Suicidados, la perversa solución policial

Foto: Mucho Palo Noticias
Foto: Mucho Palo Noticias

Por Lucrecia Fernández /

El 2013 fue el peor año de asesinatos pasados por suicidios en cárceles, comisarias y en el marco de las investigaciones del narcoescándalo. Un modo de matar que preocupa por la impunidad y la morbosidad que representan. Para Hilda Marchiori “el suicidio es la autodestrucción voluntaria de la propia vida a sabiendas de que habría de producirse este resultado”, sin embargo en Córdoba se repiten los casos donde no hay una decisión de la persona de acabar con su vida, pero en las explicaciones policiales, las investigaciones, e incluso las carátulas y fallos se utiliza esa explicación, aunque las autopsias, las familias y los testigos cuenten lo contrario. La historia se repite casi como calco, en cada caso.

Cristian Guevara tenía 18 años, era de barrio San Roque de la ciudad de Córdoba. Fue detenido el lunes 16 de junio último en horas de la tarde, por el supuesto arrebato de una cartera. Los testigos indicaron que se desmayó luego de golpes propiciados por la Policía, y que lo llevaron a la rastra. Sólo unas horas después en la Comisaria 19 de barrio Los Naranjos, en un recinto pequeño donde había una importante cantidad de efectivos, aparecía suicidado en su celda, con “con el borde de una manta” atada desde uno de los barrotes, según la versión policial.

La familia -en especial su madre, María Rojas – descreen de tal situación, inexplicable en un joven que no presentó en el pasado signos de depresión. La fiscal a cargo de la investigación, Jorgelina Gutiez, ordenó la autopsia, mientras que la mamá y el abogado Esteban Vega pidieron que se profundizara la investigación ya que hubo “ejercicio de la violencia en el momento de la detención”.

Situación similar sucedió en una comisaria de Villa Carlos Paz el pasado 24 de abril, donde un hombre de 35 años, albañil y oriundo de Buenos Aires, era detenido la tarde del día anterior por una contravención menor, luego de pelear con sus compañeros de trabajo. A la mañana siguiente apareció ahorcado en su celda, con el borde de una frazada, colgado de los barrotes. Extraña que una de las denuncias más comunes de las personas detenidas en las comisarias cordobesas sea que “ni una frazada te dan a la noche y te morís de frío”.

2013, el año más alarmante

En el penal de Bowuer se encontraba alojado Roberto Yrustra de 32 años. Él y su familia presentaban denuncias de maltratos y torturas por parte del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) desde hacía tres años y, luego de una denuncia pública del caso a un programa de televisión, el joven fue trasladado -en una decisión judicial inexplicable, ya que él y su familia eran de Córdoba- a una cárcel de Coronda, Santa Fe. Allí apareció “suicidado” en su celda el 7 de febrero de 2013.

Al entregar el cuerpo a su familia, pudieron constatar que presentaba golpes, hematomas, heridas con sangre abiertas, ampollas e innumerables signos de tortura. Durante la semana anterior, se había comunicado diariamente con su familia y los sicólogos de la cárcel de donde había sido trasladado presentaron informes donde negaban alguna intención suicida o conductas depresivas.

El lunes 13 de mayo de 2013, Iván Rivadero, detenido en el penal de San Martín, aparecía “suicidado” en su celda del pabellón 12 con el borde de un buzo. Su familia negó tal situación y en el momento del velorio revisó el cuerpo del joven de 23 años y se encontró con lo peor: golpes, quebraduras y puntazos en el pecho y espalda. “La ropa que le dieron a mi mamá en la morgue judicial tenía sangre en los mismos lugares donde tenía las marcas de puntazos en el cuerpo”, relató Fernanda, hermana de Iván.

A más de un año de su muerte, la investigación sigue detenida, sin acusados, con muchas duda, y el reclamo de su familia. “Iván era muy alegre, le encantaba bailar y participaba del proyecto tumbando rejas, escribía para la revista, estaba cambiando, quería salir y rehacer su vida”. Así lo recuerdan sus familiares y amigos que con campañas en las redes, movilizaciones y escraches al penal no van a dejar nunca de pedir y exigir justicia.

