Asociación Pensamiento Penal Córdoba, SEHAS y Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia DENUNCIA AL GOBERNADOR por actos discriminatorios.-

En la Semana del Día de la JUVENTUD, la Asociación Civil Pensamiento Penal (Córdoba) y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia a través de SEHAS (Servicio Habitacional y de Acción Asocial) de Córdoba presentaron el 14 de Agosto una DENUNCIA al gobernador José Manuel De la Sota ante el INADI por los dichos vertidos el pasado 6 de agosto en el marco del 7° Coloquio organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) bajo el lema “Qué sociedad queremos como argentinos”, por considerar que afectan la ley 23.592 contra los actos discriminatorios.

El gobernador expreso en esa oportunidad , dirigiéndose a los industriales cordobeses “tenemos que darnos cuenta que hay una juventud que está en emergencia, …………..al menos nos apoyen por su propia seguridad, para que un chico que les abre la puerta de un taxi cuando sale de un restaurant no le meta una puñalada para sacarle la billetera y comprar paco…”.
Las organizaciones denunciantes solicitan al INADI que determine si existió la comisión de un acto discriminatorio por razones de la edad y condiciones económicas de las personas (art. 1 ley 23.592) por parte del jefe de estado provincial y le exija que rectifique sus dichos.

Estas organizaciones comparten la preocupación que surge del Comunicado de prensa emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación al día de la juventud donde llama a los Estados a implementar políticas de inclusión social para la juventud y sintetiza las recurrentes formas de violación de derechos que sufren hoy los y las jóvenes en la región, en las que surgen con claridad los mecanismos para identificarlos como victimarios y culpar de un contexto de violencia del que en realidad son uno de los colectivos que más la padecen (http://www.plataformasdelsur.org/?p=929) .

Resulta alarmante que el acto discriminador haya sido efectuado por el gobernador en un acto público. Por el cargo y función que reviste debería ser promotor de los derechos humanos, del respeto por la diversidad y la cultura.

Sin embargo podemos advertir que la arbitraria, injustificada e insostenible vinculación que efectúa entre los jóvenes de clases populares que desempeñan trabajos informales y el delito, responde a la justificación de muchas de las políticas públicas vinculadas a la seguridad que en nuestra provincia se alejan enormemente de un estado constitucional y democrático, a través de los operativos policiales, masivas detenciones arbitrarias y gatillo fácil dirigido al mismo sector.-