El lunes 26 de mayo vecinos y vecinas del Valle de Punilla se reunieron en la Plaza San Martín de Cosquin a siete meses del asesinato de Jorge Reyna en la comisaría de Capilla del Monte, Córdoba.

La convocatoria fue realizada por la Asamblea contra la Violencia Institucional de Capilla del Monte y acompañada por otras organizaciones que se acercaron para exigir justicia por Jorge Reyna, Brian Palomeque y por todos los jóvenes víctimas de la violencia policial.

Algunas de las Organizaciones sociales y políticas que se hicieron presente fueron: El Centro de Protección Familiar (APROFA), docentes agrupados en Docentes en Marcha, estudiantes agrupados en Papel Secundario, Izquierda Socialista, Partido Obrero y la legisladora por el FIT, Cintia Frencia y la exlegisladora por la misma fuerza, Liliana Olivero. Asimismo asistieron mamas de jóvenes detenidos injustamente en la Cárcel de Cruz del Eje, por delitos que no han cometido.

El hecho de realizar la concentración en Cosquin se debió a la necesidad de realizar estas denuncias en el centro político del Valle de Punilla, entendiendo que solo es posible el desarrollo impune del aparato policial, con la complicidad de políticos y jueces que permitan que esto suceda.

Una red que garantiza la impunidad

La fiscal Alejandra Hillman garantizó la impunidad del crimen de Jorgito: según ella, todas las marcas de golpes de borcego de su cuerpo fueron producto del traslado para la autopsia y la policía se habría ocupado de Jorgito ya que enseguida llamo al servicio de emergencia. Hillman era también fiscal cuando Brian se “suicidó” con las manos atadas de un árbol y apareció de rodillas en el piso ya que la rama de la que estaba atado se quebró.
Lo increíble es hay tres jóvenes “suicidados” en el mismo árbol y esta causa esa cajoneada. Por su buen trabajo De la Sota la premió como fiscal adjunta de la Fiscalía General de la Provincia. Por su parte Carlos Caserio, mano derecha en el Valle del gobernador, se encarga del buen funcionamiento de las cosas: el narcotráfico, la trata y las detenciones de menores por robos organizados por la misma policía.

Mano de obra

Por todos los medios y luego del escándalo de la narco policía deben justificar su trabajo: Los comisarios deben mantener las estadísticas de detenciones y Carlos Caserio es el encargado de manejar esta situación y llevar control de todos estos negociados.
Por lo tanto, para los presentes, el asesinato de Jorge y Brian no son hechos aislados, por el contrario, son producto de un sistema perverso que utiliza a los jóvenes como mano de obra para actividades delictivas. La ruta 38, que atraviesa todo el Valle, está liberada para el narcotráfico y la trata, cuyo buen funcionamiento lo garantiza la policía de la provincia.

El código de Faltas, con sus ambigüedades se ha transformado en una especie de cheque en blanco otorgado a la policía, permitiéndole actuar de manera arbitraria en cualquier ocasión y sirviendo de herramienta para el buen funcionamiento del narcotráfico y demás actividades delictivas regentadas por la institución policial. “Están reclutando a nuestros jóvenes para robar y vender droga, y cuando quieren salirse, los matan”.

Producto de la necesidad de estar organizados para frenar la persecución que sufren nuestros jóvenes acusados de “merodear” en sus propios pueblos, los vecinos decidieron empezar a construir una coordinadora para luchar contra esta avanzada represiva en todo el Valle de Punilla.

El próximo encuentro se realizará, el 27 de Junio a las 16 hs. en la plaza de Casquín.

Desde la Asamblea de Capilla del Monte, los vecinos y vecinas exigen:

· La derogación de Código de Faltas.

· No a las leyes que repriman las luchas de nuestro pueblo.

· Basta de impunidad a los que matan a nuestros jóvenes.

· Basta de desalojos a los verdaderos dueños de la tierra.