Silvana Vanesa Castaño tenía 29 años, un hijo de 13 años, y le quedaba sólo año y medio para salir en libertad condicional y reencontrarse con su familia. El miércoles 16 de octubre fue hallada muerta en una celda de castigo en el penal de Bouwer de Córdoba. Supuestamente se había suicidado con una remera. Para su familia había sido asesinada, por eso, una vez entregado el cuerpo, Felisa, madre de la joven, decidió ver el cadáver. Verificó que presentaba signos de tortura en todo su cuerpo: le habían arrancado tres uñas de cada mano, tenia hematomas en la cara, en las costillas y el pecho, la mandíbula parecía quebrada, al igual que el tabique, y las marcas en el cuello, las que supuestamente debían ser de la remera con la que la encontraron ahorcada, se asemejaban más a quemaduras con una soga plástica.

Su madre y su hijo nunca se perdieron una visita. “Hablábamos hasta tres veces al día por teléfono”, comentó Felisa. Vanesa estaba detenida hacia dos años por haber matado a su marido, luego de que él le diera una fuerte golpiza, la amenazara de muerte a ella y a su familia y destruyera la casa donde vivían juntos. Aún no hay respuestas concretas desde la Justicia y todo apunta al SPC y una discusión entre la joven y las guardiacárceles, donde ella las amenazo de denunciar como ingresaban droga al pabellón.

Eran las elecciones legislativas de 2013 y el asesinato de Jorge Reyna quedaba solapado en las noticias de las urnas. El adolescente de 17 años era detenido por la Policía de Capilla del Monte y, sin dar aviso a la familia por su situación de menor, era trasladado a la comisaria, la tarde del sábado 26 de octubre alrededor de las 20. Una hora después, su madre era notificada por un vecino que presenció la detención. “Lo primero que dijeron es que había robado un GPS de un auto. Después cambiaron todo el discurso y dijeron que había robado tres casas, un auto, no sabían qué inventar. Saqué fuerzas de no sé de dónde, destapé el cajón y vi a mi hijo. No tiene ninguna marca en su cuello pero tiene todos los moretones de los golpes que le dieron los Policías, denunció Marría Olga, la mamá del adolescente.

“Tengo testigos, otros chicos que estaban presos, que dicen que a mi hijo lo agarraron de los pelos y lo llevaron a las patadas. Mi hijo pedía auxilio y nadie hizo nada mientras ellos me lo mataban. Las enfermeras del hogar de ancianos que está al lado de la comisaría también aseguran haber escuchado los gritos de auxilio”, expuso la mujer, a días del hecho. Según la versión policial, el chico se ahorcó en su celda. La comisaría estaba a cargo del mismo sargento que un año atrás se había encontrado con igual situación en La Falda, con el asesinato, pasado por suicidio, de Brian Palomeque de 17 años. Con él también compartirían la misma fiscal, Hillman.

Al igual que los demás casos, hay dudas, no hay detenidos ni acusados y tanto la Justicia como la Policía niegan los hechos y las pruebas que revelan testigos y el cuerpo del joven, mientras familiares y amigos exigen el esclarecimiento.

Amos de la vida y la muerte

Muchos otros nombres más se suman años antes a la lista en Córdoba. En 2011 se hizo conocer el caso de Juan “Pin” Medina y Maximiliano Acosta de Morteros, jóvenes de 23 y 18 años. La causa de Maximiliano Acosta se cerró y se imputó a dos policías por abandono de persona. Nunca se logró que la causa hablara de asesinato, aun cuando se realizaría un pedido explicito al Observatorio de Derechos Humanos de la Nación para que se hiciera parte en el hecho investigado.

Es incluso ya tan común el recurso de ‘suicidar’, que en el marco del narcoescándalo hay dos denuncias sobre la muerte del oficial Alos y la oficial Roldan que aparecieron suicidados de un disparo en la cabeza, ambos relacionados y testigos en la causa. Sus familiares no descansan en el pedido de justicia y niegan que se hayan matado de forma voluntaria.

Y ese es el foco de la cuestión del ‘suicidado’. Este nuevo término fue utilizado demasiadas veces para explicar asesinatos a manos de las instituciones policiales, donde las frazadas se van a convertir en armas mortales y la Policía es dueña de los destinos de la vida de las personas y las explicaciones que luego familiares y amigos de las víctimas deberán sobrellevar. Para esa fuerza represiva, es un recurso que “cierra”, amparado por la Justicia, investigadores y forenses en muchas ocasiones. Para los familiares, es el comienzo de un calvario.

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