“Un juicio que llega tarde y mal” por Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional)

5241e4b232b18_510x339 por Correpi  (Coordinadora contra la Represiòn Policial e Institucional)

El juicio que empezó hoy (por el 24-9-2013), a 22 años de lo sucedido, es por la privación “ilegal” de Walter Bulacio aquel 19 de abril de 1991. Es decir, a Espósito no lo están juzgando por la tortura seguida de muerte de Walter, sino por un hecho menor, que además estaba avalado en las normas de la policía federal con el nombre de Memo 40, procedimiento que le permitía a la policía detener a menores de edad sin dar aviso al juez de menores ni a la familia. Hoy ese mismo procedimiento sigue existiendo en los papeles con el nombre de “Procedimiento de detención de menores” y en la realidad, todos los días en todo el país. 
Si hacemos una breve reseña del caso de Walter tenemos que contar que, a él lo detienen junto con otras cientos de personas el 19 de abril de 1991 en las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias. El operativo policial estaba ordenado con anterioridad y tuvo apoyo tanto del gobierno nacional como del provincial, además de contar con herramientas brindadas por empresas, por ejemplo, los colectivos de la linea MOTSA que sirvieron para detener y trasladar a tantas personas detenidas. 
El operativo policial constaba de camiones hidrantes, miles de efectivos uniformados y de civil, brigadas antimotines, la división de canes, infanteria y los colectivos antes mencionados. El estado había puesto a sus fuerzas de seguridad al servicio del control del recital, el operativo fue “semi privatizado”, contratado por la organización de Los Redondos. 
Los cientos detenidos fueron a parar a la comisaria 35°, a cargo de Miguel Ángel Espósito. Sólo fueron blanqueados en el libro 73 de ellos. Muchos de los detenidos ni siquiera llegaron a estar en la comisaria, sino que fueron paseados durante horas en patrulleros y colectivos. 
Muchísimos de aquellos detenidos fueron torturados por la policía, uno de ellos fue Walter, quien muere el 23 de abril en el Hospital Pirovano a causa de un aneurisma. Los padres de Walter se enteraron de que su hijo estaba internado gracias a un amigo de Walter que estuvo detenido con él y fue liberado a la mañana siguiente, quien se encargó de ir hasta Aldo Bonzi para dar la noticia.
 
Se inicia la causa:
Después de idas y vueltas entre distintos juzgados, finalmente el 24 de mayo de 1991 la causa queda, de manera unificada (ya que habían intentado dividirla entre la muerte de Walter y la razzia), en el Juzgado de Menores n°9, donde Espósito es procesado por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El 23 de marzo de 1992 el juez Pettigiani dicta la prisión preventiva para Espósito y lo excarcela dos horas más tarde, este es el único momento en que Espósito estuvo detenido en todo el proceso judicial.
El 13 de noviembre de 1992 la Sala de la Cámara de Apelaciones sobreseyó definitivamente a Espósito, nosotros interpusimos un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que revoca el sobreseimiento en abril del 94.
El 30 de septiembre de 1994 la jueza María Cecilia Maiza volvió a procesar al comisario por el delito de privación ilegitima de la libertad calificada reiterada en 73 personas y lo sobreseyó por el de tortura ya asesinato. La causa es elevada al juzgado de sentencias.
En el 96 la fiscalía pidió 15 años de prisión y 30 de inhabilitación absoluta, la querella pidió el máximo posible por el delito juzgado (la privación ilegal de la libertad), 6 años de prisión.
En el 97, con la causa paralizada, desde CORREPI y junto con otras organizaciones, denunciamos al Estado argentino por el delito de violación de los derechos de la vida, a la integridad física y a la libertad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el 2001 la Cámara declaró prescripta la acción por las demás 72 detenciones ilegales y siguió sólo la de Walter. 
En el 2003 la CIDH condena al Estado argentino y ordena: 1. Declarar que la causa en imprescriptible por tratarse de un crimen de estado con iguales caracteres que un crimen de lesa humanidad. 2. Que la sentencia llegue en un lapso razonable, sancionando a los responsables por la detención ilegal y asesinato de Walter. 3. Investigar la conducta de todos los jueces responsables de “la gravísima situación de impunidad” y 4. Reponer a la querella en todas sus facultades (ya que habíamos sido apartados en el 2002), además de ordenar al estado derogar todas las facultades policiales para detener personas arbitrariamente.
Como la CIDH declaró imprescriptible el caso, hoy se inició el juicio por la detención ilegal de Walter. 
Organización: 
El caso de Walter, junto otros casos de la época como la masacre de Budge, es lo que nos dio pie para formarnos como organización antirrepresiva hace dos décadas.
Para militar el castigo y visibilizar el tema, desde CORREPI organizamos reuniones de coordinación convocando a todas las organizaciones políticas compañeras para iniciar una militancia conjunta al rededor del tema. Para la campaña acordamos que los ejes políticos son remarcar que en la actualidad las razzias, las detenciones arbitrarias y las torturas en comisarías siguen siendo una práctica vigente utilizada por el estado en todo nuestro territorio, con el objetivo de segur visibilizando la represión, construyendo conciencia y contrarrestar el discurso de aquellos que enmarcan estas políticas represivas sólo en la década de los 90, para luego decir “Ahora estamos mejor”, denunciando a la par que este juicio llega tarde, después de 22 años cuando la condena del geronte de Espósito no implica un costo político significativo para nadie y llega mal, ya que sólo se lo juzga por la detención y no por la tortura seguida de muerte, además de que sólo está imputado Espósito y no todos los responsables.
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