(Por: @muchopalo) / El pasado lunes Viviana Alegre denunciaba que su nuera recibía amenazas por parte de un Sargento primero retirado que vive en el mismo barrio para que se vaya de donde está viviendo, alegando que si no se van del barrio “les va a pasar lo mismo que al rubio del pasaje”.

El 3 de junio se conocía el oficio de nulidad de la elevación a juicio de la causa del rubio del pasaje, por encontrar defectos formales sobre los relatos que deberían dar sustento a las acusaciones que pesan sobre los que la fiscalía considera autores del homicidio del joven. Un juicio que ni siquiera tomaría en este contexto el atenuante de que a Facundo lo desaparecieron.

Con el argumento de que la causa tiene «defectos formales», el juez de control Gustavo Reinaldi, declaró de oficio la nulidad de la elevación a juicio que había dispuesto la Fiscalía de Instrucción del Distrito I, Quinto Turno, sobre Pablo Rearte, como supuesto autor del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y sobre Aldo Monje, acusado de “encubrimiento agravado”. Estos defectos a los que alude el juez de control, según el oficio y declaraciones realizadas a la prensa, en relación al acusado de homicidio, el relato de los hechos «no determina cuál fue el aporte que, en relación a este delito, en convergencia intencional, realizó el acusado”, sin embargo manifiesta que si se lee la causa integralmente, no puede cerrarse definitivamente la causa que pesa sobre Rearte. Por el lado de Aldo Monje, solo se limitó a un cambio en la reclusión preventiva, por considerar que otro tipo de medidas, resultarían igualmente efectivas.

Facundo Rivera Alegre tenía 19 años y una hija de 2 meses la noche que desapareció a la salida de un baile de cuarte el 19 de febrero de 2012, desde esa fecha la familia, referenciada por su mama, Viviana Alegre, ha golpeado puertas y denunciado hasta el cansancio, la desaparición de su hijo, de manera conjunta con organizaciones sociales y organismos de DDHH desde la desaparición del joven, se ha manejado –en función de las investigaciones, testigos y de hechos anteriores a la desaparición- la hipótesis de que Alegre recibió una golpiza por parte de la policía que maneja la custodia de Damián Córdoba, cuartetero y empresario cordobés, quien habría enviado al joven a comprar droga para la banda, ese es el escenario último en el que por relatos de algunos testigos se lo ubica al joven. Y es desde donde se acusa desde la familia, como parte querellante de la causa, y las organizaciones que han acompañado a la familia, a la policía de Córdoba y en ese momento al Jefe de Policía Rafael Sosa –actualmente procesado por la causa del narcoescandalo- de ser partícipes y ejecutores de la desaparición de Rivera.

En ese marco el pasado 30 de octubre, a solo dos días de las elecciones legislativas, el por ese entonces fiscal a cargo de la causa, Alejandro Moyano, daba una conferencia de prensa a los medios locales indicando que había tres acusados por la desaparición del joven. Pese a las denuncias, testigos e investigaciones que figuran en la causa, la fiscalía determino la hipótesis de que el joven había ido hasta un barrio a comprar droga y en una discusión por un billete falso, otro joven le efectuó un disparo en la cabeza, hiriéndolo de muerte. Este joven de tan solo 17 años, junto a su hermano Pablo Rearte –quien es el otro imputado de homicidio- se habrían encargado de desaparecer el cuerpo y de pagarle una suma de dinero a Aldo Monje-empleado municipal del cementerio San Vicente- para que cremara los restos del joven Alegre. Contra las reiteradas denuncias de la familia el fiscal declaraba “cualquier tipo de vinculación policial en el caso” y resaltaba la participación ejemplar de la policía en la investigación, acusando exclusivamente a los dos jóvenes que son hijos de “La Colela”, quien tenía un kiosco de distribución pequeño en barrio Maldonado de la ciudad de Córdoba. Estas declaraciones se efectuaron cuando aún estaba en auge el escandalo hacia toda la cúpula policial cordobesa y las implicancias concretas de llevar adelante el negocio del narcotráfico en los barrios de la ciudad.

Frente a las declaraciones del fiscal Moyano en aquel entonces, Viviana, madre del joven Alegre declaraba en los medios que “No hay ningún policía imputado. Ni la custodia policial de la banda, ni un comisario que todos sabemos que controla esa zona, ni los policías involucrados en el negocio (…) Detienen a tres civiles, limpian la imagen de la Policía, limpian la imagen de la banda que toca en los actos oficiales de De la Sota, y ya está», tal y como también lo denunciaron organismos de DDHH. El Dr. Alejandro Moyano, demoró cada etapa del proceso judicial, pero retiró su premio por la solución espontanea del caso, de manos del ejecutivo provincial, y ahora cumple la función de Fiscal General de la Provincia.

La escaza credibilidad que se viene denunciando, de cómo está siendo llevada la causa y la elevación a juicio, es lo que hoy la misma justicia manifiesta como dudoso sobre ciertas cuestiones de forma sobre ciertas explicaciones, que deberían sustentar las acusaciones y no están quedando en claro, incluso manifestando que tales defectos «afecta de manera genérica el ejercicio del derecho de defensa» del imputado. “A pesar de que el juicio es insuficiente e intenta encubrir responsabilidades más complejas, el aparato judicial sigue embarrando la cancha y postergando el proceso, demostrando con sus actos que no hay profundidad en la investigación, ni correlato con lo verdaderamente ocurrido” denuncia Mariana Carmona vocera de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, organismo de DDHH que ha acompañado desde el principio el reclamo de la familia.