Por Matías Calderón * /

Asediado por una escalada de la resistencia social en toda la provincia, el gobernador cordobés, un tipo que accedió al poder mediante la corrupción y la alianza con el sector económico concentrado, que se mantiene hace más de una década sin torcer su estrategia y profundizando el modelo represivo, se vio obligado a copiar la receta de sus oponentes: hacerse el progresista para que nada cambie.

Abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura, año 2014, con un discurso esperanzador, dirigido fundamentalmente al ciudadano que nota las consecuencias del ajuste aplicado a nivel nacional y provincial. Esta vez asumió que su gobierno tiene problemas y que esos problemas se derivan de la misma gestión, no sólo de la situación nacional del país; tal vez porque sus acuerdos estratégicos con el kirchnerismo están cada vez más consolidados, o tal vez porque sus ansias presidenciales le adelantan el panorama. No quiere ser él encargado de resolver la profunda crisis en la que ha sido sumido el país entero, aunque desde ya que quiere ser Presidente. 

El discurso empezó por atender a la fuerza represiva. De La Sota perdió el control de su fuerza policial y busca recuperarlo con sanciones ejemplares. Lo cierto es que los gobiernos no pueden darse el lujo de tener crisis policiales, porque la brecha social es tan grande y es tan acentuada la ruptura de los vínculos humanos, que necesitan un orquestado plan de seguridad para sostener las condiciones sociales. En un escenario de marginalización creciente y de extraordinarios beneficios para los poderosos, cobran importancia las fuerzas que mantienen el orden. La creación de un Consejo de Bienestar Policial le va a permitir al gobernador tener una agencia de espionaje interno que acumulará datos sobre el accionar de los policías, sus aspiraciones y sus niveles de cumplimiento o desacato al orden establecido. Este nuevo apriete es fundamental para lo que viene después.

“La urgencia de vivir seguros.”

El gobernador de la “Tolerancia Cero” se refiere con su frase a ocultar o curar por lo insano, a la pobreza y la resistencia social.

Para él vivir seguros no es sinónimo de mejoras salariales, mayor presupuesto para la salud y la educación, mejoras en las Leyes anti-obreras y antipopulares. Vivir seguros debe significar para el gobernador una sensación psicológica de que uno no será víctima del delito.

Con delito se refiere a toda aquella conducta que no se enmarque en el acotado límite social que busca imponer Unión Por Córdoba en la provincia, y los distintos gobiernos en todo el país. Con esto vale decir que hay un consenso generalizado que se expresa en la existencia de la Ley Antiterrorista, el Código Penal (y su indiscriminada aplicación que no afecta a los grandes funcionarios o administradores del delito, sino a los robadores de gallina), el Proyecto X, los superpoderes de las policías (Federal, provinciales y ahora también municipales), las condenas a los luchadores sociales (los presos políticos de Las Heras, o los de Corral de Bustos, o los del boleto en Mar del Plata). La receta es la represión: así se sostiene la sociedad para estos políticos y con dádivas insignificantes que acentúan la dependencia social, la estigmatización y la crisis productiva.

En ese esquema caracterizado por la insustancialidad de las soluciones, De La Sota quiere convencernos de ser verdugos de los pobres. Ahora además de cruzarnos de vereda cuando viene alguien con su gorra puesta, también vamos a poder avisar a la policía que nos sentimos temerosos por lo que pueda ocurrir.

El gobernador sabe que el Código de Faltas tiene que ser derogado, porque es lo que exigen distintos sectores políticos que luchan contra la represión. Las cifras de las actuaciones policiales son abrumadoras: a finales del año pasado tres pibes aparecieron muertos en distintas comisarías en menos de tres semanas. Miles de personas terminan detenidas por día, en las peores condiciones de castigo, hacinadas en la UCA o en una comisaría cualquiera.

Desoyendo completamente lo que ya es algo instalado en el escenario político, pretende lavarle la cara al Código de Faltas e introducir para ello una nueva disposición: la policía solo podrá actuar si media una denuncia telefónica de cualquier vecino. Ojo que esto solo se aplica en ciertas circunstancias y seguramente quedará librado al criterio de los fiscales, que empezarán a tener más participación en el acto represivo, o de la mismísima policía. Porque lo cierto es que, en primer lugar, una denuncia o una acusación no implica la existencia de una “falta” o un delito. En segundo lugar, nadie se cree que cuando los vecinos llamen a la comisaría para denunciar las faltas de un gobernador corrupto, la policía asistirá a su oficina a arrestarlo. No, eso no va a ocurrir.

Lo que sí va a pasar es que se acentuará, en caso de que la medida pueda ser aplicada, la lucha entre los pobres y se afianzará la libertad de la policía. Un policía va a poder decir que actuó mediante una denuncia, que después habrá que comprobar y demostrar, librándose de esta manera de culpas. Algunos casos de gatillo fácil en la provincia se iniciaron con supuestas denuncias de vecinos enojados por el ruido de la pelota en las rejas de la cochera.

Hay que enfatizar que la medida convierte a la suposición de la falta en una razón suficiente, y legitimada, por ejemplo, entre los vecinos de un barrio, para perseguir, asediar y detener a cuanta persona sea. Siempre exceptuando a los verdaderos delincuentes que están apoyados por los jueces, los gobiernos y las cúpulas policiales. Para ejemplo sobra el procesamiento de altos funcionarios policiales por su vinculación con el narcotráfico, de lo cual el gobernador no quiso ni hablar.

Lo que sí hizo fue anunciar otro proyecto de Ley para la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Con el escándalo del 2013, quedó expuesto el vínculo que existe entre los altos mandos de la policía y el delito organizado, que varios sectores vienen denunciando. Lo único que va a lograr el gobierno con la creación de una fuerza especial antinarcóticos va a ser incrementar la represión en los barrios populares, espacio donde se dirime la lucha por el control de este gran negociado.

Volviendo al tema del Código de Faltas, el gobierno quiere incorporar a los Fiscales y a los Jueces de Paz en la aplicación de las penas, lo cual hará todo más engorroso y, a la larga, no garantizará la libertar irrestricta de la que debería gozar toda persona. La existencia de la arbitrariedad no reside en quién aplica la pena, como deslizó el gobernador en su discurso, sino en quiénes y por qué las reciben. En este caso, sigue tratándose de la necesidad de un gobierno, que trabaja para los ricos, por controlar, perseguir y castigar a los estratos más postergados cuando estos se manifiestan de cualquier modo. Tal es el cinismo de estos gobernantes que vienen instalando la moda de canjear penas por trabajo comunitario, para que parezca todo más prolijo, asignándole a este tipo de labor el valor de castigo y no de lo que realmente es: una necesaria actividad para cambiar la sociedad para pocos.

Así queda iniciado el programa político de los gobiernos del hambre, de la represión y del ajuste que no pueden hacerle frente a la movilización social creciente y necesitan acudir a recetas viejas y poco saludables para justificar la represión y el régimen de explotación, saqueo y pobreza que afecta a diario a toda la población. De La Sota tiene miedo, porque como él mismo dijo en su discurso, “(…) nada es más poderoso que un pueblo cuando decide unirse para resolver los problemas que tiene pendiente resolver.”

* Integrante de la Coordinadora Antirepresiva en el ENA y de la Biblioteca Popular de Bella Vista