En esta última semana el Complejo Esperanza, donde se encuentran privados de su libertad jóvenes menores de edad en «conflicto con la ley penal» de la provincia de Córdoba, fue tomado por los guardias o “maestros” como medida de fuerza en el marco de las protestas salariales que atravesaron distintos espacios e instituciones públicas.

 Los trabajadores del Complejo Esperanza reclamaban por un aumento salarial y para pasar a formar parte del Ministerio de Justicia, entre otras exigencias de mejoras en las condiciones laborales. En principio la toma del Complejo como forma de reclamo parecía también apuntar a  la visibilización de las pésimas condiciones de la vida de los jóvenes allí detenidos, el deterioro de edificios, la falta de medicamentos, colchones, alimentos sanos, sillas, agua, entre otras carencias. Una vez más, junto a otros reclamos específicos de estos trabajadores se convirtieron en noticia las condiciones de vida de los jóvenes detenidos y el abandono estatal.

 Sin embargo, este conflicto fue parcialmente tomado por los medios de comunicación masiva y por el gobierno de la provincia de Córdoba, y una vez resueltas las demandas laborales dejarán de ser relevante en las agendas mediáticas y estatales las condiciones de vida de los jóvenes. Hasta que no vuelva a traspasar los muros algo que nos haga «temblar», el Complejo Esperanza quedará invisibilizado nuevamente.

 Con esta reciente toma nos invade el horror porque los jóvenes no tienen colchones donde dormir, ni agua, ni medicamentos y lo dicen los propios «maestros» (quienes cumplen la función de guardia) pero esta gravísima violación de derechos humanos se resolvería con un acuerdo salarial  y de esta manera quedarían naturalizadas las condiciones de vida en el encierro añadiéndole también un manto de silencio a todas las otras prácticas que quedan encerradas en este pedazo de tierra alejada de la urbe.

 A nuestro entender, la toma del Complejo Esperanza incide y agudiza las nefastas condiciones de  vida  de los jóvenes encerrados allí quienes quedan librados al devenir y decisiones de los empleados siendo incomunicados de sus familias, sin acceso de las visitas ni un mínimo resguardo, a merced de que se intensifique el malestar interno y se incremente la indefensión de los jóvenes y la situación de vulnerabilidad en este conflicto donde son tratados verdaderamente como rehenes.

 El estado provincial se desentiende como garante de la vida y de los derechos humanos de los jóvenes encarcelados desligándose de los tratos crueles, inhumanos y degradantes así como de las torturas a los que son sometidos a diario, de la falta de una alimentación saludable, la restricción al acceso a la educación y la recreación, el maltrato a sus familiares y las visitas, así como del uso de esposas en los traslados.  La promoción y garantías de derechos quedan en el plano discursivo y también las supuestas herramientas socio-educativas que hacen que esta cárcel para jóvenes se maquille y adecué a las legislaciones vigentes presentándose como «centro socio-educativo».

 Creemos que en este conflicto no puede sostenerse la puesta en escena de lo socio-educativo, donde los jóvenes fueron usados como método de extorsión para mejoras salariales y laborales, y en el que emergieron con claridad la superposición de discursos y las prácticas antagónicas. Podemos retomar el reclamo de los trabajadores del Complejo para ingresar al Ministerio de Justicia en el que se argumentó atinadamente que ellos cumplen tareas «penitenciarias» quedando en evidencia esta vez a manos de quienes las ejecutan, que en el Complejo Esperanza las prácticas cotidianas son las de una cárcel y no la de un centro socio-educativo.

 En el marco de este conflicto lo que imperó y se intensifico fue la visión y el trato cosificante que día a día recae sobre los jóvenes. Así se dejó entrever en una entrevista radial realizada a quienes estaban tomando las instalaciones donde uno de los guardias expresó: «Si nos reprimen, liberamos a los 400 chicos que están encerrados en el Complejo». Los jóvenes fueron posicionados como objetos negociables cual botín de guerra, reproduciendo la mirada que  los ubica como una amenaza social y cosas manipulables. De esta forma la política estatal está muy lejos del reconocimiento y la protección integral de derechos, y de la promoción y acompañamiento de los mismos que reviste a estos centros de reclusión para hacerlos legalmente correctos…

 ¿Podemos reconocer que se violan los derechos de las niñas, niños y jóvenes y que se administran las violencias y el castigo en estas nuevas configuraciones institucionales? En este sentido,  ¿podemos reconocer que tenemos cárceles para niñas, niños y jóvenes creadas y administradas por un estado que no garantiza sus derechos? Y ante esto, ¿la ciudadanía qué herramientas construye o acciona para exigir el reconocimiento y la garantía de derechos de las niñas, niños y jóvenes encarcelados?

EDUCANDO EN LIBERTADES

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