noroeste cordobés había sido anunciada en mayo de 1997 por el entonces gobernador Ramón Bautista Mestre, cuando los cruzdelejeños cortaron la ruta nacional 38 en reclamo de trabajo. Su sucesor comenzó a construirla a mediados del 2000, a pesar de que una masiva asamblea celebrada el 9 de junio, durante la pueblada que repudió la represión policial a los desocupados, se pronunció contra la instalación de la cárcel. A fines de 2001, la crisis socioeconómica obligó a suspender la obra, que se reanudó en el 2003 y se aceleró luego del motín. En septiembre de 2005, el ministro de Obras Públicas Oscar Santarelli, entrevistado por Radio Universidad, prometía: “No habrá más cárceles en la ciudad de Córdoba”. Y sobre la elección de la ciudad de Cruz del Eje, fundamentaba: “En algún lado tienen que estar”.

Mientras tanto, el proyecto original de una cárcel regional mutó a una provincial y de máxima seguridad, inaugurada el 22 de junio de 2006. Actualmente, en el Complejo Carcelario Nº 2 Adjutor Andrés Abregú -aquel rehén muerto en el intento de fuga durante el motín- hay alrededor de 1.200 condenados y procesados y 600 empleados penitenciarios.

Los 145 kilómetros que separan a esta prisión de Córdoba capital, de donde es oriundo el 90 por ciento de sus internos, son un categórico obstáculo para la visita familiar, la principal contención del preso en un sistema que carece de políticas de reinserción social. “Es una cárcel castigo, donde el servicio penitenciario traslada a todos los sancionados, sin importarle en absoluto el desarraigo familiar que provoca, y cómo afecta los derechos y garantías de los privados de la libertad”, denuncia Adriana Revol, periodista de la Red ECO y la Agencia Para la Libertad.

Además, Revol señala que la mayoría de los presos de esa unidad no tienen acceso a estudiar, “porque el servicio penitenciario ve la educación como un premio y no como un derecho. Menos del 30% terminó el secundario, y escasean los talleres extra muros. Pocos son los que se atreven a seguir una carrera universitaria, ya que para eso deben ser trasladados a Córdoba cada vez que tienen una clase o que tienen que rendir, y soportar viajar encadenados en el camión, por tantas horas, es un verdadero sacrificio”.

A esto se suma la escasez de agua para higiene y consumo personal, y los arbitrarios castigos con reclusión en el pabellón de máxima seguridad. Incluso a través de métodos de sujeción prohibidos, como las camas con cadenas, similares a las que en mayo de 2013 encontró durante una inspección a la cárcel de San Martín el fiscal Abel Córdoba, de la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Nación (Procuvin).

Por otra parte, el Juzgado de Ejecución Penal de Cruz del Eje no posee los recursos necesarios para acompañar el proceso carcelario de más de mil internos. Consultado al respecto, Gustavo Echenique, secretario de ese juzgado, manifestó que están “desbordados” y si se concreta el plan de trasladar los presos de San Martín a la cárcel cruzdelejeña la situación se agravará. En ese sentido, el funcionario judicial explicó: “En la cárcel el interno es responsabilidad nuestra. Pero no sabemos qué cosas nos filtran ellos (el Servicio Penitenciario)”.

Desde el comienzo de las obras y hasta mucho tiempo después de su inauguración, la sociedad de Cruz del Eje -excepto aquellos desocupados en lucha y los vecinos del barrio colindante- aceptó la instalación de la cárcel con los argumentos de la creación de puestos de trabajo y el estímulo al comercio y el negocio inmobiliario. Hasta que a principios de 2014 una serie de asaltos violentos atribuidos a familiares y allegados de los presos generó una protesta tardía, traducida en un reclamo por mayor presencia policial en las calles. En ese contexto, el intendente radical Francisco Alberto Esteban declaró al diario La Voz del Interior: “Nunca se tendría que haber levantado la cárcel en ese lugar; el municipio ya había comprado 104 hectáreas para que se construyera en Chuña, lejos del pueblo. No me explico por qué la Provincia hizo esto”. Años atrás, el ministro de Obras Públicas había dado la respuesta.

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