Por Mariana Carmona*

Córdoba es una provincia que estrenó el rótulo de Gobierno del Narco-escándalo cuando hace unos meses se destapó la olla que las distintas organizaciones sociales y políticas venimos denunciando hace años: el Gobierno, sus responsables políticos, la Policía y su cúpula de dirección, están asociados en complicidad para el desarrollo de los negocios de la trata de personas y el narcotráfico en todo el país. Esto no es novedad para muchas de las organizaciones que luchamos contra este estado represor, pero hace unos meses, cuando esta situación pasó a ser escándalo público, se señalaron a los responsables, la cúpula policial fue destituida y hubo policías suicidados.

El Gobernador De la Sota sigue en el mismo lugar y goza de los mismos beneficios que siempre. La impunidad policial se mantiene vigente y esto podemos comprobarlo por la participación de la Policía en los hechos de saqueo en diciembre, y cómo, posteriormente legitimaron su rol de «guardianes del capital de la clase propietaria» junto con el poder político que para eso trabaja desde sus funciones de Gobierno.

En Córdoba una policía asesinó de cuatro balazos por la espalda a Lautaro Torres de 16 años hace diez días acusando al joven de haberle querido sustraer el celular. ¡4 disparos que lo ejecutaron!

Desde las organizaciones que luchamos contra la represión en todo el país y en Córdoba particularmente, pensamos que la salida a esta situación es la organización de las personas; la unidad de los familiares víctimas de la represión; la constante denuncia hacia las herramientas represivas que usa el Estado para perseguirnos y encerrarnos como lo son el Código de Faltas, las leyes de trata y narcotráfico; la visibilidad de las denuncias a nivel nacional e internacional que permitan una unidad de organizaciones y resistencia a la avanzada del aparato represivo.

Los mecanismos legalistas, las herramientas legislativas y judiciales no son válidas en la medida que son cómplices del Estado represor y reproducen los mismos mecanismos de persecución. De la Sota viene planeando hace meses una reforma del Código de Faltas que, con maquillaje de por medio, pretende sea aceptada por el conjunto de la sociedad. Allí estaremos las organizaciones para denunciarlo, resistirlo y frenarlo, como hacemos todos los días con las distintas políticas que se da el Estado Provincial y Nacional para perseguirnos y silenciarnos. Esa es la salida que encontramos las organizaciones que luchamos contra la represión, persecución, encierro y torturas por parte del Estado a la clase trabajadora.

• Mariana Carmona integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los DDHH Córdoba.